La Corte Constitucional de Colombia admitió la coadyuvancia del alcalde Dumek Turbay, en la demanda de inconstitucionalidad presentada por el senador Mauricio Gómez Amín contra el cobro de valorización en la Vía del Mar, la cual conecta a Cartagena con Barranquilla.
Este cobro, anunciado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), busca imponer una contribución de valorización sobre 143.000 predios de diez municipios en los departamentos de Bolívar y Atlántico, una medida que ha generado preocupación y resistencia entre los propietarios de estos inmuebles.
La controversia comenzó a principios de noviembre, cuando el senador Gómez Amín presentó ante la Corte una demanda contra el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, el cual establece el cobro de valorización sobre los predios situados en el área de influencia de la Vía del Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, proyecto piloto del Gobierno Nacional. Lea también: Pese a críticas, avanza proceso para cobrar valorización en la Vía del Mar
La Alcaldía de Cartagena establece que la demanda cuenta además con el respaldo de los Concejos de Cartagena y Barranquilla, así como de organizaciones ciudadanas de barrios que se verían afectados. Además, cuentan que socializaciones, censos prediales y facilidades de pago, tampoco han tranquilizado a los gremios como Camacol, expresando que golpearía las inversiones en construcción y alzaría precios de viviendas.
Turbay Paz se unió a esta demanda como coadyuvante, cuestionando la constitucionalidad de este artículo y alegando que atenta contra los derechos fundamentales de los habitantes de Cartagena, Barranquilla, Puerto Colombia, Santa Catalina, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Soledad, Galapa y Malambo.
Impacto económico del cobro de valorización
Según la demanda, el cobro de valorización alcanzaría un valor aproximado de 2.4 billones de pesos, un monto que supera incluso la inversión asignada para el desarrollo regional en el Atlántico y el recaudo de impuestos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en estos dos departamentos.
El Distrito asegura que con esta acción ante la Corte Constitucional, el alcalde cuestiona la constitucionalidad de la disposición que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización “hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto”.
La demanda, liderada por el senador Gómez Amín y apoyada por Turbay Paz, señala que esta norma afecta principios fundamentales, como el de irretroactividad, buena fe, confianza legítima y unidad de materia, amparados por los artículos 83, 158 y 363 de la Constitución Política de Colombia.
Los coadyuvantes sostienen que la medida afecta negativamente a los propietarios, solicitando la suspensión provisional de la norma.
“Esto no se trata de un tira que jala político, ni un capricho ni mucho menos convertir este escenario como una confrontación entre el Distrito y el Gobierno del presidente Gustavo Petro o el Ministerio de Transporte. Eso es erróneo. Con la demanda lo único que se busca es que haya la más completa revisión constitucional del cobro, apelando a que las leyes y normas siempre deben garantizar los derechos y el valor que tiene la ciudadanía, la cual ahora mismo está inquieta por este nuevo gravamen que afectaría sus bolsillos; adicionando más gastos que los que ya se destinan en servicios públicos, transporte y alimento”
Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena
Tanto el mandatario como el senador han hecho un llamado a los gremios, juntas de acción comunal y colectivos ciudadanos para que respalden la demanda y ejerzan presión social en torno a este proceso.
Zonas que pagarían el impuesto de valorización
Invías ha señalado que, para aplicar esta contribución, ha delimitado un área de influencia de 96.311 hectáreas que abarca diez municipios, incluidos Cartagena y Santa Catalina en Bolívar; y Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará, en el Atlántico.
Según la Alcaldía, Invías identificó un total de 248.656 predios, cuyos propietarios tendrían que cubrir el costo del impuesto de valorización en caso de que la medida se mantenga.
Tambien mencionaron que en Cartagena, la zona de influencia establecida por Invías comprende alrededor de 24.128 hectáreas. Le puede interesar: Nueva demanda contra el cobro de valorización en la Vía del Mar
“Por el sur y el occidente con el mar Caribe en el sector de Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga. Por el oriente aproximadamente 0,9 kilómetros por la diagonal 22 hasta encontrar la avenida Pedro de Heredia. Continúa su extensión por la mencionada avenida hasta el Paseo Bolívar, vía con la cual continúa la delimitación hasta encontrar la avenida Santander. La delimitación por el oriente continúa por el mar Caribe adentrándose hasta encontrar el municipio de Santa Catalina”, estableció el Distrito.
Y concluyó: “En esta zona se identificaron un total de 66.303 predios, de los cuales 51.200 son habitacionales, 10.226 son comerciales y 2.156 son agrícolas. Estas tres categorías conformar el 95% del total”.