El Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena condenó en primera instancia al Distrito a pagar una suma de $201 millones al propietario de una ruta de buses, por los ingresos que dejó de percibir entre 2017 y 2022 debido a la falta de control al mototaxismo.
La decisión fue tomada el pasado 29 de octubre, como respuesta a una demanda de reparación directa presentada por el propietario, en la cual alegaba la disminución que había tenido en el volumen de pasajeros como consecuencia del transporte informal.
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Para esto, se requirieron pruebas por parte del Distrito para que demostrara sus acciones relacionadas a combatir el mototaxismo, sin embargo, el Juzgado afirmó que “no se acreditaron controles efectivos a la actividad ilegal”.
“Este Juzgado estima que si bien es cierto que existe una obligación legal en cabeza del Distrito de Cartagena en relación con el control del transporte informal, las pruebas aportadas no permiten inferir el cumplimiento del ente territorial, dado que no abordan el problema de la prestación del servicio de transporte informal en sí, sino únicamente sus implicaciones en la organización del tránsito de la ciudad”, indicaron.
Por otro lado, tras considerar el trabajo realizado por un perito, se determinó que en efecto los ingresos del propietario de la ruta de buses se redujeron.
“El impacto del mototaxismo en el transporte colectivo de pasajeros sí tiene una incidencia real y efectiva, que fue ya señalada y tasada desde el año 2015 en aproximadamente el 14,87% en los ingresos de una persona dedicada a la actividad legal”, estableció el Juzgado.
Cabe anotar que esta es la segunda condena que se da en contra del Distrito por este tema, pues en 2021 otro juzgado le ordenó pagar $416 millones por estos perjuicios.
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Habla el Distrito
Desde la Oficina Asesora Jurídica del Distrito aseguraron que presentarán un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado, el cual será sustentando dentro de los plazos legales establecidos para ello.
La Alcaldía anotó que por este mismo asunto se han presentado un total de nueve demandas, de las cuales seis han sido falladas a su favor, dos en contra y una aún está a la espera de fallo.
Además, afirmaron que en 2023 el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó dos de los fallos favorables, por lo que aseguran que esta condena puede ser revocada.
En estas decisiones, a diferencia de las que fueron en contra, se determinó que no había evidencias que demostraran que el Distrito fuera responsable de un daño a los demandantes.