A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación requirió a diversas autoridades nacionales, regionales y distritales para que cumplan con los compromisos que adquirieron en el marco de la sentencia del Consejo de Estado que en 2011 ordenó la implementación de un modelo de desarrollo sostenible para el Archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.
Las entidades involucradas son la Alcaldía de Cartagena, Parques Nacionales Naturales, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la Policía Metropolitana de Cartagena y la Capitanía de Puerto.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, pidió a estas instituciones enviar con urgencia un informe sobre sus avances teniendo en cuenta varios compromisos acordados en el último Comité de Vigilancia para el cumplimiento de la sentencia, realizado el pasado 27 de septiembre. Lea aquí: Archipiélago del Rosario y San Bernardo: los avances y lo que está pendiente
Entre las acciones requeridas estaban la posibilidad de incrementar el personal policial en Isla Grande, actualizar y liderar el plan de seguridad de las islas y coordinar con el Consejo Comunitario de Orika espacios para presentar iniciativas relacionadas a la administración de los predios del sector.
El ente de control afirmó que la omisión de estas obligaciones obstaculiza la elaboración del informe que debe presentarse al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que profirió el fallo de segunda instancia sobre el caso.
Lo que dice el fallo de las Islas del Rosario y el Archipiélago de San Bernardo
Una de las principales órdenes de la sentencia del Consejo de Estado para la protección del Archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo era la elaboración de un modelo de desarrollo sostenible y de un plan de manejo del área marina protegida.
Ambos instrumentos fueron adoptados formalmente con la Resolución 0551 del 2022 emitida por el Ministerio de Ambiente, sin embargo, aún está pendiente la materialización de varias acciones que se contemplan.
Estas incluyen medidas para controlar la contaminación, la sedimentación, la sobreexplotación de los recursos marinos y la utilización de métodos de aprovechamiento que dañan la estructura de los ecosistemas.