Colombia enfrentó uno de los apagones más largos de su historia, que se extendió desde marzo de 1992 hasta febrero de 1993. Durante este periodo, Bogotá sufrió cortes de luz de hasta nueve horas diarias, mientras que en seis departamentos de la Costa Atlántica la interrupción alcanzó las diez horas.
La situación fue aún más crítica en San Andrés y Providencia, donde la ausencia de electricidad se prolongó hasta por 18 horas al día.
Las principales razones detrás de esta crisis energética fueron: el Fenómeno de El Niño, que provocó una drástica reducción en los niveles de los embalses, también influyeron los retrasos en el megaproyecto hidroeléctrico del Guavio con los sobrecostos y problemas administrativos que impidieron su puesta en marcha a tiempo. Por otra parte estaba la devaluación del peso, que agravó la situación económica del país y las deficiencias en la administración de ISA, pues la empresa encargada del transporte de electricidad no pudo responder de manera eficiente a la crisis. Lea también: Gremios advierten posible apagón y escasez de gas en Colombia
Pero eso no fue todo. Para enfrentar la emergencia, el Gobierno implementó varias estrategias, una de las más “descabelladas” para algunos, fue el cambio de horario: a partir del 2 de mayo de 1992, por iniciativa de Juan Manuel Santos, entonces ministro de Comercio, se adelantó una hora en los relojes, medida conocida como ‘La Hora Gaviria’. Sin embargo, su efectividad fue debatida, ya que aunque ayudó a disminuir la demanda energética en ciertos horarios, no resolvió los problemas estructurales del sistema eléctrico colombiano. Esta iniciativa se mantuvo hasta enero de 1993.
Durante la crisis se adquirieron barcazas generadoras de la firma HMS Global Corporation, pero no fueron compatibles con el sistema interconectado del país, generando una pérdida de nueve millones de dólares.
“Ese apagón nos cambió la rutina, a algunos nos puso patas pa’ arriba. En esa época no estaba muy desarrollado eso del internet, me imagino que si eso pasa ahora, con tantas redes sociales que hay, la gente se vuelve loca. Yo me acuerdo que habían familias enteras ingeniándoselas para jugar ludo y no aburrirse, y no tener que entrar a las casas con ese calor. Los comerciantes fueron los que más sufrieron, la carne se les dañaba y les tocaba comprar de a poco”, relató un ciudadano que vivió la crisis en Cartagena a El Universal.
Secuelas y reformas en el sector eléctrico
El servicio comenzó a normalizarse en febrero de 1993 con la recuperación de los niveles en los embalses. Como resultado del apagón, el Gobierno creó una Comisión de Evaluación que responsabilizó a ISA y la sancionó con una multa. Además, se llevaron a cabo reformas estructurales en el sector energético: Creación de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) en 1994, apertura a la inversión privada, regulación del sector con la Ley 143, que estableció normas para la generación, interconexión y transmisión de energía y la finalización de proyectos como la hidroeléctrica del Guavio y centrales como Urra, Porce II y Miel II. Lea también: Precio del gas: ¿habrá incrementos en el recibo en Bolívar?
Pero esta no fue la única vez, se repitió en 1998 en Córdoba. Con la cantidad de apagones que se soportaron en Monteria, los dueños de negocios tuvieron que sacar nuevamente las plantas a la aceras. Según indicaron los funcionarios de la división técnica de la electrificadora de Córdoba se presento una falla en el circuito 2 de la subestación de Montería.
El posible apagón en el Caribe en 2025
El apagón de 1992 dejó lecciones importantes sobre la necesidad de planificación energética y modernización del sector, cambios que transformaron la manera en que Colombia gestiona su sistema eléctrico hasta el día de hoy, un presente en el que continúan las precauciones y riesgos de que la historia vuelta a repetirse.
Esta alerta fue lanzada por el gerente de EPM al Gobierno Petro, donde expresó preocupación ante la inminente alerta por una posible suspensión del servicio de energía en el Caribe. Esta situación, se presenta como consecuencia de los incumplimientos por parte del Gobierno de Gustavo Petro, el cual se comprometió al pago de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, y la promesa de asumir la deuda de los usuarios por concepto de opción tarifaria, la cual ronda los $4.5 billones de pesos.
Si el Gobierno nacional no cumple sus compromisos y obligaciones y no cesa en su propósito de intervención del mercado de manera desarticulada, debilitando la institucionalidad y el modelo del sector, es inminente e inevitable para los prestadores la interrupción del servicio en las distintas zonas del país”.
John Maya Salazar
El Universal conversó con Amylkar Acosta, Ex ministro de Minas y Energía y docente-investigador de la Universidad Externado de Colombia, quien señala que la causa raíz de cuanto acontece en Ecuador es muy similar al caso colombiano.
“Ecuador padece diariamente hasta 10 horas de racionamiento del servicio de energía. Esa película ya la vimos, se rodó en Colombia hace 32 años, cuando sufrimos los rigores de un racionamiento similar, que se extendió por espacio de 14 meses entre los años 1992 y 1993 (343 días, entre 9 y 10 horas de racionamiento, 15% de la demanda)”, indicó Acosta.
Y agregó: “como antecedente de la calamidad, que significó para el país el apagón, es importante destacar que entre los años 1990 y 1991 se adelantaron varios congresos internacionales sobre la energía, en los cuales se empezó a ventilar la necesidad de una reforma del Sistema, constituyéndose el apagón en el catalizador que la hizo posible. De allí que la expedición de las leyes de servicio público (142 de 1994) y eléctrica (143 de 1994), que son hermanas siameses y no se puede entender la una sin la otra, fueran su respuesta, asimilando las lecciones aprendidas del mismo”.
El experto a anotó los siguientes puntos con los que ve la similitud de la problemática de Colombia con el caso de Ecuador:
1. Dependencia en un 79% de la generación hídrica (Colombia 80%).
2. Atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión debido a la estatización del sector y a la falta de espacio fiscal (en Colombia absorbía el 45% de la deuda pública) para las inversiones requeridas.
3. De 3.000 MW capacidad instalada de generación térmica, solo 700 MW están operativos por obsolescencia y falta de mantenimiento por falta de recursos.
4. Las tarifas las fija el ejecutivo, sujeta a consideraciones políticas y no técnicas.
“Como es bien sabido en el año 2015 tuvo lugar la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, la COP 21, la que concluyó con la firma del Acuerdo de París, el cual se planteó como objetivo fundamental la descarbonización de la economía. Con el advenimiento de la administración presidida por Gustavo Petro se esperaba que la Transición energética tendría las mayores y mejores oportunidades de desarrollo, ya que la misma constituía para él su apuesta central. Pero, del dicho al hecho hay mucho trecho y en materia de Transición energética justa, como quedó contemplada en la Ley 2234 de 2023 del Plan Nacional de desarrollo 2022 - 2026, todo se ha quedado en la retórica”, señaló Acosta.
Y concluyó: “el atraso en la marcha de los proyectos y de la entrada de los mismos tienen al Sistema en el más alto grado de stress, el cual tiende a agudizarse, dado que mientras el consumo de energía crece por encima del 5% la oferta del fluido eléctrico aumenta el 2.5%, previéndose un crecimiento exponencial de la demanda por electricidad en los próximos años por cuenta de la mayor demanda”.