La Sociedad Colombiana de Urbanistas y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Localidad 2 (De la Virgen y Turística) enviaron una misiva al Consejo de Estado con el fin de que el Alto Tribunal realice varias adiciones y aclaraciones a la sentencia que emitió recientemente sobre la Ciénaga de la Virgen.
En este fallo, de fecha 2 de mayo del 2025, el Consejo de Estado amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y al aprovechamiento racional de los recursos naturales e instó a la ejecución del macroproyecto del Parque Distrital Ciénaga de la Virgen, a través de órdenes a diferentes entidades que tienen injerencia en esta iniciativa.
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Si bien para ambas organizaciones el fallo representa un “avance trascendental en la protección de los derechos colectivos y en la búsqueda de la recuperación integral de la ciénaga”, expresaron que se requieren hacer ciertos ajustes a la sentencia con el fin de garantizar que efectivamente se cumpla.
“Consideramos imperativo solicitar aclaraciones sobre algunos alcances y adiciones sobre aspectos, que, estimamos, requieren un pronunciamiento explícito para garantizar una tutela judicial verdaderamente transformadora”, dice el documento enviado al Consejo de Estado.
La Ciénaga de la Virgen como sujeto de derechos
Una de las adiciones que piden al fallo es el reconocimiento de la Ciénaga de la Virgen como sujeto de derechos, con el fin de velar por su protección.
“Si bien la sentencia ampara el derecho a un ambiente sano y al equilibrio ecológico en favor de las comunidades y reconoce la severa degradación de la Ciénaga de la Virgen, no se avanza hacia un reconocimiento formal de este cuerpo de agua como un ecosistema de valor intrínseco y, potencialmente, como sujeto de derechos”, argumentan en la solicitud.
En este sentido, piden que en la sentencia se adicione un “considerando” relacionado al tema y una orden explícita en la que se declare a la Ciénaga de la Virgen como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración por parte del Estado y de los particulares.
Sobre el Plan Maestro de Drenajes Pluviales
En la solicitud, las organizaciones también se refirieron al Plan Maestro de Drenajes Pluviales.
“La sentencia del Consejo de Estado, si bien ordena numerosas acciones de saneamiento y recuperación de caños, no imparte una orden directa y específica para la formulación, adopción, financiación y ejecución integral de dicho plan para la totalidad del área de influencia del macroproyecto”, dice el documento.
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Por esto, pidieron adicionar a la sentencia ordenar al Distrito ejecutar estas acciones en un término perentorio.
La contaminación en la Ciénaga de la Virgen
Otra adición propuesta para la sentencia del Consejo de Estado son órdenes específicas para la evaluación y corrección de la contaminación en la Ciénaga de la Virgen, especialmente la derivada de vertimientos sanitarios no controlados y de las operaciones aeroportuarias.
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“Si bien la sentencia ordena de manera general a Aguas de Cartagena al Establecimiento Público Ambiental (EPA) tomar medidas, podrían requerirse órdenes más directas y focalizadas para abordar estas fuentes específicas de contaminación”, explicaron.
Bajo este entendido, pidieron que se ordene a Aguas de Cartagena presentar un diagnóstico de los puntos de vertimientos de aguas residuales bajo su responsabilidad en la ciénaga, así como a la Aeronáutica Civil y al EPA, realizar una evaluación técnica integral y participativa de los impactos ambientales del aeropuerto para dar paso a un plan de manejo ambiental.
La financiación del macroproyecto
En el documento también piden órdenes explícitas para garantizar la financiación del macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen. Una de ellas está encaminada a su articulación con el Plan de Desarrollo.
“En este instrumento de planificación gubernamental de mediano plazo, es donde se concretan los programas, proyectos y fundamentalmente las asignaciones presupuestales anuales para la inversión. Sin esta vinculación expresa, la ejecución del macroproyecto podría carecer de la priorización política y de los recursos financieros recurrentes a nivel distrital”, indicaron.
Además, pidieron que se ordene al Comité de Implementación del Macroproyecto, una vez conformado, formular un Plan Maestro de Financiación y Sostenibilidad, así como estructurar una propuesta técnica, financiera y estratégica ante el Departamento Nacional de Planeación con el fin de que se formule un documento CONPES que asegure su financiación y ejecución en el corto, mediano y largo plazo.
Sobre la vía Perimetral y el Invías
Por otro lado, se pidieron aclaraciones sobre las órdenes al Invías en el marco del proyecto de la vía Perimetral, ya que en el fallo se establecen “medidas conjuntas” junto al Distrito de Cartagena.
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“La orden de actuar de manera conjunta es acertada en su intención, pero puede devenir ineficaz si no se precisa cómo se superarán las eventuales divergencias técnicas, financieras o de priorización que suelen surgir en actuaciones compartidas”, dijeron.
Además, indicaron que esta orden deja dudas sobre el grado de responsabilidad del Invías en el proyecto.
“Es necesario clarificar si la orden implica que Invías debe asumir un rol de liderazgo o la totalidad de las responsabilidades en cuanto al diseño detallado, la consecución de la financiación principal y la ejecución material de las obras”, manifestaron.
Más solicitudes al Consejo de Estado
Otras solicitudes realizadas por la Sociedad Colombiana de Urbanistas y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Localidad 2 (De la Virgen y Turística) al Consejo de Estado, son:
- Incorporar los componentes del macroproyecto al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el marco de su revisión y ajuste.
- Diseño de un protocolo específico para garantizar la participación ciudadana en las decisiones clave del megaproyecto.
- Precisar si la orden de “instar” implica un deber obligatorio por parte de las entidades de cumplir las acciones expuestas.
- Confirmar de manera explícita que todas las órdenes del fallo son de carácter perentorio, de obligatorio e inmediato cumplimiento y que la supervisión estará a cargo del comité de verificación presidido por el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Bolívar.