El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Ibáñez, participó este viernes 16 de abril en un encuentro académico que la corporación realizó en Cartagena de Indias, en el Palacio de La Proclamación, denominado “Transformaciones constitucionales entre 1886 y 1991, y el legado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
A la cita académica también asistieron el alcalde Dumek Turbay, el gobernador Yamil Arana y el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún. Le puede interesar: Corte Constitucional lidera foro sobre historia jurídica en Cartagena
En medio de su participación, Ibáñez concedió varios minutos a la prensa y habló de varios temas claves, como la responsabilidad de las entidades territoriales de asumir desde el 30 de junio próximo la alimentación de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), tras un fallo de la Corte del 2022 que fue convertido en ley por el Congreso. También a los mensajes del gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que el Congreso hundiera la consulta popular. Lea: Petro presentará otra consulta popular el lunes, ¿cuál es la nueva pregunta?
Ibáñez empezó con un llamado por el orden constitucional en el país. “Este es un escenario para repasar la historia, para decir qué es lo que actualmente rige y, a partir de ahí, formular lo que debe continuar en el futuro: en paz, en tranquilidad, con concordia y con orden. Mientras que otros hacen llamados a romper el orden constitucional, lo que hacemos con estos Diálogos Constitucionales, comenzando por este acá en Cartagena, es invitar a la reflexión, para que, con base en la historia y en lo que establece la Constitución, todos respetemos el orden constitucional, garanticemos el Estado social y democrático de derecho. Y todas las autoridades deben hacerlo. Esa es la razón por la cual estamos aquí”, indicó.
Y agregó: “Todos tenemos que garantizar y defender el orden constitucional en calma, con tranquilidad, con llamados a la paz y no con llamados a utilizar otro tipo de estructuras o mecanismos que afecten la estabilidad institucional, el orden público, o que generen confrontaciones de cualquier naturaleza que, por fortuna, ya hemos superado en nuestra historia. Es cierto que en el pasado tuvimos grandes confrontaciones, incluso guerras, pero no estamos aquí para llamar a la guerra. Estamos haciendo un llamado a la paz, a la tranquilidad, al respeto y al orden constitucional”.
Respecto al llamado del Gobierno por estos días, por el tema de la consulta popular, señaló: “Yo respeto el llamado del Gobierno y prefiero no referirme a esa propuesta específica. Lo que sí puedo decir, como presidente de la Corte Constitucional, es que hacemos un llamado a que se respete y defienda el orden constitucional, siempre dentro de un marco de paz, armonía y tranquilidad”.
Presidente de la Corte Constitucional se refiere a preocupación de Yamil Arana sobre alimentación de Privados de la Libertad
Así mismo, Ibáñez se refirió al mensaje del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien ha dicho que las entidades territoriales no aguantan una carga más, como asumir la alimentación de los privados de la libertad a partir de julio. Lea: Yamil Arana: “nos va a tocar elegir entre alimentar a presos o a niños”
“Además de ser presidente de la Corte, presido la Sala de Seguimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional a raíz de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario, carcelario y en los centros de detención transitoria. Hace apenas una semana hicimos un llamado de atención al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para que se garantice, de forma integral, los derechos de la población privada de la libertad, tanto en cárceles y penitenciarías, como en los centros de detención transitoria. Una ley reciente estableció que la USPEC podría garantizar la alimentación de estas personas hasta el último día de junio. A partir de ese momento, dicha responsabilidad pasaría a las entidades territoriales. Sin embargo, como bien lo señaló el señor gobernador (Arana), se han transferido competencias a las entidades del orden territorial, pero no se han transferido los recursos necesarios para cumplir con esas nuevas responsabilidades”, indicó.
Y prosiguió: “Para abordar este problema, hemos citado una mesa de trabajo que se realizará el próximo lunes en la Corte Constitucional, con la ministra de Justicia, el defensor del Pueblo, el procurador general de la Nación y varios alcaldes y gobernadores. Hemos convocado, entre otros, a los alcaldes de Cali, Bucaramanga y Cartagena, así como al gobernador de Bolívar, para que, junto con otras autoridades, analicemos y adoptemos una decisión pronta, eficiente y eficaz que impida la afectación de los derechos de la población privada de la libertad y que también prevenga una eventual crisis de orden público”.
Ante el inminente cambio respecto a la responsabilidad de la alimentación de los privados de la libertad, el presidente de la Corte recalcó: “Estamos a menos de un mes de que esto suceda. Tengo entendido que la ministra de Justicia ha presentado su renuncia efectiva a partir del primero de junio; sin embargo, quien esté a cargo del Ministerio representa la institucionalidad, y con el Ministerio de Justicia, el INPEC, la USPEC y otros funcionarios, debemos adoptar una determinación. Ese es el propósito de la mesa de trabajo: revisar institucionalmente cuál debe ser la respuesta frente a esta situación, pues no se puede interrumpir el derecho a la alimentación, la seguridad y la integridad personal de las personas privadas de la libertad”.
Y concluyó: “Imagínense lo que implicaría no garantizar, por parte de la autoridad competente, el derecho a la alimentación de personas que están bajo custodia del Estado, en instalaciones estatales, y que por tanto deben recibir todas las garantías de sus derechos. La Constitución y la ley permiten la privación de la libertad de quienes tienen una deuda pendiente con la justicia, pero eso no significa que en la puerta de una cárcel, penitenciaría o centro de detención queden suspendidos los demás derechos. Todos los derechos deben garantizarse, comenzando por la dignidad humana, el derecho a la alimentación, a una infraestructura adecuada y todos los demás derechos que les corresponden a los seres humanos, independientemente de su condición jurídica”.