Las contrataciones por Orden de Prestación de Servicios (OPS) en los entes distritales en Colombia funcionan como una modalidad de vinculación laboral en la que una entidad pública contrata a una persona natural o jurídica para realizar una tarea específica por un tiempo determinado.
Estas contrataciones se utilizan para proyectos temporales, asesorías o servicios especializados, y el pago se realiza contra la entrega de productos o resultados estipulados en el contrato. Este último punto es el que tiene preocupados a ciudadanos que estuvieron vinculados como funcionarios del Distrito de Cartagena en 2024, y que bajo “la promesa de un nuevo contrato” aseguran estar trabajando desde enero del 2025 y sin respuesta hasta la fecha sobre el destino de sus contrataciones. Lea también: Inseguridad y desempleo: los principales problemas de Cartagena en 2025
La situación también ha afectado a ciudadanos que desde enero han reportado a El Universal no haber podido ingresar a la Villa Olímpica, complejos deportivos y algunas bibliotecas de la ciudad, pues se les habría prohibido el ingreso alegando, supuestamente, que “el Distrito no ha contratado personal”.
“Como es de costumbre, salí a trotar a la pista de atletismo Campo Elías Gutiérrez de Cartagena en la madrugada y nos prohibieron el ingreso a las personas que no hacemos parte de equipos deportivos, pues el acceso según es solo para los deportistas de alto rendimiento”, reportó Rosario Meléndez a este medio en enero.
Otro hecho más reciente es el de la extranjera Laurel Van Acker, quien tiene más de diez años en Cartagena y practica tenis como aficionada. Cuenta que lleva ocho años entrenando, y a finales de febrero de este año, cuando se presentó al Complejo de Raquetas de Cartagena, le prohibieron el ingreso.
“Yo práctico tenis por afición. Me encanta jugar y lo hago los días que me dan permiso en los complejos, generalmente tres o cuatro veces a la semana. Cuando les pregunté que por qué no me dejaban entrar, la explicación que me dieron fue que no habían firmado los contratos de mantenimiento. Sin embargo, escuché que en un escenario de natación un aficionado se cayó, por eso luego dijeron que los aficionados no podían volver a entrar debido a que estaban en mantenimiento y contratación”, señaló la ciudadana estadounidense. Lea también: Secretaría de Hacienda revela informe de recaudo, recursos y créditos públicos
Y agregó: “Ya me dejan entrar a algunos escenarios deportivos, pero me sigue preocupando la situación. Hasta el momento hay personas de mantenimiento en otros lugares con las que he hablado y me dicen que no les han firmado sus contratos, y siguen asistiendo con la esperanza de que los contraten, están gastando dinero. Me parece una falta de respeto, porque es gente humilde que muchas veces no tiene voz para reclamar porque pueden perder su plaza”.
“No hay manera de resarcir ese tiempo perdido”
El Universal consultó al abogado Euclides Castro Vitola, quien precisó que este hecho afectaría alrededor de 1.000 ciudadanos. Señala que el problema es que la vinculación de estas personas es por OPS, pero al no haber suscrito sus contratos, muchos de ellos deben seguir asistiendo a sus trabajos incurriendo en gastos propios de transporte y alimentación, mientras buscan cubrir los ingresos no percibidos a través de préstamos.
“En estos casos no hay manera de resarcir ese tiempo perdido. No estamos hablando de cientos, sino de miles de personas que siguen sin contrato, a pesar de que este año la administración anunció que el presupuesto se abrió más temprano que en años anteriores. Esto genera un condicionamiento psicológico en los contratistas, lo que se conoce como indefensión aprendida: se les dice que ‘peor es estar por fuera’ y terminan aceptando cada vez más demoras en la suscripción de sus contratos”, señaló Castro Vitola.
Y agregó: “A muchos les dijeron que, cuando regresara el alcalde de su visita a México, les resolverían el contrato, y ya estamos en marzo. Muchos de estos trabajadores han tratado de exponer el caso en los medios de comunicación, pero también temen que esto los afecte a nivel laboral. Esta misma incertidumbre los obliga a seguir asistiendo al lugar de trabajo, temiendo que su puesto se lo den a otra persona. Así se mantiene un círculo vicioso en el que los trabajadores se endeudan y prácticamente trabajan gratis”.
El peor escenario es que, si un contratista recibe su contrato en marzo, recién cobrará en abril. Si su salario es de tres millones de pesos, tras los descuentos de seguridad social, recibe aproximadamente 2.550.000 pesos. Pero como solo se contrata por cuatro meses, entre un bloque y otro puede haber un mes de interrupción, por lo que, al final del año, ese trabajador solo ha recibido ingresos por ocho meses. Es decir, si se promedian los pagos en los 12 meses del año, el contratista está ganando prácticamente el salario mínimo”.
Euclides Castro Vitola
El abogado señala que legalmente, esta situación sería irregular y que, en teoría, “las administraciones deben colocar avisos que prohíben el ingreso a personas sin contrato, pero en la práctica los contratistas continúan trabajando sin vínculo formal”.
“Esto vulnera los derechos laborales, ya que la normativa establece que si hay subordinación y se está cumpliendo una labor, debe haber una remuneración. Este problema sería grave porque uno de los principales obstáculos es que el Distrito, no tiene la capacidad (o peor aún, la disposición) de gestionar los contratos a tiempo. Lo peor es que, al interrumpirse los contratos, no hay manera de compensar ese tiempo de trabajo porque la ley prohíbe los llamados “hechos cumplidos”, es decir, no se puede pagar retroactivamente por un trabajo realizado sin contrato. Así, los trabajadores quedan en una situación de vulnerabilidad, sin garantías y sin la certeza de cuándo podrán recibir su pago”, concluyó Castro.
Este problema sería grave porque uno de los principales obstáculos es que el Distrito, no tiene la capacidad (o peor aún, la disposición) de gestionar los contratos a tiempo”.
Euclides Castro, abogado.
¿Qué dice el Distrito respecto a las contrataciones retrasadas de funcionarios?
El Universal consultó a la Alcaldía de Cartagena, desde donde indicaron que no existe un mínimo o máximo legal de OPS que la obligue a formalizar o contratar un número establecido de personas. “Cada dependencia ha contratado y está en proceso de contratación del personal por OPS que responda a la necesidad laboral y de funciones que requiere para este primer semestre. Desde el 1 de enero, desde la Dirección de Talento Humano, se le solicitó, a través de una circular a cada secretario, director o jefe de oficina que evite la convocatoria o el acceso de personal sin contrato a sus entornos laborales, procesos o espacios donde cumplan funciones. Esto compete directamente al personal sin contrato por OPS para prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión”, señaló el Distrito.
Y agregaron: “Quienes expongan que están trabajando sin contrato están faltando a la verdad, pues a través de la circular se prohibió el ingreso a personal que no tengan su situación laboral legalizada; y esto es una directriz que todos los jefes de área están obligados a cumplir”, indicaron desde Talento Humano.
Según lo señalado por el Distrito, el alcalde Dumek Turbay dio la orden directa de que “quien no tenga contrato, no tiene por qué ir a trabajar”. Al respecto, Yira Morales, directora de Talento Humano del Distrito, expuso: “En cuanto a la contratación de OPS, a diario avanza este proceso según la necesidad presentada por cada dependencia. Vamos bien en ese proceso, trabajando de la mano con cada jefe de área que presenta su necesidad en este sentido”.