En el 2017 Cartagena era testigo de cómo un proyecto de vivienda empezaba a ser cuestionado. El denominado edificio Aquarela estaba ubicado en la manzana 186 del barrio Torices y, desde ese entonces, las autoridades iniciaron los procesos jurídicos para su desmonte, por su afectación al patrimonio cultural y cercanía al Castillo San Felipe de Barajas.
La demolición del proyecto de vivienda se dio obedeciendo la orden de la Inspección de Policía No. 2, que mediante la Resolución No. 001 del 9 de octubre de 2018, confirmada por la Secretaría del Interior, pidió restituir 619.59 m² de espacio público que el edificio ocupaba de forma irregular.
Esta orden fue reiterada, en primera instancia, por el Juzgado Décimo Segundo Administrativo Oral de Cartagena, al declarar que se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público, así como al patrimonio cultural de la Nación.
El inicio de la demolición de Aquarela
Luego de que los primeros meses del 2024 estuvieran marcados por acciones administrativas, judiciales y policivas, el 22 de marzo, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dio inicio de manera oficial a la demolición del polémico edificio. Le invitamos a leer: Video: Arrancó demolición del edificio Aquarela
El desmonte fue realizado por la empresa Atila, subcontratada por Edurbe para este procedimiento, iniciando la intervención desde el piso 25. La demolición demoró alrededor de siete meses y tuvo un costo de más de $11 mil millones.
Edurbe definió este proceso como “técnicamente eficiente”, combinando metodologías como desmontaje, corte y apoyo de maquinaria amarilla para llevar a cabo el desmonte y recuperar el espacio.
La intervención se hizo con base en cuatro fases:
1. Demolición con apoyo de equipo neumático (desde el piso 25 al piso 20)
2. Desmonte modular de placas y muros con izaje de cargas (desde el piso 20 hasta el piso 10);
3. Demolición de largo alcance con equipo de brazo largo (desde el piso 10 hasta el piso 1)
4. Demolición estándar o repique, que fue el remate de cualquier pieza sobrante, losa o vestigio del edificio.
El fin del edificio Aquarela
Luego de varios pronunciamientos de que la demolición iba a finalizar en octubre, finalmente los trabajos concluyeron el 2 de noviembre. Ese día no solo estuvo el Distrito, sino también el Ministerio de Las Culturas y la Unesco, teniendo en cuenta que también se cumplían 40 años de la declaratoria de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad de Cartagena.
“Con esta torre en el piso, Cartagena y sus derechos ganan. Ahora lucharemos para que también ganen los compradores afectados de este nefasto proyecto”, expresó Turbay ese día. Lea también: Termina la demolición de Aquarela tras 7 años de polémicas en Cartagena
Por su parte, el ministro Juan David Correa resaltó la importancia de la demolición, mencionando que fue fundamental el trabajo en equipo entre la Alcaldía de Cartagena y el Gobierno Nacional.
“El patrimonio es mucho más que unas edificaciones. La ciudad por la que, de alguna manera, ingresaron las ideas que nos convirtieron en República, merecía todo el apoyo del Ministerio y este gran reconocimiento. Por eso firmamos la resolución que lo hizo realidad. Este es un modelo que nos permite creer que los plazos se cumplen, que devuelve la confianza. Es un triunfo para la ciudad y celebro que así haya sucedido”, manifestó ese día el ministro.
Lo que dice la constructora sobre la demolición de Aquarela
Luego de la finalización del desmonte, la constructora del proyecto habitacional contó que continuarían con los procesos legales que tienen en curso.
“La constructora y los socios del consorcio constructor seguirán atendiendo todos y cada uno de los requerimientos en el marco de estos procesos, tanto los instaurados contra el consorcio y viceversa. De un lado, tenemos una demanda contra el Estado colombiano, que incluye al Distrito de Cartagena y el Ministerio de las Culturas, ya que ambas entidades dieron el visto bueno y aprobaron las licencias”, afirmaron. Lea aquí: Los procesos judiciales que siguen tras la demolición del edificio Aquarela
Cabe señalar que el consorcio le contó a El Universal que interpusieron una denuncia contra dos funcionarias de Planeación Distrital quienes, dice la empresa, presentaron pruebas falsas. “Esto llevó a la Inspección de Policía a concluir, de manera equivocada, que había una invasión de espacio público. Estas dos funcionarias ya fueron imputadas por la Fiscalía General de la Nación, proceso el cual sigue abierto”, dijo el consorcio constructor.
Y agregaron. “También se dijo en su momento que era un proyecto ilegal, lo cual es falso, ya que el proyecto tiene todas las licencias aprobadas bajo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2001, que sigue vigente, y la circular de Planeación Distrital de diciembre de 2013, que liberó algunas zonas de Cartagena para Vivienda de Interés Social (VIS) sin límite de altura. Esa circular fue emitida dos años antes de la licencia de Aquarela”.
El proceso para la venta de los lotes donde estaba Aquarela
Tras varios procesos jurídicos en contra de los constructores, en busca de recuperar lo invertido en el desmonte y resarcir a las familias afectadas, los restos de Aquarela, como los hierros y los seis lotes en donde se construiría el proyecto quedaron en manos de Ángel Rodríguez Sánchez, quien es el agente interventor de la sociedad, tras un proceso de toma de posesión.
Rodríguez le contó a El Universal que de los cuatro lotes que están a nombre de la fiducia, el 10% hace parte de la constructora. Le puede interesar: Aquarela: así va el proceso para la venta de los lotes
“En ese orden de ideas, vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que se encuentran a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar; pero con los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo, que en este caso es Aquarela, y en ese orden de ideas que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, dijo.
Además, el agente interventor manifestó que se encuentran en el proceso de avalúos, para poder iniciar la enajenación de los lotes que están a nombre de la constructora. Señaló que, una vez que se haya solicitado el patrimonio autónomo a la Alianza Fiduciaria, se procederá con la liquidación de la constructora.
En ese momento, cada uno de los involucrados, incluidos los socios y la promotora, tomará su parte, conforme a su participación. A través de este proceso y la venta de los lotes, se espera obtener el flujo de efectivo necesario para iniciar la reparación de las víctimas.