Combatir los fraudes en los servicios públicos es necesario, sobre todo si se busca garantizar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Las pérdidas económicas generadas por conexiones ilegales y manipulación de medidores afectan directamente las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y expandir la cobertura, especialmente en sectores vulnerables. Además, los fraudes incrementan los costos para los usuarios legales, creando un impacto negativo en la equidad social.
Al manipular medidores o realizar conexiones ilegales, se generan pérdidas millonarias que limitan la capacidad de las empresas para realizar mantenimientos, modernizar la infraestructura y ampliar el acceso a zonas vulnerables. Es este el caso que hoy preocupa a tres empresas públicas del departamento de Bolívar. Lea también: Estos son los cortes de luz en Cartagena para el lunes 2 de diciembre
En la mañana del pasado viernes 29 de noviembre se realizó un encuentro entre las empresas de servicios públicos Afinia, Aguas de Cartagena y Surtigas, con el propósito de establecer una alianza estratégica para combatir el hurto y la defraudación de fluidos, un delito que impacta la confiabilidad y sostenibilidad de los servicios públicos y en consecuencia a los usuarios que cumplen con la legalidad.
Como primer paso hacia una mayor cooperación interinstitucional, se llevó a cabo la socialización del objetivo con la Dirección de la Fiscalía General de la Nación, con sede en Cartagena, para emprender acciones contundentes que detengan este delito, marcando un hito por la cultura de la legalidad en el suministro de servicios públicos esenciales. Lea también: Alcaldía de Cartagena lanza aplicación para evitar cobros excesivos
“Otro aliado estratégico en este propósito ha sido la Policía Nacional, que brinda respaldo en estas acciones, ofreciendo seguridad y acompañamiento en los planes operativos, para fortalecer así la efectividad de las iniciativas conjuntas. La defraudación de fluidos compromete la seguridad de las conexiones y la integridad de las personas que manipulan instalaciones ilegales, exponiéndose a graves peligros”, explicó Afinia a El Universal.
Según las cifras entregadas por al empresa, en el caso de la energía eléctrica, se estima que las pérdidas por fraudes alcanzan los 159 mil millones de pesos al mes, recursos que podrían destinarse a la mejora y expansión de los servicios públicos en la región.
Jhon Jairo Granada, gerente general de Afinia, destacó: “Creemos en la posibilidad de desarrollar soluciones integrales basadas en la cooperación empresarial, para garantizar el bienestar de los usuarios y contribuir al desarrollo de la región”.