La Inspección de Policía de la Comuna 2 de Cartagena ratificó el pasado 31 de enero la orden de desalojo de varios establecimientos y asentamientos irregulares en Chambacú, un área de 7.404,17 m² ubicada junto a la carrera 14 y Muebles Jamar. Esta medida busca restablecer el uso adecuado del espacio público en la zona.
El proceso legal comenzó el 18 de febrero de 2020, cuando la Inspección de Policía recibió una queja presentada por el Distrito contra múltiples negocios que invadieron el espacio público. Estos establecimientos incluyen talleres, cantinas, estaderos y parqueaderos que llevan décadas ocupando el sitio.
Cabe resaltar que en una reciente decisión del Juzgado 9 Penal de Cartagena ha generado polémica, al descubrirse que la orden de suspensión del desalojo se basó en una tutela que fue presentada por una mujer, que falleció en el 2023. Lea también: El fallo a una cuarta tutela que buscaba frenar desalojo en Chambacú
La suspensión a la orden de desalojo en Chambacú
El operativo de recuperación del espacio público en Chambacú estaba programado para el próximo viernes. Sin embargo, la jueza Elizabeth Araújo ordenó la suspensión de la diligencia al considerar un incidente de desacato relacionado con una tutela ganada en 2011 por Ana Batista Urueta, contra la Alcaldía de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte.
Según informó el Distrito, la decisión de la jueza apeló a la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y al derecho a la igualdad frente a un eventual desalojo en esa época. Según Robinson Arroyo Zúñiga, abogado de Batista, la Alcaldía Local 1 no cumplió con las pretensiones de su apoderada.
“No obstante, 14 años después nunca ha habido un desalojo que afecte los derechos apelados por la ciudadana en su tutela de 2011. Sin embargo, esto motivó a que la jueza Elizabeth Araújo declarara que hubo un incidente de desacato en decisión del pasado 21 de marzo”, señaló la Alcaldía de Cartagena.
El meollo del asunto radica en que Ana Batista falleció en 2023, según reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), información que, según la Alcaldía, no fue reportado por el abogado, induciendo a la jueza a un error e incurriendo el jurista en un presunto fraude procesal.
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El proceso para el desalojo en Chambacú
La situación ha generado controversia debido a que el Distrito ha enfrentado 14 tutelas en su intento por recuperar el espacio público en Chambacú. Cabe señalar que la mayoría han sido desestimadas por los juzgados de la ciudad.
De acuerdo con la legislación colombiana, el abogado estaba en la obligación de informar el fallecimiento de su cliente al momento de presentar el recurso.
“Esto subrepticiamente indujo al error en la decisión de la jueza, al hacerle creer que la solicitud se presenta en procura de la señora, cuando ya falleció. Si bien es cierto un fallo de 2011 la amparaba, al haber muerto ya el hecho está superado”, indicó el Distrito.
Tambien afirmaron que en múltiples sentencias de la Corte Constitucional se han desestimado casos así por la carencia de objeto como consecuencia de la muerte del titular de los derechos fundamentales cuya protección se perseguía.
La Corte también ha emitido múltiples llamados de atención para adoptar medidas de protección objetiva por parte de los administradores de la justicia en procesos semejantes con un fallecimiento de por medio. Le puede interesar: Desalojo de establecimientos en Chambacú: Alcaldía reafirma la orden
“El fallecimiento del demandante impide el ejercicio y el disfrute de los derechos fundamentales cuyo restablecimiento perseguía a través de la solicitud de amparo. En particular, la modificación de la situación en la que se presentó la tutela, por la muerte del interesado, tornaría inocuo el eventual reconocimiento de la sustitución pensional reclamada”, establece la Sentencia T-236/18.
Para la Alcaldía de Cartagena era justo y necesario que la jueza conociera de la muerte de Ana Batista y así tener todos los elementos necesarios para tomar su decisión ante la carencia actual de objeto, de acuerdo con las particularidades del asunto.
Piden que no los desalojen de Chambacú
Johana Torres, habitante del sector, contó que el proceso lleva años. “Ese es un tema que viene de diferentes administraciones, incluso, ya hemos ganado tutelas. En el 2011 lo ganó una residente que ya falleció. La presentamos en la audiencia, pero la inspectora hizo caso omiso”, expresó Torres.
Y agregó: “Hoy se está dando un desacato contra la inspectora, el alcalde de Cartagena y el alcalde de la Localidad, porque si todos tenemos derecho a la igualdad, no pueden pasarnos por encima. Nos quieren arrasar y a otros no”.
Hoy el problema es que están violando nuestro derecho a una vivienda digna. A quienes tienen casa, a quienes tienen sus trabajos en la zona, les están afectando su derecho al trabajo. Cada problemática es diferente, pero el alcalde no lo está teniendo en cuenta”.
Johana Torres, habitante del sector de Chambacú
Para el alcalde Dumek Turbay, todo este tema “representa un desgaste del aparato judicial” y reiteró su invitación a los ocupantes del espacio público a desalojar de forma voluntaria, ofreciéndoles el respaldo institucional e integral para su mudanza. Le recomendamos leer: Personas bloquearon sector de Chambacú por fallo que ordena desalojo
“Muchos de los ocupantes de este espacio público, al bloquear vías o al pronunciarse ante los medios de comunicación, se muestran como personas vulnerables frente al accionar de un gobierno autoritario. Sé que muchos en la ciudad saben que esto es falso. Incluso, uno de estos tutelantes es un ex candidato a la Cámara de Representantes y al Concejo Distrital; hay un parqueadero enorme con todos los juguetes; hay talleres y estaderos que facturan millones de pesos al día”, indicó el mandatario.
Y concluyó: “Entonces, frente a esta posible red jurídica, las preguntas correctas que todos debemos hacernos son: ¿Cuánto cuesta un lote en Chambacú? ¿Cuánto se valorizarán con el Nuevo Chambacú? ¿Cuánto dinero generan estos ocupantes en lotes que son propiedad de los cartageneros y que estos particulares se quieren apropiar? ¿Cuánto de este dinero se ha pagado en impuestos o se han visto reflejados en el bienestar de Cartagena y de quienes la habitan?