Como una “victoria para el Caribe” fue calificada la suspensión del cobro de la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar, recientemente ordenada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, tras una demanda de acción popular presentada por el senador Carlos Meisel en contra de la medida, la cual es promovida por el Ministerio de Transporte a través del Invías.
“Puedo decir con orgullo que la región Caribe ha logrado un importante alivio. El Gobierno Nacional ya nos había sentenciado al inicio de un cobro injusto. Esta decisión de la justicia es una victoria para el Caribe y para quienes nos acompañaron en esta lucha”, expresó el senador Meisel.
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El cobro de valorización había sido ampliamente criticado por la carga económica que implica para los propietarios de los predios de la zona de influencia de la Vía del Mar, que incluye 10 territorios: dos en Bolívar (Cartagena y Santa Catalina) y ocho en el Atlántico (Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará).
Tanto era el rechazo que incluso las alcaldías de Cartagena y Barranquilla y los gremios de Bolívar y Atlántico también presentaron acciones judiciales, las cuales aún siguen su trámite al buscar la nulidad de las resoluciones que reglamentaron el cobro.
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“No existe evidencia suficiente de que todos los predios cobijados por la medida hayan recibido un beneficio directo proporcional al valor que se pretende cobrar. Además, se han identificado falencias en los procesos de socialización, notificación y justificación técnica del impacto positivo sobre los predios del Distrito de Cartagena”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.
¿Qué viene tras la suspensión ordenada por el Tribunal del Atlántico?
El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó la suspensión del proceso de cobro de valorización al no evidenciar una socialización robusta de la medida.
“La divulgación llana del proceso, en los términos en que se ha venido desarrollando inhibe la interlocución, en especial la interpelación de los componentes técnicos basamentos del cobro, como zona de influencia, caracterización de los posibles destinatarios de la medida, capacidad de pago, etc.”, dice el auto.
En este sentido, el Tribunal ordenó al Invías la realización de audiencias públicas para la debida socialización de la medida, las cuales deberán contar con la presencia de entidades públicas, privadas, organizaciones sociales, gremiales y la ciudadanía afectada por el cobro.
“Estas audiencias tienen como objetivo dar a conocer los criterios y elementos técnicos que definen la distribución y liquidación de la Contribución Nacional de Valorización. Entre esos elementos se incluyen los estudios socioeconómicos, el método para calcular el beneficio individual, la zona de influencia, la capacidad de pago, la base gravable, así como cualquier otro aspecto relacionado con el cobro del tributo”, estableció el Tribunal.
Para la convocatoria de las audiencias se dio un término de dos meses y un plazo máximo de tres meses para su realización en cada uno de los territorios donde se pretende cobrar la valorización.
Además, se estableció que una vez finalizadas las audiencias, dentro de los dos meses siguientes cualquier persona podrá presentar réplicas, alegaciones u observaciones a los estudios socioeconómicos y demás elementos técnicos para la distribución y liquidación de la Contribución Nacional de Valorización.
Luego de esto, el Invías deberá elaborar un informe final y pronunciarse de manera explícita sobre cada observación e indicar, de ser necesario, los compromisos y ajustes que se llevarán a cabo. “En todo caso, el Invías adoptará la decisión que, a su criterio, mejor sirva al interés general”, puntualizó el Tribunal.
Sobre el cobro de valorización en la Vía del Mar
De acuerdo con el Invías, la valorización es una contribución que realizan los propietarios de los predios beneficiados por la ejecución de una obra de infraestructura. Los recursos recaudados son invertidos en otros proyectos viales en la región donde se realiza el cobro.
Entre Bolívar y Atlántico se identificaron 248.656 predios, de los cuales 66.303 están en Cartagena. De estos, tendrían que pagar 46.345, equivalentes al 69,8% de los establecidos inicialmente, pues el resto se encuentran excluidos o exentos.
Entre esos predios que no tienen que pagar están los bienes de uso público, las zonas de cesión obligatoria, las zonas de alto riesgo no mitigable, las áreas de tumbas y bóvedas, las propiedades de legaciones extranjeras, las propiedades de la iglesia católica o de otras religiones, los predios en pobreza extrema o moderada, los que se identifiquen sin capacidad de pago, las unidades agrícolas familiares y los estratos 1, 2 y 3.