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Cartagena

Fallo del Consejo de Estado sobre La Boquilla, una lección para el POT

El Alto Tribunal advirtió de ambigüedades en el POT vigente que pusieron en riesgo la titulación colectiva de La Boquilla. La Secretaría de Planeación habló al respecto.

Fallo del Consejo de Estado sobre La Boquilla, una lección para el POT

Panorámica de La Boquilla. // Julio Castaño - El Universal

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El pasado 28 de abril se emitió un fallo histórico para la comunidad de La Boquilla. Tras casi cinco años de incertidumbre, el Consejo de Estado ratificó la legalidad de la titulación colectiva del corregimiento, la cual había sido anulada en 2020 tras una sentencia de primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar.

El Tribunal había sustentado su decisión en que los territorios adjudicados a las comunidades negras deben ser rurales, pero en un aparte del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), expedido en 2001, La Boquilla estaba clasificada en suelo urbano.

Sin embargo, el Consejo de Estado desestimó este argumento al revisar que en el POT, La Boquilla también aparecía en suelo rural, lo que a su vez reveló las ambigüedades que tiene el instrumento de planificación territorial. Lea aquí: Consejo de Estado ratifica la titulación colectiva de La Boquilla

Pese a esta controversia, el fallo resultó siendo favorable para La Boquilla, pues tras el análisis el Consejo de Estado confirmó su carácter rural y por ende la legalidad de la titulación.

La noticia fue ampliamente celebrada por la comunidad, que ahora tiene seguridad jurídica sobre su territorio; sin embargo también prendió alertas en el marco del proceso de revisión y actualización del POT, debido a la importancia que tiene este documento para la garantía de derechos de las comunidades negras. Lea: “Nuestro título está vivo”: La Boquilla celebra fallo del Consejo de Estado

Lecciones aprendidas del fallo del Consejo de Estado

Desde la Secretaría de Planeación reconocieron que la falta de claridad y precisión en el POT vigente puso en riesgo la titulación colectiva de La Boquilla y sus derechos como comunidad étnica, por lo cual afirmaron que la situación deja varias lecciones desde el punto de vista jurídico, técnico y comunitario.

“Esta situación demuestra la necesidad de que los instrumentos de planificación territorial se articulen explícitamente con los procesos de reconocimiento étnico territorial, incluyendo la delimitación espacial de los títulos colectivos, los usos compatibles de su cosmovisión y su forma de ocupación del territorio”, aseguraron.

Además, indicaron que este evento también puso de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan las comunidades negras ante la presión urbana, la informalidad normativa y los vacíos institucionales. “El caso de La Boquilla debe servir como referente para corregir enfoques excluyentes y avanzar hacia un ordenamiento verdaderamente incluyente y plural”, puntualizaron.

La actualización del POT

Teniendo esta situación como precedente, desde la Secretaría de Planeación ratificaron que en el proceso de actualización del POT se está aplicando un enfoque sociocultural para garantizar la inclusión y el respeto por los derechos de los grupos étnicos de Cartagena.

“Una de las metas de esta administración es identificar todos los territorios étnicos, las comunidades y sus formas de habitar. Es por ello, que con el liderazgo del equipo de participación, el diagnóstico territorial ha incorporado una caracterización detallada de los territorios colectivos y comunidades con vocación de titulación, realizando mesas mixtas las cuales incluyen una cartografía social y un recorrido técnico en el territorio”, contaron. Lea también: Los retos para consolidar el nuevo POT de Cartagena

Este proceso busca que dentro de la etapa de formulación del POT, las normas de planificación territorial respeten los derechos de estas comunidades y su enfoque étnico. “En el POT reconoceremos y protegeremos sus formas de vida, actividades productivas, identidad cultural y vínculos con el territorio”, indicaron.

El fallo del Consejo de Estado ratificó el carácter rural de La Boquilla y la legalidad de su titulación colectiva. // Julio Castaño - El Universal
El fallo del Consejo de Estado ratificó el carácter rural de La Boquilla y la legalidad de su titulación colectiva. // Julio Castaño - El Universal

Las comunidades negras en el nuevo POT

Según informó la Secretaría de Planeación, en el proceso de actualización del POT, específicamente en la fase de diagnóstico, han participado 2.279 personas, de las cuales el 54% se identificaron como negras afrodescendientes, raizales o palenqueras.

“Su participación ha sido esencial para alimentar el componente sociocultural del diagnóstico y permitir una lectura integral de los territorios con enfoque diferencial. Su rol es clave en la consolidación de un modelo de ocupación que respete sus prácticas, fortalezca su economía y garantice su permanencia digna en el territorio”, aseguraron.

Además, indicaron que con el fin de garantizar sus derechos, el nuevo POT incorporará explícitamente la delimitación de los territorios colectivos titulados, su clasificación de suelo y la adopción de usos del suelo compatibles con su sistema de vida, excluyendo las actividades que puedan resultar contrarias a sus valores y derechos.

De igual forma, manifestaron que se garantizarán espacios permanentes de participación y concertación para que las comunidades puedan incidir en la ejecución, seguimiento y ajustes futuros del POT. “Esto permitirá que el ordenamiento territorial no sea solo un instrumento de control urbano, sino también una herramienta de empoderamiento étnico y desarrollo comunitario”, concluyeron.

El nuevo POT incluirá la delimitación de los territorios colectivos titulados. // Julio Castaño - El Universal
El nuevo POT incluirá la delimitación de los territorios colectivos titulados. // Julio Castaño - El Universal

Sobre la titulación colectiva de La Boquilla

La titulación colectiva de La Boquilla fue otorgada a través de la Resolución 0467 del 30 de marzo de 2012, expedida por el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). A través de ella se adjudicaron 39 hectáreas más 7.028 m² de terrenos baldíos a la comunidad.

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