A través de un comunicado, el Observatorio de Infancia y Adolescencia de Cartagena, ‘Ángeles Somos’, denunció la criminalización por parte de las autoridades a personas que se dedican a la extracción de arena en la vereda La Europa, adscrita al corregimiento de Arroyo Grande en la zona norte de Cartagena.
Históricamente los pobladores de esta vereda se han dedicado a esta actividad, sin embargo, tras su prohibición, fundamentada en aspectos ambientales, han enfrentado múltiples barreras para mantener su sustento, del cual dependen varias familias en la comunidad.
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El observatorio conoció el caso de tres adultos que fueron detenidos y a los cuales les fue decomisada la volqueta en la que transportaban la arena, un elemento esencial para el desarrollo de su actividad.
“La extracción de arena ha sido una práctica ancestral que, además de tener un valor cultural y social, es la base económica que asegura la alimentación y el bienestar de un gran número de niños, niñas y adolescentes y sus familias”, expuso la organización.
En este sentido, destacaron la necesidad de establecer mecanismos de protección que garanticen los derechos de estas personas y sus familias que por esta situación se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
“Las autoridades deben equilibrar la necesidad de proteger el medio ambiente o la salud pública con los derechos fundamentales de la comunidad, como el derecho a la alimentación, la cultura y la subsistencia. Una medida inmediata sin contemplar estos derechos podría considerarse desproporcionada y vulnerar principios de derechos humanos”, dijeron.
Piden medidas transitorias para proteger a la comunidad
Ante este panorama, el observatorio propuso establecer medidas transitorias de flexibilización que permitan la extracción de arena en la comunidad bajo condiciones controladas hasta que se implementen otras alternativas económicas viables para ellos.
Esto bajo el fundamento de que el Estado tiene la obligación de implementar medidas compensatorias o alternativas que aseguren la subsistencia de la comunidad. “Esto implica buscar soluciones que protejan el entorno sin dejar a la comunidad sin medios de vida, especialmente a los más vulnerables”, indicaron.
De igual forma, pidieron medidas transitorias de protección social que aseguren el acceso inmediato a programas de alimentación, salud, educación y asistencia social para los niños y las familias de esta comunidad, en la cual muchas personas viven de forma precaria.
“La medida abrupta de prohibir la extracción sin contemplar alternativas pone en grave riesgo la supervivencia y el desarrollo de los niños de la comunidad. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la educación. La carencia de medidas compensatorias o alternativas laborales vulnera estos derechos fundamentales”, dijeron.
Para esto sugirieron el diálogo con los mismos pobladores y organizaciones de derechos humanos que permitan establecer esas alternativas, dentro de las que pueden estar la agricultura, el turismo comunitario, la recolección sostenible de los recursos naturales, proyectos de economía solidaria o el pago por servicios ambientales.
Llamado al Distrito y entes de control
Frente a esto, el observatorio hizo un llamado a la Alcaldía de Cartagena a analizar la situación y a entes como la Personería y la Defensoría del Pueblo para que sean garantes de los derechos de las personas de la comunidad.