Las primeras regulaciones en torno al trabajo sexual no son nuevas, comenzaron en la baja Edad Media. Como medida, los prostíbulos fueron alejados de las grandes ciudades debido a que el oficio comenzó a ser mal visto desde el punto de vista cristiano, aunque para otros era “un mal necesario” que evitaría violaciones y la homosexualidad.
Las esposas de quienes sucumbían a estos placeres lo sabían, y algunas solo se limitaban a procrear, mientras aquellas mujeres eran requeridas para hacer realidad cualquier deseo erótico. Con la aparición de las enfermedades de transmisión sexual, la prostituta pasó de ser respetada a vista como una amenaza, un estigma que perdura hasta hoy.
La prostitución es una realidad en todos los países, y al discutir sobre si es un trabajo como cualquier otro o no, chocan distintas consideraciones morales. Una discusión que no está sanjada y que ha hecho a Colombia transitar por distintas etapas a nivel de derechos humanos son las zonas de tolerancia y las garantías para quienes tomaron la decisión de ejercer el trabajo sexual de manera segura.
Desplazadas y sin solución del Distrito: el panorama de trabajadoras sexuales en Cartagena
Cartagena no es ajena a esta problemática. En enero de 2024, a través del Plan Titán, propuesto por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se anunciaron las medidas con el Decreto 003 de 2024, que incluía la suspensión del ejercicio de la prostitución en el Centro Histórico, además de la restricción de movilidad de menores de 16 años, con el fin de evitar la explotación y mendicidad infantil.
A partir de ese momento otro drama se sumaría a quienes ejercen el trabajo sexual en la ciudad, así lo describe Adelaida Torres*, quien una vez vio las vallas en la Torre del Reloj supo que debía buscar otro lugar. Los primeros días se quedó en su casa descansando, pensó que la medida sería “un arrebato del momento”. Después llegó la asimilación, y finalmente la resignación la llevó a salir dos días por semana al barrio El Bosque, donde duró poco, pues siente que en el sur de la ciudad tiene menor competencia, aunque ahí se expone a un mayor peligro y vive preocupada de que su plaza sea dañada por nuevas trabajadoras sexuales que se suman al oficio sin mayor experiencia. Lea también: Trabajadoras sexuales: un burdel subterráneo y una tubería sin resanar
“El comportamiento de una nos afecta a todas. En mi barrio todo el mundo sabe a lo que me dedico y nunca me han faltado al respeto. Pero es duro trabajar al lado de algunas que no saben cómo comportarse. Yo he intentado dar charlas, también he buscado espacios para tener orientación, pero aquí en Cartagena no está bien consolidada una asociación, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) tampoco hace actividades de tamizaje que nos quiten la preocupación sobre nuestra salud”, señaló la trabajadora sexual.
Y añadió: “Como mujeres hemos normalizado la violencia. Dicen que la tenemos fácil, pero en Cartagena este trabajo es peligroso. He conocido muchas compañeras en este medio: algunas fueron asesinadas, otras contrajeron enfermedades, y aun así siguen adelante. Aprendemos a cuidarnos, sobre todo quienes trabajamos en aplicaciones, porque hay hombres que nos buscan es para agredirnos. Las autoridades no hacen nada, creen que estamos jugando. Algunas son tan ignorantes, o inocentes, que no saben qué derechos tienen, y se les van las noches así, se dejan decir de todo. Pero yo anoto todo, estoy pendiente a las noticias. El año pasado prometieron una zona de tolerancia, pero quedó en palabras”.
En una ciudad turística, la prostitución podría intensificarse por la alta demanda, convirtiéndose en un problema social y de salud pública. La falta de regulación expone a las trabajadoras sexuales a este escenario, al cual se suman las plataformas digitales, que en los últimos años comenzaron a jugar un rol significativo en el oficio. “Algunas más discretas llegan al Centro, instalan Grindr (aplicación internacional para encuentros casuales), y fijan un punto de encuentro con el cliente. La misma app te dice a cuántos pasos de distancia está, y te proporciona información sobre sus pruebas de sífilis y VIH, aunque no siempre es del todo precisa y confiable”, contó Torres*.
Prostitución no es sinónimo de VIH
El Universal consultó al Dadis, para obtener información sobre la prevalencia del VIH en trabajadoras sexuales, si hay un aumento en los casos y qué estrategias han implementado para la prevención.
Más allá de los estigmas, están las cifras. Según la información que registra el Dadis en sus archivos, es de tan solo 1,21% el porcentaje de positividad de VIH en la población que ejerce el trabajo sexual en Cartagena.
No obstante, sí se presenta un aumento en los casos. Fueron más de 2.800 pruebas rápidas de VIH que realizó el Dadis a esta población en 2024, de estas, 31 resultaron reactivas, a diferencia de 2022, cuando sólo fueron 11 pruebas las que dieron positivo, de 1.387 que se realizaron.
En lo que va del 2025 se han realizado 125 pruebas de VIH a trabajadoras sexuales y cuatro han dado positivo.
A continuación, una infografía con los porcentajes:
Desde la dependencia destacaron que no tienen un número exacto de cuantas personas ejercen el trabajo sexual en la ciudad, como tampoco, el conocimiento de cuántas personas hay positivas con VIH, pues hay ciudadanos que viven con el virus y lo desconocen.
Para la población que vive con el virus es de suma importancia que se haga un seguimiento riguroso en sus tratamientos, teniendo en cuenta que, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se suspendió por 90 días el desembolso de fondos para cooperación internacional, generando preocupación global por su impacto en la respuesta al VIH. No obstante, esta semana llegaron al país 300 mil tabletas de Dolutegravin.
