Ante el posible inicio de los cobros de la Contribución Nacional de Valorización en los predios en la zona de influencia de la Vía del Mar, entre Cartagena y Barranquilla, el Consejo Gremial de Bolívar reiteró su rechazo a esta medida, la cual es impulsada por el Ministerio de Transporte a través del Invías.
“Reiteramos nuestra firme oposición al cobro de la Contribución Nacional de Valorización en el corredor vial Cartagena-Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, por considerarlo un gravamen injusto, arbitrario y contrario a los principios constitucionales que rigen el sistema tributario colombiano”, expresó Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar.
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El líder gremial manifestó que con este cobro, el Invías “no solo desconoce los límites de su competencia institucional, sino que impone cargas retroactivas a miles de propietarios sin una justificación técnica clara ni un beneficio comprobable para los predios afectados”.
Además, indicó que existe una estrategia jurídica en curso con el fin de derogar las resoluciones que se expidieron para legitimar el cobro.
“En alianza con el Comité Intergremial del Atlántico hemos avanzado con determinación en una estrategia jurídica que incluye una acción de nulidad contra las resoluciones que sustentan este cobro y la solicitud de medidas cautelares ante el Consejo de Estado”, explicó Oliveros.
A esta acción, también se suman otras que han sido presentadas por congresistas y las mismas alcaldías de Cartagena y Barranquilla, que también han manifestado públicamente su rechazo a la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar.
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“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que suspenda este proceso, convoque una mesa de diálogo y escuche las alternativas que desde los gremios y la sociedad civil hemos propuesto con seriedad y responsabilidad”, dijo Oliveros.
Desde Camacol Bolívar también se unieron a este llamado y aseguraron que la infraestructura “debe ser sinónimo de progreso, no de imposición”.
“Hemos insistido en que este cobro de valorización en particular está cargado de vicios de ilegalidad y una falta absoluta de socialización transparente y garantías de equidad, representando una carga desproporcionada para miles de familias y empresas que ya enfrentan condiciones difíciles”, expresó Irvin Pérez, gerente regional de Camacol Bolívar.
Pérez reiteró que la planificación territorial y el fortalecimiento de los corredores logísticos “deben ir de la mano con procesos participativos, estudios técnicos rigurosos y justicia tributaria”.
“No se puede trasladar al ciudadano una carga económica sin claridad ni equidad, especialmente en un momento donde se requiere confianza, articulación y visión a largo plazo para consolidar la reactivación económica”, puntualizó.
Procuraduría pidió suspender el cobro de valorización
Por otro lado, ayer se conoció un concepto de la Procuraduría General de la Nación, dirigido al Tribunal Administrativo del Atlántico, en el marco de una demanda de acción popular presentada por el congresista Carlos Meisel.
En el documento, el ente de control pide al Tribunal acceder a las medidas cautelares solicitadas por el senador, las cuales consisten en la suspensión del cobro de valorización, mientras se toma una decisión de fondo sobre la acción popular.
Además, advierte de las inquietudes generalizadas que se han manifestado en torno al cobro, por lo cual pidió la conformación de una mesa de trabajo para socializar la medida y escuchar las alternativas planteadas por la comunidad.
“La medida cautelar solicitada requiere de urgente atención, ya que la realización de las mesas de trabajo permitiría explorar soluciones de forma anticipada al fallo y darle transparencia y claridad a la ciudadanía respecto del cobro”, dice el documento.
Por otra parte, desde el Invías manifestaron que el proceso judicial continúa y que han presentado los argumentos correspondientes para “sustentar la legalidad y los beneficios de la contribución”.
“Permanecemos atentos a cualquier determinación que se tome, en el marco del debido proceso y el Estado de Derecho”, puntualizaron.
Sobre el cobro de valorización en la Vía del Mar
De acuerdo con el Invías, la valorización es una contribución que realizan los propietarios de los predios beneficiados por la ejecución de una obra de infraestructura. Los recursos recaudados son invertidos en otros proyectos viales en la región donde se realiza el cobro.
En el caso de la Vía del Mar, se determinó una zona de influencia de 96.311 hectáreas que comprende 10 territorios: dos en Bolívar (Cartagena y Santa Catalina) y ocho en el Atlántico (Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará).
En total se identificaron 248.656 predios, de los cuales 66.303 están en Cartagena. Sin embargo, no todos tendrán que pagar, pues se definieron excepciones sobre los bienes de uso público, las zonas de cesión obligatoria, las zonas de alto riesgo no mitigable, las áreas de tumbas y bóvedas, las propiedades de legaciones extranjeras, las propiedades de la iglesia católica o de otras religiones, los predios en pobreza extrema o moderada, los que se identifiquen sin capacidad de pago, las unidades agrícolas familiares y los estratos 1, 2 y 3.
De esta manera, en Cartagena tendrían que pagar 46.345 predios, equivalentes al 69,8% de los identificados inicialmente en la zona de influencia de cobro.