La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se pronunció luego de que el contratista encargado del seguimiento y control del proyecto de mitigación en La Mojana, notificara que el ejecutor de la obra suspendió las labores ante las reclamaciones de terceros.
Según la entidad nacional, estas personas alegan derechos sobre predios ubicados en el área de intervención, en inmediaciones del Canal de la Esperanza. Puede leer: Avanzan obras de emergencia para mitigar inundaciones en La Mojana
“Es importante aclarar que, antes del inicio de las obras, la UNGRD adelantó procesos de diálogo y negociación con personas que acreditaron titularidad de los terrenos. Con base en esa información preliminar y dada la urgencia de la intervención, se declaró la utilidad pública y se procedió con el inicio de los trabajos”, explicaron.
Ante esto, la UNGRD ordenó la reactivación de las obras y reiteró su disposición de pagar el valor correspondiente a los legítimos propietarios de los terrenos. “La entidad está a la espera de los documentos requeridos por la ley para acreditar la propiedad y avanzar con el trámite de compraventa”, manifestaron.
La UNGRD anunció el envío de una comisión técnica al territorio para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y analizar la documentación e información que presenten los propietarios. Además, invitó a las autoridades locales a realizar un acompañamiento a las obras para garantizar su desarrollo en total normalidad.
Sobre las obras en La Mojana
La intervención en La Mojana contempla la ampliación del Canal de la Esperanza, el aumento de su capacidad hidráulica y la reducción del caudal que fluye por el boquete de Caregato. Actualmente, 30 máquinas realizan labores de retiro de capa vegetal y excavaciones mecánicas en la zona.
“La UNGRD hará uso de todos los recursos legales y constitucionales necesarios para garantizar la culminación exitosa de esta obra que busca mitigar el riesgo de inundación en La Mojana. Esta es una obra prioritaria que debe ejecutarse con celeridad, dada la compleja situación que enfrentan los habitantes de la subregión en medio de la temporada de lluvias”, aseguraron.
La entidad insistió en que deben primar los intereses colectivos de las comunidades afectadas por encima de los intereses particulares, “quienes sin acreditar propiedad pretenden obstaculizar el avance del proyecto”.