El pasado mes de marzo, la Alcaldía de Cartagena oficializó la legalización del barrio Arroz Barato, que nació como un asentamiento de origen informal y que este año finalmente fue reconocido como un territorio incorporado al perímetro urbano de la ciudad.
Este hecho marcó un hito para la comunidad, pues gracias a la legalización por fin podrán acceder a beneficios como la titulación de sus predios, subsidios de mejoramiento de vivienda y diferentes inversiones en vías y servicios públicos. Puede leer: Es oficial: tras firma de decreto, legalizan al barrio Arroz Barato
Tras esto, el Distrito pretende continuar con la legalización de más asentamientos. En la lista se encuentran La Sevillana, Puerta de Hierro, Policarpa, Villa Rosa, Bernardo Jaramillo Ossa, Jorge Eliécer Gaitán y varios sectores de Nelson Mandela.
Aún así, los asentamientos informales en la ciudad pueden ser muchos más. Con los años, la población ha ido creciendo y con ella, el desarrollo de viviendas en diferentes puntos de la ciudad, algunas incluso en zonas de alto riesgo. Lea: Asentamientos informales, una bomba de tiempo en Cartagena
Para hacerle frente a esta situación es que desde la Dirección Administrativa de Control Urbano se pretende desarrollar la política pública de legalización urbanística, que será un instrumento a largo plazo que buscará atender este fenómeno.
De acuerdo con Emilio Molina, director de esta entidad, los asentamientos de origen informal son uno de los principales desafíos que presenta la ciudad.
“Son un reto porque están desarticulados del ordenamiento territorial, sobre todo cuando están en zonas de riesgo. La ciudad necesita una organización institucional, financiera y presupuestal que no sea de una sola administración, sino a largo plazo para poder entrar en un proceso de normalización urbanística”, indicó.
De esta manera, la política pública busca trazar un plan de forma articulada y estratégica para que la administración logre legalizar los asentamientos informales y a su vez, crear una cultura de respeto al régimen de licencias urbanísticas y al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Así se hará la política pública de legalización urbanística
Molina explicó que la construcción de la política pública tendrá dos fases: una de diagnóstico y otra de formulación.
“Hoy no conocemos con exactitud cuántos asentamientos irregulares presenta Cartagena, por lo que necesitamos un diagnóstico, el cual se construirá con las mismas comunidades, porque finalmente son ellas las que conocen el territorio”, indicó.
En este punto, también se buscará determinar las causas que han dado origen a este fenómeno. “Los asentamientos irregulares han sido producto de la debilidad institucional que ha tenido la Alcaldía en períodos anteriores para poder abordar el tema; pero desde el punto de vista social hay otras problemáticas asociadas”, aseguró.
Una vez listo el diagnóstico, se procederá a la fase de formulación, que consistirá en la propuesta de soluciones a lo identificado en la fase anterior, junto al presupuesto que se requerirá para poder ejecutarlas.
“La política pública va a lograr una articulación entre las distintas autoridades del Distrito que permitirá planificar la manera cómo vamos a legalizar los asentamientos en Cartagena y además, prever cómo será el tema presupuestal”, indicó Molina.
De acuerdo con el director, todo este proceso tomará alrededor de 10 meses, con el objetivo de que el próximo año se pueda presentar el proyecto de acuerdo ante el Concejo Distrital para su aprobación.
Cartagena busca ser referente en legalización urbanística
Con la elaboración de esta política pública, también se busca convertir a la ciudad en un referente en procesos de legalización urbanística a nivel nacional.
“Son pocos los ejemplos en el país de política pública de legalización urbanística, a pesar de que es uno de los grandes retos. Por eso, queremos convertir de esta política en un ejemplo nacional. Para eso estamos observando lo que han hecho otros países, como Brasil, para que los procesos que ellos han liderado puedan servir de base para lo que nosotros queremos”, explicó el funcionario.
Molina insistió en que esta política debe trascender la administración distrital actual y convertirse en algo institucional, con el fin de dar solución a esta problemática.
“Las políticas públicas tratan de resolver problemas estructurales y este es uno de ellos, porque no es una situación aislada sino arraigada, perceptible a los ojos de todos y que requiere grandes esfuerzos financieros y presupuestales”, manifestó.
Curaduría pública en Cartagena
Por otro lado, desde Control Urbano resaltaron que ya Cartagena cuenta con una curaduría pública, que al mismo tiempo es la primera de la región Caribe y va a apoyar los procesos de legalización urbanística que se vienen trabajando en la ciudad. Lea: Cartagena tendrá una curaduría pública
“Cuando se legalizan asentamientos también surge la obligación de que los habitantes tramiten el reconocimiento de la existencia de la edificación de sus viviendas, porque en su momento fueron construidas sin licencia. Para esto está la curaduría pública”, explicó el director.
De esta manera, la administración distrital ahorra costos para las personas y les presta apoyo técnico, lo que incluye levantamientos arquitectónicos y peritaje para que las viviendas se puedan acoplar al régimen de licencias urbanísticas.
Esta curaduría será clave en la legalización porque facilitará los trámites para los ciudadanos y permitirá que accedan a los beneficios que trae consigo este proceso.