Con una tutela ante el Consejo de Estado, el Invías busca reactivar el proceso de cobro de la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar, el cual fue suspendido por orden del Tribunal Administrativo del Atlántico como medida cautelar a una acción popular presentada por el congresista Carlos Meisel.
El Invías ya había presentado un recurso de reposición y en subsidio de apelación contra este auto, sin embargo ahora acudió al Consejo de Estado alegando la existencia de un perjuicio irremediable en caso de mantenerse la medida cautelar. Lea aquí: Suspenden cobro de valorización en Barranquilla-Cartagena por orden de Tribunal
Por esto, pidió al Alto Tribunal levantar la suspensión una vez admitida la tutela, sin embargo, según dio a conocer el congresista Meisel esta solicitud fue negada, por lo que la acción sigue su curso habitual, a la espera del fallo.
“El Invías pretendía tumbar las medidas cautelares solo con la admisión de la tutela. Me notifican que le acaban de negar eso. Pequeña buena noticia. Todas las intenciones y actuaciones del Gobierno en este caso han sido para atropellar, anular e imponer”, indicó el senador. Lea también: Valorización: buscan tumbar la suspensión del cobro en la Vía del Mar
Los argumentos del Invías
En la tutela, el Invías alega una presunta vulneración al debido proceso por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, que suspendió el cobro de valorización en la Vía del Mar tras no evidenciar una socialización robusta de la medida.
De hecho, ante esta situación el Tribunal del Atlántico ordenó a la entidad nacional realizar audiencias públicas con el fin de garantizar la participación de los actores implicados y dar a conocer los criterios y elementos técnicos de la Contribución Nacional de Valorización.
Sin embargo, el Invías defiende que el proceso de socialización se realizó acorde a la normativa vigente. “Se siguieron los lineamientos de la ley y el reglamento aplicable, que, en ningún caso, prevé ni exige el adelantamiento de las audiencias públicas que ahora introduce el Tribunal”, dijo la entidad.
Además, advirtió que para dar cumplimiento a la realización de las audiencias públicas ordenadas se tendrían que disponer recursos técnicos, humanos y financieros que podrían alcanzar hasta los $1.666 millones.
“El Invías debería incurrir en gastos exorbitantes, que no se encuentran presupuestados y van en detrimento de planes de inversión previstos para otros proyectos, lo que sin duda corresponde a un perjuicio irremediable cuya consumación puede evitarse con la intervención oportuna del juez constitucional”, indica el instituto en la tutela.
Valorización en la Vía del Mar podría vencerse
Por otro lado, el Invías pidió tener en cuenta que las resoluciones expedidas para el cobro de valorización en la Vía del Mar tienen vigencia hasta el próximo año, por lo que aseguran que es necesario levantar la suspensión para continuar de manera oportuna con el proceso.
“El acto administrativo de aplicación de la Contribución Nacional de Valorización perdería fuerza ejecutoria el próximo 26 de mayo de 2026, fecha para la cual resulta altamente probable que no se hayan resuelto los recursos interpuestos y para la cual, con seguridad, no se habrá culminado el proceso de liquidación individual por cuenta del trámite de socialización creado por el Tribunal”, afirmaron.
Finalmente, insistieron en que la Contribución Nacional de Valorización es un mecanismo legal para la financiación complementaria de obras públicas de alto impacto. “Su interrupción impide la disponibilidad oportuna de recursos, frena etapas críticas de ejecución contractual y genera incertidumbre financiera en proyectos que comprometen la conectividad, la movilidad y la economía regional e incluso nacional”, puntualizaron.
Sobre la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar
De acuerdo con el Invías, la valorización es una contribución que realizan los propietarios de los predios beneficiados por la ejecución de una obra de infraestructura. Los recursos recaudados son invertidos en otros proyectos viales en la región donde se realiza el cobro.
Entre Bolívar y Atlántico se identificaron 248.656 predios, de los cuales 66.303 están en Cartagena. De estos, tendrían que pagar 46.345, equivalentes al 69,8% de los establecidos inicialmente, pues el resto se encuentran excluidos o exentos.
Entre esos predios que no tienen que pagar están los bienes de uso público, las zonas de cesión obligatoria, las zonas de alto riesgo no mitigable, las áreas de tumbas y bóvedas, las propiedades de legaciones extranjeras, las propiedades de la iglesia católica o de otras religiones, los predios en pobreza extrema o moderada, los que se identifiquen sin capacidad de pago, las unidades agrícolas familiares y los estratos 1, 2 y 3.