Este 27 de abril se cumplen ocho años de una de las mayores tragedias que ha tenido Cartagena en su historia reciente: el colapso del edificio en construcción Portales de Blas de Lezo II, que fue el punto de partida para desvelar toda una red de edificaciones ilegales que fueron levantadas en la ciudad.
En 2017, el edificio ya contaba con seis pisos y el perímetro de obra estaba cercado. A las afueras había dos avisos: uno que decía “Portales de Blas de Lezo II, venta de apartamentos” y otro que correspondía a la supuesta licencia de construcción, que según más tarde se dio a conocer, era falsa.
De acuerdo a lo que reportaron los vecinos, el estruendo se escuchó pasadas las 10 de la mañana, dejando a más de 30 personas bajo los escombros. Los organismos de socorro extendieron las labores de rescate por tres días en busca de sobrevivientes, pero el saldo de la tragedia fue contundente: 21 personas resultaron muertas.
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Investigaciones posteriores al suceso, dieron a conocer que el edificio colapsó debido a fallas en sus métodos constructivos y en los materiales usados durante la obra, esto aunado a las irregularidades de carácter legal. Es por esto que para muchos, la tragedia del edificio Portales de Blas de Lezo II, pudo evitarse.
Los constructores fueron condenados
El colapso del edificio provocó la apertura de varios procesos judiciales e investigaciones que han seguido su curso en estos ocho años. De hecho, en 2024 se tomaron importantes decisiones.
La Fiscalía General de la Nación confirmó el año pasado que los hermanos Wilfran, Eusebio, Emis y María de las Nieves Quiroz Ruiz fueron condenados a 11 años y 5 meses de prisión domiciliaria por los delitos de uso de documento falso, fraude procesal y estafa en modalidad de masa, al igual que Reynaldo Camargo Ruiz.
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“Los hechos investigados se iniciaron a raíz del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, ocurrido el 27 de abril de 2017 en la capital de Bolívar, cuya construcción estuvo a cargo de este clan familiar. Adelantado el proceso, se logró establecer que 34 edificios construidos por la familia Quiroz en Cartagena no reunieron los requisitos de las normas urbanísticas”, estableció el ente acusador.
La Fiscalía detalló que estas personas aportaron licencias de construcción falsas que posteriormente fueron presentadas en notarías y oficinas de Instrumentos Públicos para obtener escrituras públicas y registros de los apartamentos que estaban a la venta.
“Con la actividad ilícita los procesados indujeron en error a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones afectando la recta administración de justicia y el patrimonio económico sin justa causa”, dijeron.
Además, apuntaron que al igual que en el edificio Portales de Blas de Lezo II, las demás construcciones adelantadas presentaban irregularidades en sus estructuras, falta de calidad en sus materiales y anomalías.
Por esto también fueron sentenciados a pagar una multa de 320 salarios mínimos legales vigentes.
Los edificios Quiroz que siguen en pie
La Fiscalía estableció que fueron 34 los edificios construidos por la familia Quiroz sin el lleno de los requisitos legales, lo que también ha significado un calvario para todas las personas que adquirieron los apartamentos y para los vecinos de las edificaciones.
En barrios como Los Alpes, Chipre, Blas de Lezo, Alto Bosque, El Recreo, Escallón Villa y Los Caracoles, varias de las estructuras han quedado en abandono y a merced de la delincuencia, mientras las comunidades aledañas temen por el deterioro de los edificios.
Así mismo, las víctimas que compraron los apartamentos de los Quiroz, han tenido que lidiar con penurias económicas al tener que vivir en arriendo, aún cuando adquirieron créditos para poder comprar sus viviendas.
Incluso, manifestaron tener que enfrentar embargos por deudas acumuladas en el pago del impuesto predial, a pesar de no residir en los edificios tras el desalojo que fue ordenado por un juez en el 2018, debido al riesgo que representaban las estructuras.
Control Urbano anunció medidas en caso Quiroz
Ante las preocupaciones manifestadas por las víctimas y los vecinos de los edificios, desde la Dirección Administrativa de Control Urbano anunciaron acciones en torno a las diferentes problemáticas denunciadas.
Por un lado, indicaron que se han adelantado mesas técnicas con otras dependencias para dar respuesta a las inquietudes de la comunidad en torno a los embargos por el impuesto predial, los subsidios de arriendo y la inseguridad en las edificaciones.
En cuanto a las condiciones estructurales, manifestaron que se están realizando nuevos monitoreos para verificar el estado de las edificios y tomar decisiones.
La entidad aseguró que esta trabajando con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de establecer una ruta que permita tomar medidas de fondo y brindar una solución permanente a este tema que ha afectado a tantas familias en la ciudad.