El pasado 2 de noviembre, Cartagena fue testigo de la demolición del polémico edificio Aquarela, el cual fue levantado en 2017 con el objetivo de ser un proyecto de vivienda de interés social ubicado en el barrio Torices.
Sin embargo, su altura y cercanía al Castillo San Felipe de Barajas comprometieron su terminación, pues la torre de 25 pisos en esta zona de la ciudad ponía en riesgo el estatus de Cartagena como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, título que le fue otorgado por la Unesco hace 40 años.
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Pero si bien la obra ya no existe y no afecta a la visual del Centro Histórico, aún siguen en curso varios procesos judiciales en torno al proyecto, algunos impulsados por el mismo Distrito de Cartagena, otros por el consorcio constructor e incluso por parte del Gobierno Nacional.
El Universal le cuenta cuáles son algunos de ellos.
1. Acción popular del Ministerio de las Culturas
Esta acción fue presentada en 2017 por el Ministerio de las Culturas en contra de la Alcaldía de Cartagena, la Secretaría de Planeación, la Promotora Calle 47 (constructora de la obra) y la Curaduría Urbana No. 1, que emitió las licencias de construcción del proyecto.
Este proceso ya tiene un fallo de primera instancia que data del 2023, en el cual se ordenó la demolición del edificio, aduciendo la vulneración del espacio público por parte de la obra y la amenaza al patrimonio cultural de la Nación.
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En la sentencia también se reprochó que la Curaduría Urbana No. 1 entregara las licencias desconociendo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y que el Distrito no actuara de forma oportuna implementando el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).
Tanto el Distrito como el consorcio constructor presentaron recursos por este fallo. Se está a la espera de la decisión de segunda instancia.
2. Acciones de la constructora contra el proceso policivo
En 2018, la Inspección de Policía No. 2 emitió una medida correctiva en la cual determinó que el edificio ocupaba 619 m² de espacio público de forma indebida que debían ser restituidos. Antes de que saliera el fallo de primera instancia de la acción popular del Ministerio de las Culturas, este fue el principal soporte para justificar la demolición de la torre.
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Frente a esto, el consorcio constructor tomó varias acciones. Una de ellas fue una demanda, en la cual se está a la espera de que el juez de conocimiento se pronuncie sobre la concesión de un recurso de apelación.
Otra fue una denuncia penal contra dos funcionarias de la Secretaría de Planeación que rindieron el informe técnico para imponer la medida correctiva. La constructora las denunció por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público al considerar que indujeron en error a la Inspección de Policía No. 2 presentando pruebas falsas.
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Este 2024 las dos involucradas fueron acusadas por la Fiscalía y en estos momentos el proceso se encuentra en etapa de celebración de audiencia preparatoria.
En el marco de esta medida correctiva, el consorcio constructor también solicitó una modificación a su licencia de construcción para perfilar el edificio y seguir adelante con el proyecto, sin embargo le fue negada. Por esto, en ese entonces también instauró una demanda que este año fue notificada a la Curaduría Urbana No. 1.
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3. Demanda de la Procuraduría contra licencias de construcción
En 2017, la Procuraduría General de la Nación presentó una demanda por la presunta ilegalidad de las licencias de construcción otorgadas por la Curaduría Urbana No. 1 al proyecto. En este proceso está pendiente la celebración de la audiencia de pruebas.
4. Demanda de reparación directa por parte de la constructora
Esta demanda fue presentada por los desarrolladores del proyecto alegando perjuicios morales y económicos por parte del Estado colombiano contra los inversionistas y compradores de vivienda por todo lo ocurrido.
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El consorcio constructor sustenta la acción en que Aquarela era un proyecto debidamente licenciado y que aún así el Distrito suspendió la obra, desconociendo que en 2013 la misma Secretaría de Planeación emitió una circular que liberaba varias zonas de Cartagena para viviendas de interés social sin límite de altura.
En este proceso está pendiente resolver la vinculación de la Inspección de Policía No. 2 y de la Curaduría Urbana No. 1.
5. Acción popular de la Alcaldía de Cartagena contra la constructora
Este año, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, presentó una demanda contra los constructores del edificio Aquarela con el fin de resarcir los daños a los compradores. Con esta acción, el mandatario busca que las empresas sean condenadas y que los dineros invertidos en el proyecto sean retornados a quienes adquirieron sus viviendas.
Esta acción fue admitida el pasado mes de octubre.
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6. Acción contra la toma de posesión del Distrito
En abril de 2024, el Distrito de Cartagena tomó posesión de la Promotora Calle 47 y designó a un agente especial para su administración y posterior liquidación. Por esto, los socios del proyecto iniciaron un trámite con el fin de obtener la nulidad de esta acción al considerar que la Alcaldía no tuvo fundamentos contables ni financieros para embargar la sociedad.
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Este proceso se encuentra surtiendo el trámite de conciliación como requisito previo para instaurar la demanda.
7. Acción contra la Superintendencia de Industria y Comercio
En agosto de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratificó una millonaria sanción contra la constructora al considerar que el proyecto vulneró los derechos de los consumidores, específicamente, por no cumplir con la norma de sismorresistencia y poner en riesgo a quienes adquirieron vivienda.
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Frente a esto, uno de los socios del proyecto inició el trámite para obtener la nulidad de la decisión con base en estudios técnicos, que, al parecer, contradicen lo establecido por la SIC.
Este proceso también se encuentra surtiendo el trámite de conciliación como requisito previo para instaurar la demanda.
Distrito venderá lotes donde estaba Aquarela
Tras la demolición de la torre y la liquidación de la Promotora Calle 47, desde la Alcaldía de Cartagena aseguraron que venderán los lotes donde estaba el proyecto, así como los escombros y otros activos para pagarles a las familias afectadas.
Mientras esto se da, los múltiples procesos judiciales que siguen activos continuarán su curso.