La Liga Nacional de Usuarios se pronunció tras las polémicas declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, con relación a la problemática de las altas tarifas de energía eléctrica, que se acentúan en la región Caribe.
En su más reciente Consejo de Ministros, el pasado lunes 7 de abril, el mandatario nacional reafirmó la medida que ya había anticipado el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, relacionada a que sean los estratos 4, 5 y 6 y los sectores industriales y comerciales los que paguen la deuda de la opción tarifaria, a pesar de que el año pasado había dicho que iba a ser asumida por el Estado.
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Así mismo, indicó que la deuda por los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 será saldada en especie a través de la instalación de techos solares para bajar el costo de la energía y volverlos autogeneradores, en el marco del programa Colombia Solar.
Ante esto, la Liga Nacional de Usuarios aseguró que las medidas anunciadas por Petro no solucionan la crisis de la tarifas de energía. De hecho, indicaron que son contraproducentes.
“La conclusión inevitable es todo lo contrario: los anuncios constituyen más encarecimiento de las tarifas de energía y desatienden las generalizadas y legítimas reclamaciones de los usuarios de todo el país”, dijeron.
Según la Liga de Usuarios el tema del pago de la opción tarifaria constituye “un engaño”, toda vez que el mismo Gobierno había dicho que se encargaría de saldar la deuda. “Esta es una agresión a las ya escasas capacidades de solidaridad de estos usuarios contribuyentes del sobrecosto en todos los servicios públicos, con el que se subsidian los consumos de los estratos pobres”, dijeron.
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Además, manifestaron que tampoco hay soluciones para la deuda de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, al no existir un plan de pagos. Por el contrario, cuestionan el programa ‘Colombia Solar’, pues aseguran que no resuelve la crisis. “Nos condenan a esperar en el largo plazo, pagando tarifas carísimas”, dijeron.
Finalmente, reprocharon el silencio del Gobierno ante la derogatoria del régimen tarifario especial de la región Caribe y del cumplimiento a la orden del Tribunal Administrativo del Atlántico a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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Empresas también se pronunciaron
A través de un comunicado, los gremios del sector energético también cuestionaron las propuestas presentadas por el presidente Petro, principalmente en lo que tiene que ver con el pago de la deuda de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 a través del programa Colombia Solar.
“El programa Colombia Solar no puede financiarse con deuda pública sin planificación, esto va en contravía del principio de eficiencia del gasto público y tampoco debe desfinanciar el presupuesto del fondo de solidaridad para financiar los subsidios”, manifestaron.
De igual forma, dijeron que la transición energética requiere planeación. “Los paneles solares en hogares son una alternativa, sin embargo no reemplazan la red nacional y sin almacenamiento no garantizan cobertura continua de la demanda de energía, especialmente en horas nocturnas o días nublados”, dijeron.
Petro defiende las medidas anunciadas
Pese a las críticas, el mandatario nacional reafirmó su intención de implementar las medidas anunciadas. En cuanto al pago de la opción tarifaria, indicó que el Estado no podrá asumirla debido a que los congresistas hundieron la Ley de Financiamiento.
Además, indicó que se titularizará la deuda que el Estado tiene con las empresas eléctricas para quedar al día en los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
De la misma manera, anunció la expedición de un decreto para que las empresas generadoras acepten la fórmula actual para la energía eléctrica, que fija topes a las tarifas.
“Expediré por decreto el porcentaje máximo de venta de energía en bolsa, solo a un 5% del total de la generación. Mis facultades constitucionales y legales me lo permiten. Igualmente se impulsó esta determinación en la CREG”, expresó Petro.
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Las empresas también respondieron a esto asegurando que las tarifas que están aplicando son legales, constitucionales y se basan en la regulación vigente. “La llamada nueva fórmula tarifaria que realmente es una modificación al mecanismo de confiabilidad, no fue adoptada por ninguna empresa de manera voluntaria porque es una propuesta antitécnica que perjudica la disponibilidad de energía, la sostenibilidad económica de los proyectos y las tarifas para los usuarios”, indicaron.
Además, manifestaron que el cambio de la tarifa vía decreto “pone en riesgo la seguridad jurídica, produce riesgos económicos desproporcionados y podría disminuir significativamente la oferta de proyectos de generación renovable”.
Por su parte, Petro insistió en que los gremios “han rechazado hasta ahora todo diálogo técnico”, y aseguró que la seguridad jurídica está garantizada a través de la CREG.