Milton Pereira Blanco, jefe de la Oficina Asesora Jurídica rindió su informe de gestión ante el Concejo Distrital, en el cual explicó que con corte al 15 de febrero del 2025, el Distrito de Cartagena tiene un total de 3.267 procesos judiciales activos.
Esta cifra representa un incremento del 6,5% en comparación a los procesos que se tenían en el año 2023, que eran 3.066. Según explicó el funcionario el aumento se debe en gran medida a demandas presentadas por docentes con relación al Decreto 0284 de 2024, expedido por el Gobierno Nacional, y que está relacionado a su remuneración.
De esta manera, detalló que la mayoría de los procesos que se enfrentan son administrativos laborales (1.423) y administrativos no laborales (966). Después están los ordinarios (473) y finalmente los constitucionales (405).
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Aunque este es un volumen de procesos considerable, resaltó que en comparación al nivel nacional y a otros entes territoriales la cifra resulta moderada, pues los procesos del Distrito apenas representan el 1% de la litigiosidad en Colombia, que asciende a 334.672 procesos judiciales. Además, la ciudad de Bogotá cuenta con 9.164 procesos.
Las tutelas contra el Distrito
Por otro lado, en materia de tutelas Pereira explicó que la mayoría de las que se presentan contra el Distrito son por la vulneración al derecho de petición, lo cual traza un reto en materia de mejorar los tiempos de respuesta a los ciudadanos. Además, indicó que muchas corresponden a temas relacionados con la gestión catastral y al tránsito. Para el 2025, ya se cuentan 608 de este tipo.
Otras tutelas reclaman vulneraciones al derecho a la salud (204), el debido proceso (172) y la vida digna (72).
Aún así, el Distrito destacó su defensa frente a varias tutelas presentadas el año pasado, entre ellas las relacionadas al espacio público en el sector de Chambacú y por el desalojo del restaurante Café del Mar.
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Las acciones judiciales presentadas por el Distrito
De igual forma, Pereira resaltó varias acciones judiciales que ha presentado el Distrito con el fin de defender los intereses de la ciudad.
Una de las más destacadas es la acción popular por el caso del edificio Aquarela, con la cual se pretende que se le devuelvan a los compradores los dineros que invirtieron en este fallido proyecto de vivienda.
Así mismo, destacó las acciones presentadas en contra de la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar y la coadyuvancia en procesos relacionados a las tarifas de energía eléctrica.
Finalmente, una de las más recientes acciones tiene que ver con la demanda de reparación directa presentada contra la Concesión Vial, la cual pretende la devolución de $149 mil millones por no reintegrar al Distrito el dinero cobrado después de que se alcanzó la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los peajes del Corredor de Carga en el año 2020.
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