El pasado 27 de septiembre se realizó una nueva reunión del Comité de Vigilancia para el cumplimiento de la sentencia que emitió el Consejo de Estado en 2011 para la protección del Archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, ubicado en la zona insular de Cartagena.
El comité es presidido por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, que es la encargada de verificar las acciones por parte de las entidades involucradas en el fallo, entre ellas, el Ministerio de Ambiente, el Distrito, Cardique, Parques Naturales, la Agencia Nacional de Tierras y la Dirección General Marítima (Dimar).
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Según el ente de control, luego de 13 años de haberse emitido la sentencia por parte del Alto Tribunal hay avances importantes en el cumplimiento de algunas órdenes, sin embargo, aún hay varios asuntos pendientes por resolver.
Sobre esto, Francisco Castillo, asesor de Asuntos Ambientales de la Alcaldía de Cartagena, manifestó que desde la administración distrital hay voluntad para trabajar en este tema, teniendo en cuenta que en el Plan de Desarrollo 2024-2027, quedaron consignados proyectos y recursos para la protección de los ecosistemas.
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Así mismo, afirmó que mediante el Ecobloque Marino Costero se desarrollarán acciones para salvaguardarlos.
El Universal le cuenta cómo va el cumplimiento de varias de las órdenes que dio el Consejo de Estado en su fallo.
Modelo de Desarrollo Sostenible
Una de las principales órdenes fue la elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible y un Plan de Manejo del Área Marina Protegida para el archipiélago.
Según la Procuraduría, tras varios años y la realización de consultas previas en 19 comunidades de la zona, ambos instrumentos fueron adoptados formalmente con la Resolución 0551 del 2022, emitida por el Ministerio de Ambiente.
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Sin embargo, resaltó que es importante la cooperación activa de todas las entidades para lograr que los planes sean una realidad.
“En reuniones del Comité de Vigilancia de la sentencia a realizarse en los siguientes años, la Procuraduría General de la Nación verificará la materialización y avances de la implementación del Modelo de Desarrollo Sostenible, así como el cumplimiento del Plan de Manejo del Área Marina Protegida y vigilará que la cooperación activa exigida por la sentencia se lleve a cabo efectivamente”, dice el acta de la reunión.
Las fuentes de daño
Otra orden que impuso el Consejo de Estado fue llevar a cabo las medidas necesarias para controlar de forma efectiva e inmediata la contaminación de los cuerpos de agua, la construcción o modificación de la infraestructura turística o residencial, y la tala de manglar en la zona.
Sobre esto, la Procuraduría resaltó que se han realizado estudios para poder identificar cuáles son las fuentes de daño en el archipiélago en la actualidad, con el fin de tomar acciones.
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“Se considera que con los estudios realizados a la fecha es posible que las autoridades definan las medidas urgentes y conjuntas que deben seguir implementándose para el control de la contaminación en los cuerpos de agua, la sedimentación, la sobreexplotación de los recursos marinos y la utilización de métodos de aprovechamiento que dañan la estructura de los ecosistemas”, dice el acta.
Los predios en arriendo
El Consejo de Estado también pidió hacer seguimiento a los contratos de arrendamiento de los predios del archipiélago con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, la zonificación y los acuerdos relacionados al aprovechamiento temporal de los terrenos.
En la sesión se determinó que esta orden fue cumplida por la Agencia Nacional de Tierras, teniendo en cuenta su decisión de entregar siete predios al Consejo Comunitario de Islas del Rosario. A pesar de esto, la Procuraduría indicó que continuará haciendo seguimiento.
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De hecho, la comunidad anotó que requiere de apoyo para poder desarrollar iniciativas sostenibles en los terrenos que les fueron otorgados. “Hemos venido realizando procedimientos internos para que esta responsabilidad entregada a nuestro Consejo Comunitario pueda ser un proceso de éxito para el país, pero es claro para nosotros que sin el acompañamiento de las entidades competentes es complejo”, dijeron.
Tras esto, desde el Distrito y Cardique se comprometieron a liderar la gestión de apoyo para que el Consejo Comunitario pueda desarrollar proyectos en estos predios.
Más acciones de control
Por último, la Procuraduría afirmó que ha habido poca efectividad en los procesos sancionatorios ambientales de la zona, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado ordenó tomar medidas ante infracciones que afecten al medio ambiente, tales como la contaminación o las construcciones indebidas.
Frente a esto, se pidió a Cardique y a Parques Naturales revisar de forma conjunta la ley que establece las sanciones. De igual forma, se solicitó a la Dimar verificar las normas sobre restitución de playas y zonas de bajamar para que, según sea el caso, se proceda a su recuperación.
En este sentido, también se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la presencia de las autoridades en el archipiélago, por lo cual se le pidió específicamente a la Secretaría del Interior actualizar el plan de seguridad de las Islas del Rosario y dar continuidad a las acciones del Ecobloque Marino Costero.
Cada una de las autoridades con injerencia en el fallo asumieron sus compromisos y se les fijó una fecha para que rindan un informe de las acciones que llevarán a cabo.