Shirley Fuentes Tamara, madre comunitaria vinculada a la Asociación Unidos por Santa Catalina, se encuentra incapacitada desde hace cinco meses tras ser diagnosticada con cáncer de mama y, más recientemente, con cáncer de colon.
Según su testimonio, a pesar de su delicado estado de salud, no ha recibido atención médica ni el pago de sus incapacidades, y afirma estar inactiva en el sistema de salud.
La señora Fuentes indicó que, luego de ser operada, intentó asistir a una consulta con el área de nutrición por una significativa pérdida de peso.
No obstante, dijo que no fue atendida por aparecer como desafiliada del sistema. Además, manifestó que ha tenido impedimentos para realizarse exámenes médicos y agendar nuevas citas, lo que, según señaló, pone en riesgo su vida.
“Desde hace cinco meses no me pagan las incapacidades y ahora aparezco desafiliada del sistema de salud. No entiendo por qué, si yo estoy incapacitada y la Asociación es la responsable del pago de la seguridad social”, aseguró la madre comunitaria. Puede leer: Próxima parada técnica de Acuacar: 20% de Cartagena quedaría sin agua
¿Qué dijo la Asociación Unidos por Santa Catalina?
De acuerdo con Alexander Tarriba, representante legal de la Asociación Unidos por Santa Catalina, los pagos correspondientes a la seguridad social han sido realizados de forma mensual. Tarriba reconoció que entre los meses de febrero y marzo hubo un percance con la afiliación de la señora Fuentes, pero aseguró que la situación fue solucionada.
“Tengo los soportes de los pagos realizados y no se debe ni un solo mes. Hoy mismo me acerco a la EPS a averiguar por qué aparece inactiva si se ha pagado”, afirmó Tarriba.
¿Qué respondió la EPS Salud Total?
Desde Salud Total explicaron que los aportes al sistema contributivo de salud primero son recibidos por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), y luego asignados a la EPS correspondiente. Según la entidad, el 28 de marzo pagaron los dos meses que estaban en mora y que a la fecha ya está activa. Puede leer también: Protesta en San José de los Campanos por condiciones educativas
¿Qué explicó el ICBF sobre la vinculación laboral?
Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indicaron que las madres comunitarias tienen contratos laborales con las entidades que administran los Hogares Comunitarios de Bienestar, como lo es la Asociación Unidos por Santa Catalina. Estos contratos les otorgan los derechos y garantías del Código Sustantivo de Trabajo Lea también: Alcaldía de Cartagena libera sector invadido por consumo de droga
El ICBF no contrata directamente a las madres comunitarias, sino que lo hace a través de convenios con entidades administradoras. Su función, según se indicó, es supervisar que las entidades cumplan con lo estipulado en los contratos. En caso de detectar incumplimientos en los aportes, el ICBF podría iniciar un proceso sancionatorio.
¿Cuáles son los derechos laborales de las madres comunitarias?
Según el modelo de contratación vigente, las madres comunitarias devengan un salario mínimo mensual legal vigente o su equivalente proporcional a los días laborados. Las entidades administradoras están obligadas a pagar prestaciones sociales y demás obligaciones de ley.
Los contratos laborales se realizan por el tiempo mínimo que dure el contrato de aporte entre la entidad administradora y el ICBF, y deben garantizar el acceso a la seguridad social en calidad de afiliadas al régimen contributivo.
¿Qué opinan otras madres comunitarias?
Luisa Jiménez, quien ha acompañado el proceso de Shirley Fuentes, aseguró que hasta la fecha no han recibido respuesta clara.
“Soy quien le ayuda también con las gestiones, y a esta hora todavía no le han pagado las cinco incapacidades que le deben. Ella está afiliada a Salud Total, pero no aparece activa en el sistema. Además, no puede estar desafiliada porque es paciente oncológica”, expresó Jiménez.
La situación de la señora Fuentes ha generado preocupación entre otras madres comunitarias, quienes también han expresado inconformidad con la gestión de la Asociación Unidos por Santa Catalina, particularmente por la atención tardía en salud y presuntas fallas en la seguridad social.