Habitantes del edificio Rincón de Covadonga, en el Centro Histórico de Cartagena, y miembros del consejo del edificio están preocupados por una construcción que fue sellada en diciembre del año pasado en este predio, pero aseguran que pese a ello se ha seguido ejecutando.
Según lo explicado por los denunciantes, este edificio es de uso mixto: en los dos primeros pisos hay oficinas y locales comerciales, mientras que en el tercer piso hay unidades residenciales destinadas al alquiler. Desde el año pasado expresan estar enfrentado una situación preocupante con la unidad 302, que fue adquirida por una sociedad en enero del 2023. Lea también: Por riesgo de colapso, Distrito y dueños del edificio Alpes 31 se reunieron
“A mediados de ese año, iniciaron obras bajo el argumento de mantenimiento y remodelación; sin embargo, con el tiempo, evidenciamos que las intervenciones iban más allá de simples mejoras. Dos unidades del tercer piso tienen derecho a la terraza del edificio y, habitualmente, en Cartagena, estas se han acondicionado con pérgolas y espacios de esparcimiento. No obstante, en este caso, el propietario ha realizado construcciones que alteran la estructura original, incluyendo el levantamiento de nuevas paredes, la instalación de un jacuzzi y la fundición de una nueva plancha que, en la práctica, equivale a un quinto piso”, señalan los habitantes del edificio.
Cuentan que en noviembre varios de los propietarios se unieron para radicar un derecho de petición ante el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y en diciembre los funcionarios intentaron inspeccionar la obra, pero el propietario no les permitió el acceso. Finalmente, desde una terraza vecina, lograron evidenciar la magnitud de las modificaciones y procedieron a sellar la obra el 5 de diciembre del 2024. A pesar de esta medida, según lo asegura la comunidad, las obras continúan realizándose sin autorización.
“Nos preocupa la estabilidad del edificio, que es de tipo republicano y está construido sobre un antiguo aljibe. Hasta la fecha, el propietario no ha presentado ningún estudio estructural o aval de una entidad competente que garantice la seguridad de las obras que está realizando. Hemos acudido a múltiples instancias: IPCC, Secretaría del Interior, Policía y Gestión del Riesgo, pero la respuesta ha sido lenta o nula. Mientras tanto, la construcción avanza sin control, entra y sale gente con materiales de construcción, escuchamos los ruidos y se han afectado ya los cielos rasos de algunas plantas”.
Y agregaron: “Tenemos imágenes de que están construyendo en concreto y ladrillos, lo cual está prohibido en este tipo de edificios republicanos. Pedimos urgentemente que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto antes de que ocurra una desgracia. No queremos que, cuando el daño esté hecho, la única solución sea ordenar una demolición, cuando se pudo haber prevenido con una intervención oportuna”.
El Universal conversó con quien sería la persona responsable de esta obra. No obstante, hasta el momento no ha dado una respuesta o pronunciamiento oficial frente al tema.
El IPCC se pronuncia
El Universal contactó al IPCC, desde donde indicaron que vienen desarrollando procedimientos sancionatorios y averiguaciones preliminares frente a incumplimientos normativos. Respecto al caso del edificio Rincón de la Covadonga, y con relación con las obras adelantadas, aseguran haber actuado con celeridad.
“El 5 de diciembre del 2024, mediante el auto IPCC-AUTO-00135-2024, se abrió una investigación preliminar y se ordenó la suspensión preventiva de las obras. Esta decisión fue notificada a la Policía Metropolitana de Cartagena y a la Inspección de Policía para su ejecución. Actualmente, la obra permanece suspendida y sellada, en acatamiento de la orden impuesta por el IPCC”, indicó la entidad.
El IPCC señaló que no ha autorizado ningún permiso de ejecución de obras ni levantado la suspensión establecida. “Es importante hacer la salvedad de que no exponemos públicamente caso por caso. Esta explicación a detalle obedece a un requerimiento del medio. Las actuaciones administrativas del IPCC se encuentran en firme y, conforme a la normativa vigente, corresponde a la Policía Nacional hacer cumplir la orden de sellamiento impuesta”.
En el 2024 se tomaron medidas sancionatorias sobre 53 inmuebles deteriorados. Se realizaron 426 visitas técnicas en el Centro Histórico y su área de influencia, incluidas 104 inspecciones a inmuebles deteriorados, 284 a obras civiles y 38 a avisos publicitarios.