Emmanuel Hernández, ciudadano estadounidense involucrado en un acto de alteración del orden público en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, aún no ha podido abandonar el país. Pese a que su salida ya se había intentado gestionar, varias aerolíneas se han negado a venderle un tiquete debido a su comportamiento, lo que ha impedido su traslado.
Según confirmaron las autoridades locales, el pasado sábado 19 de julio Hernández estuvo a punto de abordar un vuelo hacia Estados Unidos, pero fue devuelto en el último momento. Actualmente, permanece bajo custodia de Migración Colombia, mientras se ultiman los detalles para su salida definitiva del territorio nacional. Lea: Cartagena: estadounidense es expulsado tras incidente violento en aeropuerto
Se ha determinado que será trasladado en las próximas horas hacia la ciudad de Miami, Estados Unidos, acompañado por funcionarios de Migración Colombia. “Este procedimiento se adelanta en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de garantizar el orden y la tranquilidad en el aeropuerto, así como la seguridad del personal y, por supuesto, del ciudadano estadounidense”, informaron fuentes oficiales.
Rompió módulos y lanzó objetos: así fue el ataque en Migración
Los hechos por los que Hernández es custodiado por las autoridades ocurrieron el pasado jueves 17 de julio, cuando, en medio de una aparente crisis, protagonizó una escena de destrucción en la zona de migración del aeropuerto. En videos captados por pasajeros se le ve lanzando objetos y rompiendo varios cubículos, antes de ser reducido por uniformados de la Policía Nacional.
“El hombre fue capturado por el delito de daño en bien ajeno, dañando unos módulos de la oficina de migración del aeropuerto internacional Rafael Núñez”, se lee en información compartida por las autoridades.
Hernández, quien se desempeña como asesor inmobiliario, se disponía a abordar un vuelo internacional cuando ocurrió el incidente. Las autoridades investigan las circunstancias que desencadenaron su reacción y recordaron que este tipo de conductas tienen consecuencias legales, pues representan un riesgo para la infraestructura y el orden público.