El Tribunal de Ética Médica de Bolívar es un órgano de control disciplinario que se encarga de velar por el ejercicio idóneo, responsable y correcto de la medicina, dentro del marco de las normas éticas y los principios que sustentan la relación entre médicos y pacientes.
Desde hace 39 años ha estado funcionando en la Casa del Tejadillo, en el Centro Histórico, en las instalaciones donde también está ubicada la Academia de Medicina. Desde allí se atienden quejas de Cartagena, los municipios de Bolívar y también de Córdoba, Sucre y San Andrés, donde tienen competencias debido a que estos departamentos no cuentan con sus propios tribunales.
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El Tribunal de Ética Médica funciona con los recursos que aportan estas entidades territoriales, sin embargo, según advierten sus magistrados, estos no están siendo suficientes para garantizar el sostenimiento del organismo.
“A estos departamentos se les envía oportunamente, cada año, un presupuesto que con honrosas excepciones no se cubre en su totalidad, con el resultado de que, sumados todos los aportes, no llegan a un 40% de lo solicitado. Este déficit presupuestal es cubierto, en parte, con los honorarios de los magistrados, que solo reciben algún aporte económico cuando se puede”, explican.
A esta situación agregan que en julio la Gobernación de Bolívar, como propietaria de la Casa del Tejadillo, les notificó que deben dejar el inmueble este mes de agosto, ya que con la Academia de Medicina, la administración departamental acordó su entrega formal.
“No tenemos el presupuesto suficiente para buscar otras oficinas, que tienen un monto aproximado de $5.000.000 a $7.000.000 mensuales. Nosotros tenemos la responsabilidad de guardar la custodia de todos los procesos que llegan a este Tribunal. Para cumplir con la solicitud tendríamos que suspender los términos de los diferentes procesos que manejamos. Los magistrados que actualmente trabajamos en esta institución lo estamos haciendo con respeto, puntualidad, eficiencia y altruismo”, aseguraron.
Desde el Tribunal de Ética Médica de Bolívar afirman que esta situación pone en riesgo su supervivencia, pues la falta de recursos ha vuelto cada vez más difícil la ejecución de su labor. Por esto, insisten en que la Gobernación debe brindarles una alternativa locativa y además, cumplirles con los recursos necesarios para garantizar su sostenimiento, considerando que su función es proteger a las personas de ser víctimas de malas prácticas en la medicina.
“La importancia de este Tribunal es reconocida por las comunidades de la ciudad de Cartagena, el departamento de Bolívar y otros departamentos a quienes le llevamos la competencia de las quejas o querellas que se presentan”, puntualizaron.
Gobernación se pronuncia sobre Casa del Tejadillo y Tribunal de Ética Médica
Desde la Gobernación de Bolívar explicaron que entre la administración departamental y la Academia de Medicina existía un contrato de arriendo sobre la Casa del Tejadillo que tenía el valor de un peso ($1,00) mensual.
En este sentido, en el marco de una estrategia que busca la recuperación de los bienes de la entidad, se concertó la entrega del inmueble, que se hizo efectiva a través de un acto de reintegro el pasado 11 de junio.
“Este proceso de restitución se llevó a cabo de manera amistosa y colaborativa con el apoyo de la Academia de Medicina, con quienes seguimos manteniendo espacios abiertos para el desarrollo de actividades académicas”, señaló la Gobernación.
Sin embargo, indicaron que en medio del proceso, identificaron que el Tribunal de Ética Médica ocupaba espacios del inmueble “de manera irregular y sin autorización por parte de la administración”.
“Aunque la Gobernación reconoce el rol fundamental de esta entidad, el pasado 22 de julio se realizó la reunión para socializar la situación administrativa del bien inmueble y se concilió el plazo inicial y los términos para la restitución de los espacios ocupados. Como hecho notorio, se pudo identificar la intervención de otros espacios con adecuaciones civiles e hidrosanitarias sin ninguna clase de autorización previa por parte de la administración, espacios que según información obtenida en las diferentes reuniones, otrora fueron subarrendados a particulares”, señalaron.
En cuanto a los recursos, indicaron que a través de la Secretaría de Salud Departamental, para este 2025 se destinó una partida presupuestal de $140.606.018, los cuales se han ido desembolsando de forma mensual.
“Este presupuesto debe ser suficiente para que el Tribunal cubra sus propios gastos, como el arriendo y los servicios públicos. Como argumento adicional, mencionamos que no es responsabilidad de la Gobernación proveer un espacio físico gratuito”, dijeron.
Esto lo sustentan en un concepto del Consejo de Estado, que asegura que “los Tribunales de Ética Médica son entidades del orden legal, pero no están incorporadas a la administración pública”.
“Cabe citar que el Tribunal atiende mayormente casos circunscritos por competencia al Distrito de Cartagena, con cerca del 70%, así como en San Andrés, Sucre y Córdoba, quienes a su vez están llamados por la misma ley para asistir los gastos de funcionamiento de dicho Tribunal, presumiendo que los gastos inherentes a representación en otros departamentos deberían ser sufragados por cada ente territorial”, puntualizaron.
En cuanto a la Casa del Tejadillo, manifestaron que ya la Gobernación está asumiendo los gastos de mantenimiento, seguridad, servicios públicos e impuestos. En el sitio se realizarán adecuaciones para su preservación y puesta en servicio para la comunidad.
Sobre el Tribunal de Ética Médica de Bolívar
Los Tribunales de Ética Médica, a nivel nacional, surgen a través de la Ley 23 de 1981, mediante la cual se establecieron sus funciones y alcances. En Bolívar, la instancia fue creada en 1983, mientras que la instalación se dio en 1986.
Está conformado por cinco miembros, los cuales son escogidos de una lista presentada por el Colegio Médico de Bolívar ante el Tribunal Nacional de Ética Médica. Deben ser profesionales de la medicina que hayan ejercido por un tiempo no inferior a 10 años o que hayan desempeñado cátedras universitarias por lo menos 5 años.
Las quejas pueden ser presentadas por cualquier usuario o por intermedio de un abogado. Así mismo, pueden ser recibidas por las secretarías de salud de cada ente territorial, que las remiten al Tribunal conforme a su competencia.
Las más comunes están asociadas a áreas como la gineco-obstetricia, la cirugía, la medicina interna o a casos donde no hay consentimiento informado entre el médico y el paciente.
En caso de determinarse cargos al profesional de la medicina, el Tribunal está facultado para imponer sanciones en primera instancia, que van desde amonestaciones hasta la suspensión del ejercicio profesional por seis meses. La segunda instancia está a cargo del Tribunal Nacional de Ética Médica.
Cabe resaltar que las quejas tienen un tiempo de caducidad de tres años a partir el momento en el que ocurrieron los hechos.