El sistema judicial colombiano ha sido ratificado como soberano para resolver litigios administrativos entre el Estado y empresas extranjeras, sin comprometer los acuerdos comerciales internacionales. Así lo confirmó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) tras el fallo de un tribunal arbitral internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El caso giraba en torno a una disputa legal presentada por las empresas estadounidenses Amec Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants, Inc. contra el Estado colombiano. Estas compañías alegaban violaciones al acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos debido a un proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría General de la República. Lea también: Galeón San José: reiteran que es patrimonio cultural y no hallazgo privado
El conflicto surgió por presuntos sobrecostos y demoras en la ejecución del proyecto de modernización y expansión de la Refinería de Cartagena (Reficar), donde las firmas estadounidenses actuaron como contratistas.
Decisión del tribunal CIADI
El tribunal arbitral, conformado por los árbitros José Emilio Nunes Pinto (presidente), John Beechey y Marcelo G. Kohen, declaró inadmisibles las reclamaciones de las empresas estadounidenses. Según los árbitros, no existía una medida definitiva emitida por el Estado colombiano que violara el acuerdo comercial o constituyera una denegación de justicia bajo el derecho internacional. Además, destacaron que la demanda fue presentada de manera prematura, ya que las empresas no habían agotado los recursos legales disponibles en Colombia. Lea también: Alcaldía sembrará 115.000 árboles: así llenarán a Cartagena de jardines
Aunque la Contraloría emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra las compañías, el tribunal señaló que estas aún debían presentar el recurso de revisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica (ANDJE) destacó el trabajo en equipo realizado junto con los abogados de la firma internacional Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, quienes brindaron asesoría en este proceso.