Esta semana fue presentada una nueva demanda en contra del cobro de valorización en la Vía del Mar, el cual será aplicado por el Ministerio de Transporte, a través del Invías, en 10 municipios: dos en Bolívar (Cartagena y Santa Catalina) y ocho en Atlántico (Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará).
La acción judicial fue presentada por el abogado y exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, quien asegura que el cobro impone una “carga económica desproporcionada” sobre los propietarios de los predios ubicados en la zona de influencia establecida por el Gobierno Nacional.
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“Se trata de un esquema que obliga a los habitantes de la región Caribe a asumir costos que no se traducen en un beneficio proporcional, afectando su bienestar y estabilidad económica”, dijo Ruiz.
Esta demanda se suma a muchas otras que se han presentado con el fin de frenar el cobro. La Alcaldía de Cartagena, la Alcaldía de Barranquilla, el Consejo Gremial de Bolívar, el Consejo Intergremial del Atlántico y algunos congresistas acudieron a los estrados judiciales por este motivo.
De hecho, la acción presentada por el senador barranquillero Mauricio Gómez Amín, fue admitida en las últimas semanas por la Corte Constitucional y coadyuvada por los representantes del Caribe en el Congreso de la República.
Pese a todas estas acciones, el Ministerio de Transporte sigue avanzando en su proceso para poder implementar la medida en el 2025, conforme a lo previsto. Para esto adelantan un censo que estará habilitado hasta el próximo 30 de noviembre con el fin de que los propietarios actualicen las características de sus predios, teniendo en cuenta que esto será clave para definir el valor a pagar.
Gremios insisten en dar la batalla jurídica
El Consejo Gremial de Bolívar y el Consejo Intergremial del Atlántico presentaron una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado con el fin de que se deroguen las resoluciones que dieron lugar a la valorización en la Vía del Mar, por lo que están a la espera de que la acción prospere.
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“Reiteramos que el Invías, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte, debe derogar de inmediato las resoluciones de la valorización y esperar a que el Consejo de Estado resuelva de fondo la legalidad del cobro. Aquí se ha adelantado un proceso sin tener estudios técnicos apropiados, la entidad que expide las resoluciones no es competente para ello y no se ha delimitado de manera adecuada el área de influencia y el beneficio real que tendrían los predios”, aseguró Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar.
En esto coincide con Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo del Consejo Intergremial del Atlántico, quien afirmó que este cobro de valorización representa una amenaza para los propietarios.
“Mantenemos nuestra posición de continuar dando la batalla jurídica contra el cobro de la valorización sobre la Vía del Mar por los vicios de nulidad que tienen las resoluciones del Invías que lo establecieron”, puntualizó.
Ministerio de Transporte dice que el cobro es legal
Pese a la ola de críticas y acciones judiciales, el Ministerio de Transporte ha insistido en que el cobro de valorización en la Vía del Mar es legal y que contrario a lo que afirman sus detractores, beneficiará a la región Caribe.
“El cobro, que fue creado en 1921, se ha aplicado en 44 proyectos de orden nacional. En el año 2003 quedó suspendido por un fallo de la Corte Constitucional y en el 2016 logra nuevamente ser introducido en nuestro marco normativo, en la ley de reforma tributaria. Es precisamente esta ley, más los decretos reglamentarios que se han venido expidiendo, lo que hoy nos permite estar ad portas de iniciar nuevamente el cobro de valorización en un proyecto que había sido seleccionado ya desde la administración pasada, producto de unos estudios que se hicieron en su momento”, dijo la ministra de Transporte, María Constanza García.
La alta funcionaria insistió en que los recursos recaudados servirán para financiar nuevos proyectos de infraestructura vial en los municipios en los que se realizará el cobro y que además no todos los predios tendrán que pagar.
De esta manera, informó que aunque se determinó una base 248.656 predios, estarán exentos aquellos en pobreza extrema o moderada (categorías del Sisbén A1-A15 y B1-B7); predios habitacionales de estratos 1, 2 y 3; y las unidades agrícolas familiares.
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En este sentido, según la ministra, serán aproximadamente 147 mil predios los que aplicarán para el cobro de la valorización en la Vía del Mar.