A mediados de agosto del 2011, una falla geológica acabó con los sueños de cientos de familias del barrio San Francisco, sector Las Lomas, que con sus propios ojos vieron cómo el patrimonio que habían construido durante décadas se vino abajo. Trece años después, varios de los damnificados siguen luchando para que reciban el pago de indemnización.
En el 2021, muchos de los afectados realizaron un plantón en la plaza de La Aduana para exigir una respuesta de la Alcaldía pues, en aquella vez, manifestaron haber sufrido daños materiales y morales debido a la destrucción de sus casas. Hoy en día las denuncias no cesan y varios de los damnificados, comentan que no reciben el apoyo prometido.
“El tema es que, al salir la resolución, anunciaron que las familias en San Francisco recibirían indemnización por daño moral y material. Pero las de Sinaí solo recibirían indemnización por daño moral, ya que ese sector no posee matrícula inmobiliaria”, señaló Deyvis Gonzales Rodríguez, uno de los afectados. Lea también: La comunidad en Cartagena que vive sobre una falla geológica
Deyvis contó que ese fallo fue aceptado en un principio por la comunidad, sin embargo, luego comentó que se dieron cuenta que había gente de Sinaí que recibían indemnización por daño material. “Al leer el documento y ver los nombres y documentos de identidad, hemos podido contemplar que hay mucha gente de Sinaí a la que se le está pagando daño material, y en general, entre Sinaí y San Francisco, a muchas personas a las que se les resolvió el tema de vivienda”, indicó Gonzales.
Y agregó: “Lo peor es que muchas familias a las que no se les ha resuelto el tema de vivienda se les dejó por fuera y no aparecen en la base de datos. Además, nadie se explica cómo es que salen personas de Sinaí y otras de San Francisco que recibieron vivienda para indemnización por daño material, si según eso no iba y ni podía suceder. Esto lleva a la comunidad a exigir el derecho a la igualdad y deja algunas preguntas sin resolver”.
El origen
El afectado le contó a El Universal sobre como se enteró de la situación. Gonzales dijo que varias personas de la comunidad fueron voceros para llevar los documentos de los damnificados a la Oagrd y ser incluidos en la base de datos, “eran los que esperaban en la puerta de la entidad para recibir los documentos”.
Después de esto, “pasaron varias semanas y un vecino de los que se había quedado en el barrio estaba cortando unos árboles para fortalecer el cercado del patio de su vivienda y, por accidente, cayó en una poza séptica que ya estaba en desuso. Cuando el señor saca los pies de la poza, se da cuenta que allí estaban la mayoría de los documentos de las familias que habían creído en el líder que vivía en esa vivienda”, declaró Deyvis.
Y agregó: “En ese momento la comunidad empezó a hacer las diligencias de manera diferente, ya que la voz de lo ocurrido se regó a los oídos de los perjudicados. Es entonces cuando los habitantes piensan en un abogado y entra en Dr. Correa en defensa de todos. De allí se interpone una demanda por daños morales y daños materiales”.
La indemnización
Daniel Vargas Díaz, director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (Oagrd), resaltó que vienen asumiendo el pago de subsidios de arriendo como medidas de alojamiento temporal desde hace años. Le puede interesar: El drama de Eucaris Púa y sus 4 hijos: quedaron sin casa por incendio
“Desde el segundo trimestre del año 2015, la Oagrd viene asumiendo el pago de subsidios de arriendo como medidas de alojamiento temporal, de aquellas familias que resultaron afectadas con ocasión a la emergencia que se registró entre el año 2010-2011 en el barrio San Francisco, esto, en lo que se les brinda solución definitiva de vivienda y como medida para mantener por fuera del área de riesgo a dichas familias”, afirmó la entidad.
También explicaron que iniciaron una revisión jurídica exhaustiva sobre las posibles irregularidades. “Hay indicios sobre presuntas irregularidades en la elección de beneficiados en administraciones anteriores, cercanas a la época de los hechos. Se investiga la posible venta de cupos a personas que no tenían que estar en el registro único de víctimas. Toda esta pesquisa se realiza cruzando nombres con las bases de datos de entidades como la Cruz Roja, donde hay personas que denuncian que nunca recibieron subsidios”, sostuvo Daniel Vargas.
El funcionario contó que la entidad avanza en la revisión de los documentos. “Avanzamos en esta revisión en aras de subsanar posibles irregularidades realizadas tiempos atrás y priorizar soluciones a los verdaderos damnificados, que con cada año que pasa sin ser atendidos, se les revictimiza”, concluyó Vargas.