El Informe Anual de Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia, elaborado por Caribe Afirmativo, se presentó este 16 de mayo en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
11 años después de la muerte de ‘El Perro’ Villalobos
PEDRO TORRES VERGELEste documento expone las múltiples formas de violencia por prejuicio que afectaron a esta población durante el año 2024. La investigación, construida con base en denuncias ciudadanas, monitoreo de medios y solicitudes de información a entidades estatales, evidencia un incremento sostenido de violencias estructurales, con énfasis en homicidios, violencia sexual, amenazas y represión policial.
El informe denuncia que en Colombia se mantiene un contexto hostil legitimado por discursos de odio, impunidad, negligencia institucional y un creciente abandono estatal.
En total, se registraron 164 homicidios/feminicidios contra personas LGBTIQ+, lo que representa un aumento del 3,14 % con respecto al año 2023. Esto significa que, en promedio, una persona fue asesinada cada 2 días y 5 horas por razones vinculadas a su orientación sexual o identidad de género.
El informe incluye un análisis territorial detallado, que da cuenta de las situaciones específicas en departamentos como Bolívar, donde la violencia persiste con severidad y escasa respuesta institucional.
Señala el informe que en el departamento de Bolívar, y particularmente en su capital, Cartagena, las personas LGBTIQ+ siguen enfrentando una combinación letal de violencia, desprotección institucional y discriminación estructural.
Durante el 2024 se registraron 7 homicidios de personas LGBTIQ+ en Bolívar, representando un preocupante aumento del 75 % respecto al año anterior.
Estos casos incluyen hechos de extrema sevicia, como el asesinato de una persona en El Carmen de Bolívar que había sido previamente amenazada por un grupo armado ilegal. Este patrón pone en evidencia una peligrosa articulación entre prejuicio, criminalidad organizada e impunidad.
En cuanto a amenazas, se registraron un total de 35 en el departamento de Bolívar. Respecto a la violencia policial, Bolívar reportó solo 3 casos documentados, equivalentes al 2,14 % del total nacional. Si bien la cifra puede parecer baja, el informe alerta que esto no indica ausencia de violencia, sino un grave subregistro asociado al temor a represalias, la revictimización institucional y la falta de confianza en las rutas oficiales de denuncia.
En contextos donde la Policía continúa siendo percibida como una amenaza —especialmente para personas trans y no binarias—, el silencio de las víctimas refleja una falla profunda en el acceso a la justicia”.
Caribe Afirmativo
También se documentaron situaciones críticas de discriminación en Bolívar, con un total de 14 casos. Entre ellos, se destaca la violencia dentro del sistema penitenciario, especialmente en la cárcel de Ternera, en Cartagena. Allí, mujeres trans han denunciado ser obligadas a compartir espacios con hombres cisgénero, enfrentando violencia sexual, extorsión y maltrato sistemático. Estas condiciones, lejos de garantizar derechos, perpetúan dinámicas de tortura y exclusión institucionalizada.
Además, el informe denuncia la ausencia de acciones afirmativas sostenidas en el territorio, lo que revela que ni las acciones contempladas en el plan de desarrollo distrital ni la política pública departamental para personas LGBTIQ+ cuentan con lineamientos presupuestales, personal técnico ni mecanismos de evaluación. En Bolívar, a pesar de haberse aprobado una política pública desde 2014, su implementación ha sido intermitente y superficial, limitada a actividades simbólicas sin articulación con la institucionalidad.
“Nos siguen matando, amenazando y discriminando, y aun así no existen rutas claras ni efectivas para protegernos. El silencio institucional y la indolencia de las autoridades no solo nos dejan solas, sino que refuerzan el mensaje de que nuestras vidas no importan. En Cartagena y Bolívar, vivir desde una identidad o expresión de género disidente, o amar desde el deseo no normativo, sigue siendo motivo de castigo social, estatal y simbólico. Somos mujeres, muchas racializadas, empobrecidas, migrantes, con cuerpas diversas que resisten desde la periferia, y nos enfrentamos todos los días a un desprecio estructural que se expresa en negligencia médica, burlas, exclusión de oportunidades y hasta en el riesgo constante de la muerte. Urge una acción institucional con enfoque feminista e interseccional, que reconozca nuestras trayectorias, nuestras luchas y la urgencia de reparar una deuda histórica con las personas LBTIQ+ en Cartagena. Ya no basta con la tolerancia simbólica: exigimos garantías reales para vivir dignamente y sin miedo”, afirmó María del Rosario Vélez, enlace territorial de Caribe Afirmativo en Cartagena.
Y concluyen: “Desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado urgente a las autoridades locales y departamentales —especialmente a la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía Nacional— a tomar medidas concretas y sostenidas para la protección de las personas LGBTIQ+ en el territorio“.
Se exige:
- Acciones reales en cuanto a la política pública LGBTIQ+ de Cartagena, con enfoque de género, interseccionalidad y participación constante de las organizaciones de base.
- Implementar rutas seguras, confidenciales y sin revictimización para la denuncia de violencias policiales y sexuales.
- Capacitar de manera obligatoria y continua al personal institucional (policía, funcionarios judiciales, personal de salud, custodios) en derechos humanos, enfoque de diversidad sexual y de género, y prevención de violencias por prejuicio.
- Garantizar el acceso a justicia efectiva, medidas de protección e investigación priorizada de los homicidios y demás delitos documentados.
- Crear un sistema de registro confiable y con enfoque diferencial que permita visibilizar la situación de personas LGBTIQ+ en el territorio y diseñar respuestas basadas en evidencia.