En el icónico Baluarte Santo Domingo se logró posicionar un establecimiento comercial durante más de 20 años en Cartagena. Se trata de Café del Mar, un restaurante bar al aire libre, que tocó las fibras de varios turistas nacionales e internacionales.
Sin embargo, cuando el sol se preparaba para dar un espectáculo de atardecer el 2 de septiembre del 2024, se presentó una noticia que dejó a muchos atónitos. La Alcaldía de Cartagena se acercó al reconocido establecimiento y adelantó un operativo de desalojo.
Según el Distrito, la acción se amparó en una sentencia del 2022 emitida por el Consejo de Estado, en la cual se ordenó a la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), liquidar el contrato de arrendamiento que tuvo con el restaurante. Lea también: Desalojan Café del Mar: ¿se despide un lugar emblemático de Cartagena?
Según la sentencia, el contrato de arrendamiento con el restaurante vulneraba los derechos colectivos al goce del espacio público y la defensa del patrimonio cultural.
“El arrendamiento persigue que este uso sea exclusivo y temporal, mientras que el concepto de ‘bien de uso público’ tiene una vocación de uso para todos, cuestión que es esencial en dicha figura y que de modificarse la desnaturaliza, como ocurre cuando se entrega su ‘uso exclusivo’ a un particular, que es lo que sucede con el contrato de arrendamiento”, decía el fallo.
Lo que dijo Café del Mar del desalojo
Luego de lo sucedido, el restaurante bar no demoró en pronunciarse y rechazó el operativo. Además, argumentó que del establecimiento dependían cientos de familias.
También hicieron mención a la decisión del Consejo de Estado, asegurando que el fallo “no evidenciaba ningún tipo de irregularidad o vulneración al patrimonio material o inmaterial de la ciudad”.
“Aunque el contrato firmado entre la Escuela Taller y Café del Mar autoriza el uso de 2.010 m² del Baluarte Santo Domingo, solo hacemos uso de 1.500 m², es decir, nunca se ha utilizado más del espacio autorizado”, subrayaron en ese momento, relacionando que la empresa se acogió a los términos establecidos en el contrato de arrendamiento.
Jairo Morad, director operativo de la empresa, cuestionó que la diligencia de desalojo se hiciera sin aviso previo. Aclaró que vulneraron, en su criterio, el debido proceso.
También hizo énfasis en que en el restaurante laboraban 90 personas, con contratos a término indefinido, dentro de las que se encontraban madres cabeza de hogar, mujeres embarazadas y estudiantes.
Declaran como improcedente demanda de Café del Mar por su desalojo
Tras el hecho ocurrido, el restaurante presentó una acción de tutela, indicando que durante el desalojo les vulneraron el debido proceso, su derecho a la defensa y el acceso a la administración de justicia.
Ante esto, solicitaron que se les restituyeran los bienes que les fueron incautados durante el operativo y dejar sin efectos la diligencia. Le puede interesar: Declaran improcedente tutela de Café del Mar contra el desalojo
Sin embargo, el 17 de septiembre el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cartagena, emitió una providencia en la cual declaró improcedente la acción judicial.
Además, la misma señaló que Café del Mar contaba con otras opciones dentro de la Justicia Contenciosa Administrativa para atender su finalidad, como una solicitud directa a la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEMP) u otras acciones en esta jurisdicción.
“Estas situaciones no fueron acreditadas en el caso bajo estudio, lo que implica establecer que en la presente no se probó siquiera sumariamente ninguna conducta concreta, activa u omisiva por parte de las partes accionadas que haya podido concluir en la afectación de los derechos fundamentales”, agregaba el documento.
Los empleados de Café del Mar
Mientras se desarrollaban los trámites judiciales sobre el desalojo definitivo, el Distrito sostuvo una reunión el 26 de septiembre, con 6 representantes de los empleados de Café del Mar.
La Alcaldía comunicó que el objetivo de la reunión era propiciar nuevas oportunidades de empleo para el grupo e identificar acciones de atención sobre la población afectada.
María Camila Salas, secretaria de Hacienda, les manifestó a los representantes que para el alcalde Dumek Turbay, es prioritario brindarles compañía con oferta institucional, en la cual se contempla una ruta para que puedan conseguir nuevamente un empleo para su sostenimiento.
El desalojo definitivo de Café del Mar
Siguieron pasando los días y Café del Mar impugnó la decisión de primera instancia por parte del Juzgado, obligando una nueva revisión a la Sala Penal del Tribunal Superior Judicial de Cartagena, para que lo definieran en segunda instancia.
Pese a eso, los magistrados revisaron todo el proceso jurídico y confirmaron la decisión del Juzgado, definiendo que no había prueba indicando que el procedimiento fue ilegal o que hubo vulneración de derechos. Lea aquí: Café del Mar: tribunal pone fin a batalla legal por este caso
“Así las cosas, se confirma la legalidad del desalojo de Café del Mar y se quedan sin herramientas jurídicas para revertir la recuperación del espacio público”, afirmó el Distrito.
El alcalde Dumek Turbay también le dijo a El Universal que esta medida inaugura una etapa de revalorización histórica como un escenario para la integración, la cultura y el disfrute de locales y visitantes. Hoy en día, este emblemático lugar tiene como nombre el “Baluarte de la Gente”.
“Es gratificante ver cómo ya hay personas disfrutando del atardecer. Con el Ministerio de las Culturas, buscamos que ese espacio esté a disposición de las prácticas de la Escuela Taller”, explicó el mandatario.
Por otro lado, Tannis Puello, gerente de Espacio Público y Movilidad, resaltó la importancia de esta intervención. “Nuestro objetivo es garantizar que todos puedan disfrutar de los diferentes espacios culturales y públicos de Cartagena, promoviendo así un entorno más accesible”, dijo.
Para nadie es un secreto que Café del Mar también jugó un papel crucial para el posicionamiento de Cartagena en el sector turístico. Sin embargo, las críticas sobre su permanencia en el Baluarte Santo Domingo por la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y la defensa del patrimonio cultural, fueron claves para su desalojo.