La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó reabrir el trámite de medidas cautelares sobre la zona de injerencia del megaproyecto de “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, tras evidenciar incumplimientos en medidas ordenadas en 2022.
La JEP se refirió en especial a la implementación de la Ruta de Memoria, la cual está a cargo las gobernaciones de Bolívar, Atlántico y Sucre en conjunto con las alcaldías de los 19 municipios ubicados en el área de influencia de las obras. Lea aquí: Canal del Dique: la JEP ordenó tomar medidas restaurativas
“Esta ruta debía estar demarcada por placas conmemorativas y narrativas, ubicadas en lugares públicos a lo largo del Canal del Dique”, explicó la entidad.
El plazo inicial para cumplir con esta orden era de seis meses, sin embargo tuvieron que hacerse varias prórrogas debido a los retrasos. Ante esto, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Centro Nacional de Memoria Histórica solicitaron a la JEP reabrir el trámite de medidas cautelares, el cual había sido cerrado en 2024.
“Aunque algunos municipios han iniciado acciones orientadas al cumplimiento de lo ordenado, a la fecha no se cuenta con un solo caso en el que estas iniciativas hayan sido finalizadas de manera satisfactoria y con participación efectiva de las víctimas. La falta de continuidad, seguimiento y coordinación interinstitucional ha limitado el alcance de estas acciones, lo que evidencia un cumplimiento parcial e insuficiente de la orden judicial”, expresó la JEP.
El Alto Tribunal también ordenó a las gobernaciones y municipios entregar información actualizada sobre los avances en la implementación de la Ruta de Memoria con el fin de establecer si hay lugar a la apertura de un incidente de desacato.
“El incumplimiento de lo ordenado perpetúa la vulneración no solo del ecosistema del Canal del Dique, sino también de los derechos de las comunidades que históricamente han habitado y protegido este territorio. Sin medidas de reparación simbólica como la Ruta de Memoria, los actos conmemorativos o los espacios de reconocimiento, se niega a las víctimas el derecho a la verdad, la dignidad y el duelo colectivo”, advirtió la JEP.
La autoridad judicial agregó que estos retrasos también representan una forma de revictimización sobre quienes padecieron el conflicto armado.
“Mientras no se cumplan las acciones ordenadas por la JEP, persiste el riesgo de que nuevas intervenciones sobre el canal se desarrollen al margen de los derechos de las víctimas y del enfoque de justicia restaurativa”, puntualizó la entidad.
Sobre el megaproyecto del Canal del Dique
El megaproyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique contempla una inversión superior a los $3,2 billones y consiste fundamentalmente en la construcción de dos sistemas de esclusas, compuertas y obras de interconexión entre las ciénagas aledañas.
Estos trabajos prometen controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, los sedimentos que ingresan a la Bahía de Cartagena y mejorar la navegabilidad del canal.
Aunque el proyecto fue adjudicado en 2022, actualmente sigue en fase de preconstrucción, pues el Gobierno Nacional exigió al concesionario tramitar una licencia ambiental para ejecutar las obras. Lea: Megaproyecto del Dique: buscan destrabar el trámite de licencia ambiental
Municipios del área de influencia del Canal del Dique
Los 19 municipios ubicados en el área de influencia del megaproyecto y que deberán rendir cuentas ante la JEP son:
Bolívar: Cartagena, Arjona, Arroyohondo, Calamar, Mahates, Marialabaja, San Cristóbal, San Estanislao de Kostka, Soplaviento y Turbana.
Atlántico: Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan.
Sucre: San Onofre.