La Alcaldía de Cartagena ordenó suspender de manera inmediata las obras del proyecto inmobiliario Vento Cabrero, en El Cabrero, tras un fallo judicial que determinó un riesgo ambiental en la zona debido a la construcción.
La decisión fue tomada luego de que el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena fallara a favor de una acción popular interpuesta por residentes y colectivos ambientalistas, preocupados por el impacto ecológico de la construcción sobre la Laguna del Cabrero.
La jueza a cargo del proceso decretó una medida cautelar que ordena suspender cualquier actividad de cerramiento, perforación o construcción relacionada con el proyecto inmobiliario. Lea también: Hay preocupación en las familias que compraron en Lagos del Cabrero
“La Laguna del Cabrero es un cuerpo de agua de gran valor ambiental, cultural e histórico para Cartagena de Indias y para la administración del alcalde Dumek Turbay Paz, la cual se ha esforzado por recuperarla de manera integral”, explicó el Distrito tras el fallo.
La acción legal ante el proyecto Vento Cabrero, en Cartagena
Vecinos de El Cabrero, junto con organizaciones defensoras del medioambiente, alertaron en meses recientes sobre las intervenciones que se adelantaban en el sector.
Según el Distrito, habían reportado movimientos de tierra, cerramientos y actividades constructivas que ponían en peligro el equilibrio ecológico de la laguna.
La Alcaldía afirmó que estas obras civiles generaron preocupación por el riesgo de afectar a los cuerpos de agua, alterar los manglares y la posible pérdida de hábitats naturales.
Ante este escenario, la comunidad interpuso una acción popular con el objetivo de proteger los derechos colectivos a un ambiente sano, la conservación de los recursos naturales y la protección del patrimonio ecológico de la ciudad.
Como resultado, la autoridad judicial decretó la medida cautelar de suspender las obras o intervención alguna en el proyecto inmobiliario Vento Cabrero. Según el Distrito, la orden afecta a las empresas responsables, Smart Bau, Eléctrica S.A.S. y Araújo y Segovia.
El Distrito resaltó que la medida busca prevenir daños ambientales irreversibles sobre la Laguna del Cabrero, proteger los manglares, cuerpos de agua y garantizar que cualquier desarrollo urbanístico respete las normas ambientales y el equilibrio ecológico del sector.
Distrito acata la orden de suspensión de obras en Vento Cabrero
En cumplimiento de la medida, la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía de Cartagena, liderada por Emilio Molina, anunció que se garantizará que se acate la orden judicial y velará por los derechos apelados por la comunidad.
“Esta medida cautelar busca salvaguardar los intereses de los demandantes y tiene como propósito prevenir que eventualmente ocurra un mayor daño a los ecosistemas naturales de nuestra ciudad, por lo anterior, siendo respetuosos con la medida adoptada por la jueza, y siguiendo las directrices del alcalde Dumek Turbay Paz, velaremos por el cumplimiento de esta orden”, afirmó Molina.
La Alcaldía señaló que dentro del trámite procesal se contemplaron las medidas, los pronunciamientos jurídicos y técnicos de las autoridades, como la Superintendencia de Notariado y Registro, Curaduría Urbana N° 2, Procuraduría General de la Nación, Alcaldía de Cartagena de Indias, Personería Distrital de Cartagena de Indias y la Dimar.
Lo que dice una de las empresas involucradas en el caso
María Cecilia López, asesora jurídica de la empresa Araújo y Segovia, comentó que en realidad esta acción no se dirige a lo ambiental.
“La realidad detrás de esta acción no es una preocupación ambiental, sino que los vecinos del sector no quieren perder su vista al paisaje. No obstante, argumentaron que el proyecto impactaría los manglares y el cuerpo de agua”, indicó la abogada.
López aseguró que se realizó una audiencia para conciliar, donde estuvieron presentes varias entidades. “Durante el proceso legal, se llevó a cabo una audiencia de conciliación en la que participaron la Alcaldía, la Personería, la DIMAR, la Procuraduría y otras entidades. Todos coincidieron en que no había vulneración de derechos. Yo asistí en representación de Araújo y Segovia y puedo afirmar que no se identificaron afectaciones ambientales ni legales”, señaló.
Y agregó: “Lo que se percibe es que ningún derecho de estas personas están vulnerados. Han sido altamente perjudicados los que construyen el edificio”.
La asesora aseguró que Araújo y Segovia no tiene la ejecución ni la administración del proyecto. “No hemos recibido dinero de compradores o vendedores, solo somos intermediarios inmobiliarios. Estamos aquí porque siempre nos quieren atribuir responsabilidades que no nos corresponden”, sostuvo.
La ley establece que el corredor no representa al que vende ni al que compra, no hace parte del negocio, sencillamente es una figura que creó el Código de Comercio, el cual es un tema para las inmobiliarias, esa es nuestra función. Solo damos a conocer proyectos”,
María Cecilia López, asesora jurídica de la empresa Araujo y Segovia
La abogada explicó que a la empresa inmobiliaria no le corresponde tomar medidas en el asunto. “Quienes deben responder legalmente son los señores de Smart Bau, responsables directos del proyecto. Ellos han solicitado la reposición del auto que decretó la medida cautelar y están defendiéndose en el proceso. Esto ha generado un daño considerable en la imagen de la edificación”, aseveró.
Y concluyó: “Nuestro único papel fue comercial. Damos a conocer el proyecto mediante un contrato de corretaje con Smart Bau. Sin embargo, nos perjudica que nos mencionen en noticias como si fuéramos responsables”. Le puede interesar: Hay expectativa por el futuro del proyecto Mirador del Baluarte II