El cobro excesivo en el servicio público de energía, los constantes cortes de luz y los ‘atropellos’ de las empresa Air-e y Afinia, son algunas de las razones por las que los apoderados solicitaron a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), liquide estas compañías.
El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela y el doctor Helton David Gutiérrez González, como apoderados de los contralores departamentales y municipales de la zona norte del país, interpusieron este lunes 30 de septiembre una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de acabar con los ‘arbitrarios y excesivos’ cobros, que a su juicio, se están realizando en torno al servicio público de energía.
La decisión involucra directamente a Air-e y Afinia, compañías que desde el 2020 asumieron la prestación del servicio de energía en la Costa tras la salida de la compañía Electricaribe. Puede leer también: Los recibos de luz bajarán: Afinia revela desde cuándo... pero hay quejas
Al respecto, Ruiz Orejuela explicó: “Es muy recurrente los malos manejos administrativos, los presuntos hechos de corrupción que implica una posible auto-compra de energía; nosotros consideramos que estos hechos arbitrarios generan pérdidas económicas que son asumidas por los usuarios de modo que, esta mala administración, debe ser asumida por la empresa”.
Enfatizó que lo que buscan con esta demanda es que exista un cobro justo en la prestación del servicio, además de prevenir la apropiación ilícita de fondos recaudados por concepto de alumbrado público.
En este sentido, subrayó: “Aquí por supuesto se desconocen las condiciones de vida, salarios, e incluso hasta el estrato de las familias en la fórmula tarifaria que calcula el consumo de los hogares. Se han presentado facturas por más de un salario mínimo en hogares donde solo se cuenta con lo que se trabaja diario”.
Señaló que con la intervención del Gobierno Nacional se podría alcanzar una reducción de hasta el 35% de los costos, en beneficio de las familias de la Costa Caribe.
No se puede seguir permitiendo que (las familias) paguen hasta más de un millón de pesos por un servicio, es inaceptable.
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia.
En conclusión, la demanda fue asignada este mismo lunes a un magistrado del Tribunal Administrativo del César, en Valledupar. Se estima que en el plazo de una o dos semanas surjan medidas cautelares en beneficio de la población de la Costa Caribe.