¿La prostitución se fue del Centro, o no del todo?
Según señaló el colectivo de residentes “Somos Centro Histórico”, si bien se han cerrado dos cabarets y se prohibió el tránsito por la Torre del Reloj, la prostitución sigue activa y se ha trasladado a otras zonas, con mujeres que permanecen en las calles hasta altas horas de la noche. Además, denuncian que, a partir de la 1 a. m., la presencia policial desaparece en Getsemaní, dejando el área sin control.
“Queremos entender la relación entre esta actividad y el creciente problema del sicariato en Cartagena, una conexión que en otras ciudades ya ha sido documentada. Vemos con preocupación que las políticas públicas del Centro Histórico se diseñan con los actores económicos, pero no con los actores sociales. Las comunidades residentes no hemos sido tenidas en cuenta. Tampoco se nos ha informado cómo el Plan Titán se articula con este problema”, señaló el colectivo.
Y agregaron: “Las zonas afectadas del Centro siguen siendo las mismas: la calle San Agustín Chiquita, la Primera y Segunda de Badillo, la Calle de las Carretas, la Calle del Colegio y otras áreas que, cada día, están más tomadas, lo único que ha cambiado es el horario, ya no llegan a las 8 p.m. sino a las 11 p.m.. Tú pasas y las ves en fila india, pasan una detrás de otra”.
En septiembre, los residentes organizaron un encuentro con diversos actores de la comunidad, incluyendo a los padres jesuitas, para debatir el impacto de la explotación sexual en el Centro. Durante el evento, se discutió la posibilidad de establecer una zona específica para la prostitución. El Colectivo cuestiona la falta de acciones concretas por parte del Distrito y exige respuestas sobre los estudios y estrategias implementadas. “Nadie hace un trabajo profundo y serio”, señalan, insistiendo en la urgencia de medidas. Lea también: Dumek Turbay propone “Zona de Adultos” en Cartagena, ¿de qué se trata?
En Cartagena aún no hay una zona autorizada y su creación depende de la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Al respecto, el Distrito explicó a El Universal que la Secretaría de Planeación está actualizando el diagnóstico del territorio como parte del proceso de ajuste y revisión, para así definir la viabilidad de una zona de adultos (Zona A).
En 2024 se realizaron mesas de trabajo donde la comunidad, organizaciones y el Distrito dialogaron sobre las oportunidades, retos, limitaciones y potencialidades del territorio. La Alcaldía de Cartagena señaló que a mitad de este año se iniciarán las mesas de participación ciudadana para la formulación del POT. Finalmente, la Secretaría de Planeación presentará, en el segundo semestre del año, el proyecto de acuerdo del POT al Concejo y a las autoridades ambientales para su concertación. “Con este POT aprobado, Cartagena contará con la posibilidad de un mejor uso racional del suelo, donde procesos como la Zona A se establecerán acorde a las normas, los derechos y la convivencia ciudadana”, aseveró el Distrito.
El Universal también contactó a Distriseguridad, entidad adscrita al Distrito. Indicaron que han realizado operativos en conjunto con la Policía Metropolitana de Cartagena, utilizando drones del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado, dispositivos que permiten monitorear zonas estratégicas, identificar riesgos y responder a emergencias de manera más eficiente. Además, la entidad informó que ha adelantado jornadas de socialización sobre normas de conducta para fortalecer la seguridad y controlar el trabajo sexual en el Centro Histórico. Este medio también consultó a la Secretaría del Interior para obtener información sobre la operación, pero no se obtuvo una respuesta.
Problemática en el limbo
Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, explicó a El Universal los desafíos legales que enfrenta Colombia con respecto al trabajo sexual. La experta señaló que la informalidad en este sector es un problema complejo, y más si se trata de la falta de acceso a la seguridad social, pues muchas trabajadoras sexuales quedan expuestas a riesgos laborales sin protección alguna, lo que las deja vulnerables ante accidentes o enfermedades derivadas de su oficio, sin posibilidad de recibir respaldo.
Este oficio, según Morad, también es informal en términos de inestabilidad económica y ausencia de derechos laborales básicos. “Por eso las entidades gubernamentales, en especial el Ministerio de Trabajo, tienen la responsabilidad de garantizar la protección de estos trabajadores y velar por el cumplimiento de sus derechos”, señaló la experta.
Y agregó: “Desde el ámbito legal, la Corte Constitucional ha reconocido que deben contar con al menos una protección en seguridad social. Sin embargo, aquí surge un problema clave: si bien estos trabajadores tienen derecho a asociarse, pero no pueden sindicalizarse. La legislación laboral en Colombia exige la existencia de un contrato para que un trabajador pueda formar parte de un sindicato. Pero debido a que el contrato de trabajo implica subordinación y en Colombia la promoción de la prostitución está penalizada, no se ha reconocido que puedan tener un contrato formal”.
A nivel internacional la situación es distinta. En Países Bajos y algunas naciones nórdicas, por ejemplo, el trabajo sexual está regulado y supervisado, lo que ha producido beneficios para quienes ejercen la actividad dentro del marco legal. Sin embargo, “siguen existiendo retos, especialmente para trabajadores migrantes que permanecen al margen de la regulación y enfrentan mayores vulnerabilidades. Aun así, en los países donde hay regulación y vigilancia, se han logrado avances en la protección de los derechos de estos trabajadores”, finalizó la directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana.