El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cartagena admitió una acción de tutela interpuesta por el ciudadano David Torres, representante de la Asociación de Pescadores Mita Raya, en contra del Ministerio del Interior, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) y la Operadora Internacional del Aeropuerto de Cartagena S.A.S
La acción judicial fue motivada por la preocupación de un grupo de pescadores del corregimiento de La Boquilla, quienes aseguran no haber sido tenidos en cuenta en el marco del proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, que contempla intervenciones sobre áreas ambientalmente sensibles como la Ciénaga de La Virgen. Puede leer: Anuncian cuándo estaría lista pavimentación de una vía en La María
Según la comunidad, este tipo de obras podría generar afectaciones directas a su entorno ecológico y a sus medios tradicionales de subsistencia. La ejecución del proyecto está a cargo de Oinac, bajo contrato de concesión otorgado por la Ani.
¿Qué derechos se alegan vulnerados?
De acuerdo con el auto de admisión emitido por el despacho judicial, el accionante solicita la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa, la participación, el mínimo vital, la diversidad étnica, el debido proceso y la autodeterminación.
“El aeropuerto manifiesta que la comunidad de La Boquilla no hace parte del área de influencia directa del proyecto que se desarrollará en la Ciénaga de La Virgen. Nosotros consideramos que eso no es cierto”, señaló Torres, quien lidera una asociación conformada por 50 pescadores locales que afirman vivir exclusivamente de esta actividad. Lea también: Dadis y Personería lideran plan con EPS por retrasos en medicamentos
¿Quiénes son las entidades involucradas?
El juzgado identificó como entidades accionadas al Ministerio del Interior, a la Dirección de Consulta Previa, a la Ani y a la Operadora Internacional del Aeropuerto de Cartagena S.A.S.
No obstante, el despacho también resolvió vincular al trámite a la Alcaldía Mayor de Cartagena, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, a la Presidencia de la República y al Consejo Comunitario del corregimiento de La Boquilla, por considerar que podrían tener una incidencia directa en el desarrollo del proceso.
Todas estas entidades deberán pronunciarse dentro de un plazo de 48 horas, aportando los informes solicitados por el juzgado y remitiendo las pruebas que pretendan hacer valer como parte de su derecho a la defensa.
¿Qué busca la comunidad con esta tutela?
Según lo expresado por David Torres, la intención de la acción judicial es lograr que la comunidad de pescadores pueda participar en todos los espacios relacionados con el diseño, ejecución y evaluación del proyecto que se desarrollará en sus inmediaciones.
Torres asegura que desde que comenzó la intervención de la anterior empresa operadora del aeropuerto, se realizaron talas de manglar y afectaciones al ecosistema sin que se hubiera consultado previamente a los habitantes del corregimiento.
“La antigua empresa que administraba el aeropuerto ya había impactado el borde del ecosistema sin tenernos en cuenta. Ahora queremos que se nos permita participar en cada uno de los espacios relacionados con lo que se vaya a realizar en nuestro territorio”, sostuvo.
¿Cuál ha sido la respuesta institucional?
De acuerdo con el representante de la Asociación de Pescadores Mita Raya, hasta el momento no ha existido una respuesta concreta por parte de las entidades responsables del proyecto. “No nos han dado espacio para participar en nada. No han querido escuchar a la comunidad”, señaló, al tiempo que expresó que esperan que sea un juez quien ordene su inclusión formal en el proceso.
“Queremos que un juez ordene que se nos escuche y que podamos hacer parte de todo lo que se vaya a ejecutar en nuestro territorio”, concluyó Torres.
El juzgado admitió la acción al considerar que cumple con los requisitos legales establecidos por la jurisprudencia constitucional.