Más de 40 extrabajadores de HealthCars, empresa que está en el barrio Piedra de Bolívar y dedicada a servicios logísticos en el sector salud, denuncian que no han recibido el pago de sus liquidaciones desde su desvinculación el año pasado.
“Hemos agotado todas las instancias y no ha sido posible una solución a nuestra solicitud”, expresó Diana Uribe, una de las afectadas, quien junto a varios compañeros enfrenta problemas relacionados con la liquidación y la seguridad social.
Uribe detalló que llevan meses buscando una respuesta: “Actualmente enfrentamos problemas con nuestra liquidación y la seguridad social. Nos adeudan seis meses de aportes y estamos perdiendo semanas de cotización. Llevamos cuatro meses desde que nos retiramos y, en el caso de otras compañeras, ya ha pasado más de un año sin respuesta”.
Paola Torres, otra extrabajadora, expuso que su caso sigue sin resolverse a pesar de múltiples gestiones: “En marzo cumpliré un año de haber salido de la empresa y hasta ahora no he recibido la liquidación. He ido semanalmente y siempre me dicen que espere; sin embargo, vemos que la empresa sigue operando, contratando personal y organizando eventos. Esto nos demuestra que sí tienen recursos, pero no cumplen con las obligaciones que tienen con nosotros”.
Los denunciantes también aseguran que, aunque algunas personas han recibido pagos parciales, estos no incluyen la totalidad de los aportes a la seguridad social. Además, lamentan la falta de respuesta por parte de las autoridades laborales. Puede leer: Atienden caso de menor en riesgo de trabajo infantil en Cartagena
La respuesta de HealthCars
El Universal consultó a Néstor Lara, representante legal de HealthCars, quien afirmó que la empresa enfrenta una crisis financiera debido a retrasos en los pagos de las aseguradoras y problemas en la rentabilidad de algunos servicios.
“El 2024 fue un año complejo debido a reformas, retrasos en los giros por parte de las EPS y la intervención de algunas de ellas. Esto afectó nuestro flujo de caja. Somos una empresa con ocho años de trayectoria, comprometida siempre con nuestros trabajadores. Durante la pandemia trabajamos con mucha responsabilidad, pero el 2024 fue atípico”, explicó Lara.
El representante añadió que a la empresa le adeudan una millonaria suma por parte de entidades como el ADRES y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, recursos que esperan para cumplir con las obligaciones pendientes.
“El año pasado nos vimos en la difícil situación de tomar decisiones drásticas, como dejar sin empleo a más de 40 trabajadores, ya que algunas líneas de negocio dejaron de ser rentables por los retrasos en los pagos de las EPS. Además, las deudas con entidades como el ADRES y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo han complicado aún más las cosas, con más de 1.500 millones de pesos pendientes de pago”, señaló. Puede leer: MinTrabajo revisará requisitos legales tras el despido masivo en Tigo
Postura de la Oficina del Trabajo
Al ser consultada por este medio, la Oficina del Trabajo en Bolívar precisó: “Las obligaciones laborales de las empresas hacia los trabajadores están contempladas en la ley y el Ministerio del Trabajo tiene la competencia de vigilar que estas se cumplan.
“En los casos en que se constate que existe una relación laboral y la empresa no cumple con esas obligaciones, el Ministerio tiene la facultad de investigar y, si es necesario, sancionar; sin embargo, el Ministerio no tiene la competencia para obligar a la empresa a pagar directamente. Esa función corresponde a la rama jurisdiccional del Estado, es decir, a los jueces laborales”, indicó un vocero.
También señalaron que si la relación laboral ya terminó y hay prestaciones pendientes, los trabajadores pueden acudir al Ministerio del Trabajo para que este cite al empleador e intente buscar un acuerdo. En caso de no lograrse, los empleados tienen la posibilidad de demandar el cumplimiento de los pagos adeudados.
Sobre los despidos masivos, la entidad explicó que, cuando estos no corresponden a una justa causa, las empresas están obligadas a informar al Ministerio del Trabajo y solicitar autorización para realizarlos. “Si esto no ocurre, esos despidos no tienen existencia jurídica, es decir, no se considera que la relación laboral haya terminado legalmente. Esta es una postura respaldada por la Corte Constitucional desde hace varios años”, concluyó el vocero.
Así las cosas, mientras HealthCars alega problemas financieros para justificar los retrasos en los pagos, los extrabajadores insisten en que la empresa debe responder por sus obligaciones laborales. El caso sigue abierto, a la espera de una solución que permita a los afectados cerrar este capítulo.