La violencia contra las mujeres es una cruda realidad que persiste en Cartagena. Los reportes entregados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses demuestran que aunque con el paso de los años los indicadores se han ido reduciendo, aún se está lejos de lograr que las cifras lleguen a cero.
Comparando los años 2023 y 2024, respectivamente, en materia de violencia interpersonal la cifra de casos pasó de 839 a 641; en violencia de pareja de 722 a 609; en presuntos delitos sexuales de 441 a 371 y en asesinatos de 25 a 22, aunque no todos están clasificados como feminicidios.
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Cabe anotar que estos son los casos que han sido reportados ante las autoridades, por lo que puede haber un subregistro al considerar que no todas las mujeres denuncian.
De hecho, la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos del 2024 señala que en la ciudad el 70% de las mujeres no denuncia cuando es víctima de un delito. Entre los principales motivos están la poca credibilidad en el sistema de justicia y el temor a represalias.
Un problema estructural
Desde la Mesa del Movimiento Social de Mujeres y Feministas de Cartagena y Bolívar insisten en que la violencia contra las mujeres es un problema cultural, histórico y sistemático, es decir, que no corresponde a una coyuntura o hechos aislados sino que es un problema persistente.
“Siguen persistiendo las violencias físicas en el espacio familiar porque continúa el patrón patriarcal que considera a las mujeres una propiedad. De esta manera, cuando se considera que las mujeres están infringiendo alguna de las leyes del patriarcado, hay un ejercicio de violencia mayormente cometido por hombres”, explica Leidy Laura Perneth, secretaria técnica de la Mesa.
Según Medicina Legal entre los principales agresores de las mujeres se encuentran exparejas (329) y parejas actuales (231), aunque también se precisan violencias ejercidas por hermanos (38), primos (33) e hijos (26).
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Así mismo Perneth anotó la gravedad de las violencias sexuales, que para el 2024 fueron en su mayoría contra menores de edad, con 287 casos. “Nos siguen llegando casos de niñas y adolescentes que están expuestas a la explotación sexual en el contexto del turismo que vive esta ciudad. Este es un problema que sigue ocurriendo”, afirmó.
Además, es importante tener en cuenta que en este delito también figuran como agresores personas conocidas por las menores, como familiares (131) y vecinos (45).
Más violencias contra las mujeres
Hay otras violencias de las cuales no se tienen datos precisos, pero que de igual forma preocupan a las mujeres. Entre ellas, la Mesa alerta del acoso sexual que se ha denunciado en entornos empresariales, en el espacio público y también el ámbito educativo.
“Estudiantes universitarias han venido haciendo denuncias de los acosos que están viviendo en las aulas. Para nosotras las mujeres esto también tiene consecuencias en la forma en cómo vivimos un derecho fundamental que es el de la educación”, apuntó Perneth.
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De igual forma señaló la violencia que se ejerce dentro del sector privado, con la precarización de las condiciones laborales de las mujeres. “Hemos acompañado casos relacionados a empresas cuya planta de trabajo en su mayoría está feminizada pero las mujeres tienen salarios precarios, trabajan más de 12 horas y de pie” , dijo.
Finalmente, manifestó que no se puede dejar de lado la violencia institucional. “Como Mesa también tenemos muchos casos contra trabajadoras de la economía popular. Esta es una violencia que hay que nombrar porque los actores institucionales están llamados a proteger a las mujeres”, puntualizó.
Fallas en el acceso a la justicia
En medio de esta realidad de violencia, también se han evidenciado fallas en el acceso que tienen las mujeres al sistema de justicia. “Una de las dificultades es la revictimización que se sigue presentando en las instituciones para decir que algunos casos no son violencia de género sino conflictos familiares”, explica Perneth.
Así mismo, señaló dificultades para las mujeres en los centros de salud -donde se activa la ruta de atención- y la falta de continuidad en la operación de las comisarías de familia, debido a que varios trabajadores están contratados bajo Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). “Esto pasa mucho en los equipos psicosociales. Además, hay muchas demoras administrativas para la contratación”, manifestó.
En las comisarías de familia también anotó deficiencias de infraestructura, dotación, inclusión y cobertura que deben ser atendidas para garantizar la atención a todas las mujeres, en especial aquellas que se encuentran en zonas rurales, que tienen condiciones de discapacidad o mujeres trans, que enfrentan mayores barreras para acceder a la justicia.
Estas condiciones traen como consecuencia que muchos de los casos terminen impunes, por lo cual desde la Mesa hicieron un llamado a tomar medidas que garanticen la atención y protección de las mujeres de forma continua los 12 meses del año.
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Medidas para la protección de las mujeres
Bajo este escenario, desde la Mesa de Mujeres insisten en que es necesario trabajar en la prevención y evitar que la violencia ocurra. “Hay que destinar todas las acciones pertinentes para desnormalizar la violencia contra las mujeres. Esto va a suponer transformaciones desde el orden cultural e institucional”, dijo Perneth.
En este sentido, resaltó la importancia de realizar este trabajo desde entornos familiares, educativos, comunitarios, empresariales y también en las instituciones.
En materia de justicia, hicieron énfasis en que se debe acabar con la impunidad. “Cuando la impunidad persiste lo que se hace es enviar un mensaje de que se pueden cometer esas violencias sin que haya consecuencias, que las vidas de las mujeres importan menos y se pueden sacrificar”, indicó.
De igual forma, afirmó que es necesario que existan debates públicos en torno a la situación de las mujeres, que permitan analizar los esfuerzos técnicos y financieros que se están llevando a cabo.
“Que las mujeres estemos seguras va a implicar todas estas transformaciones porque no es posible que tengamos que habitar los espacios con miedo: la casa, el transporte, la calle, la universidad, el colegio o el trabajo. La seguridad es que nuestra dignidad esté garantizada y el consentimiento sea fundamental para cualquier tipo de relación. La seguridad de las mujeres va a suponer que no haya tolerancia social e institucional cuando los actos de violencia se cometan, sino que haya una respuesta de rechazo, justicia y garantía”, finalizó.
Las acciones del Distrito
La Secretaría de Participación, a través de la Oficina de Asuntos para la Mujer, resaltó que ha liderado varias acciones bajo la estrategia ‘Cartagena es Violeta’, destacando la disminución de los indicadores. Además, aseguró que este 2025 continuará trabajando en iniciativas que le apuesten a la incidencia comunitaria en los barrios para la resolución de conflictos y jornadas de masculinidades no violentas y responsables.
Así mismo, en aras de fortalecer la ruta de atención, han adelantado la articulación con entidades y autoridades integrantes del Comité para el Abordaje de las Violencias por Razones de Sexo y Género, en donde se priorizó el acompañamiento y seguimiento a los centros hospitalarios para la activación de la ruta y su reporte.
“Para ello se han organizado capacitaciones y sensibilización al personal encargado. Para el próximo 25 de marzo, las autoridades para el acceso a la justicia estarán reunidas en mesa de trabajo para identificar barreras y mecanismos de respuesta para dar soluciones rápidas a la protección de los derechos de las mujeres”, informaron.
De igual manera, indicaron que continúan realizando labores de prevención y difusión de la ruta de atención en diferentes sectores de la ciudad, priorizando los barrios con mayores denuncias e instituciones educativas.