No para la polémica por la decisión del Ministerio de Transporte de exigir la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar, que conecta a la ciudades de Cartagena y Barranquilla, pues en las últimas horas se conoció una nueva acción judicial en contra de la medida.
Wilson Ruiz Orejuela, abogado y exministro de Justicia, presentó una demanda ante el Consejo de Estado con el fin de que se anulen las resoluciones del Invías que establecen y regulan el cobro.
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Según el jurista, las resoluciones infringen derechos constitucionales y exceden las facultades de la administración “al imponer a los contribuyentes una carga económica desproporcionada, sin el debido análisis de su capacidad y sin consultas previas a la comunidad”.
“Se trata de un esquema que obliga a los habitantes de la región Caribe a asumir costos que no se traducen en un beneficio proporcional, afectando su bienestar y estabilidad económica”, afirmó Ruiz.
El abogado también cuestionó la “falta de estudios técnicos exhaustivos” para justificar la asignación de los costos de la valorización y aseguró que aplicar el cobro después de haberse terminado el proyecto de infraestructura produce una “carga inesperada en los contribuyentes”.
“El bienestar de la región Caribe no puede depender de decisiones unilaterales que ponen en riesgo la estabilidad económica de sus habitantes. Es imperativo garantizar una administración pública que respete los principios de equidad y proporcionalidad”, finalizó Ruiz Orejuela.
Ministerio de Transporte defiende el cobro
Esta no es la primera acción judicial presentada en contra del cobro de valorización en la Vía del Mar. El Consejo Gremial de Bolívar, el Consejo Intergremial del Atlántico, la Alcaldía de Cartagena y la Alcaldía de Barranquilla también presentaron demandas con el fin de tumbar las resoluciones.
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Aún así, el Ministerio de Transporte ha defendido la medida asegurando que es legal y que los recursos recaudados permitirán financiar nuevos proyectos de infraestructura vial en los 10 municipios en los que se hará el cobro: dos en Bolívar (Cartagena y Santa Catalina) y 8 en Atlántico (Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará).
“El cobro, que fue creado en 1921, se ha aplicado en 44 proyectos de orden nacional. En el año 2003 quedó suspendido por un fallo de la Corte Constitucional y en el 2016 logra nuevamente ser introducido en nuestro marco normativo, en la Ley de Reforma Tributaria. Es precisamente esa ley, más los decretos reglamentarios que se han venido expidiendo, lo que nos permite hoy estar ad portas de iniciar nuevamente el cobro de valorización en un proyecto que había sido seleccionado ya desde la administración pasada, producto de unos estudios que se hicieron en su momento”, dijo la ministra María Constanza García.
La alta funcionaria indicó además que aunque se identificaron 248.656 predios en la zona de influencia para el cobro, no todos tendrán que pagar, pues se establecieron algunas exenciones, tales como los hogares en pobreza extrema o moderada (categorías del Sisbén A1-A15 y B1-B7); predios habitacionales de estratos 1, 2 y 3; y las unidades agrícolas familiares.
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En este sentido, aseguró que el cobro no es inequitativo y que el monto a pagar se establecerá acorde a la capacidad de los contribuyentes.