Con la Resolución 3856 del 26 de agosto de 2024, el Invías oficializó el cobro de valorización en el proyecto de la “Circunvalar de la Prosperidad” o Vía del Mar, que conecta a las ciudades de Cartagena y Barranquilla.
La entidad pretende recaudar alrededor de $2,3 billones en 10 municipios: dos de Bolívar (Cartagena y Santa Catalina) y ocho del Atlántico (Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará).
El objetivo, según el Ministerio de Transporte, es invertir estos recursos en nuevos proyectos de infraestructura vial que beneficien a la región; sin embargo, en ambos departamentos coinciden que el cobro es injusto, comenzando por la gran cantidad de predios que tendrán que pagar.
En el caso de Cartagena, por ejemplo, se definió una zona de influencia de 24.128 hectáreas que incluye a barrios que no están sobre la Vía del Mar.
“Por el sur y el occidente con el mar Caribe en el sector de Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga. Por el oriente, aproximadamente 0,9 kilómetros por la diagonal 22 hasta encontrar la avenida Pedro de Heredia. Continúa su extensión por la mencionada avenida hasta el Paseo Bolívar, vía con la cual continúa la delimitación hasta encontrar la avenida Santander. La delimitación por el oriente continúa por el mar Caribe adentrándose hasta encontrar el municipio de Santa Catalina”, dice la resolución del Invías.
En este perímetro hay 66.303 predios, de los cuales 51.200 son habitacionales, 10.226 son comerciales y 2.156 son agrícolas, los cuales conforman el 95% del total.
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Según informó el Invías, de estos predios estarán exentos de cobro aquellos que estén en pobreza extrema o moderada según la clasificación del Sisbén (A1-A15 y B1-B7); los que no cuenten con recursos y se identifiquen sin capacidad de pago; los que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3; y las unidades agrícolas familiares.
Aún así, hay descontento por parte de aquellos que tienen pagar, pues aseguran que la contribución les traerá implicaciones económicas y sociales.
Hablan las comunidades
Andrés Rico, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Bocagrande, manifestó que hay una gran preocupación en el barrio por este cobro, que según el Ministerio de Transporte, se iniciaría el próximo año.
“El impacto de esta contribución será significativo para muchos propietarios y poseedores de inmuebles de nuestro barrio y aquellos ubicados en la zona de influencia definida en la Resolución 3856 de 2024. Además, este cobro disminuiría la capacidad de pago para futuras contribuciones de valorización que pretende la administración distrital por obras a ejecutar en la ciudad”, dijo.
Según el dirigente comunal, el cobro afecta el principio de descentralización y además restringe las posibilidades de desarrollo en Cartagena.
“En varias ocasiones, desde el Ministerio de Transporte se ha manifestado que este dinero debe invertirse en otras zonas del país, generando falta de claridad sobre cómo se destinarán los recursos recaudados, causando inquietudes profundas en las comunidades afectadas. Aunque se han mencionado acuerdos locales para dirigir estos recursos a Atlántico y Bolívar, no existe garantía jurídica que asegure su ejecución en beneficio directo de quienes contribuirían”, agregó Rico.
Esta posición es compartida en otras zonas de la ciudad. En Manga, por ejemplo, aseguran que la contribución tendrá un fuerte impacto económico. “Nos vemos muy afectados. Estamos peleando por el incremento del impuesto predial que nos ha subido hasta un 200% y ahora nos quieren meter una valorización en una vía que no utilizamos”, manifestó Federico de la Rosa, presidente de la JAC.
Así mismo, en El Laguito, insisten en que este barrio no debe estar en la zona de influencia que determinó el Invías. “El Gobierno Nacional nos está imponiendo este cobro porque no lo ha concertado”, afirmó la líder comunal, Kelly Pérez.
El presidente de la JAC de Castillogrande, Jesús Puello Chamié, también dijo que el área establecida es injusta. “Generalmente cuando se establecen estos cobros de valorización se delimita una zona de influencia alrededor del eje de la vía de 5 kilómetros y nos preocupa que estos recursos ni siquiera se van a invertir en la misma vía. Nos quieren imponer esto de forma indiscriminada”, puntualizó.
Las demandas
Por todos estos reparos al cobro de la valorización, las JAC planean coadyuvar la demanda presentada por el Consejo Gremial de Bolívar y el Consejo Intergremial del Atlántico contra el Invías.
“Es inequitativo con los departamentos de Atlántico y Bolívar que el Gobierno pretenda imponer una contribución nacional sobre la Vía del Mar Cartagena-Barranquilla, de 110 kilómetros, de los cuales aproximadamente el 60% está en calzada sencilla”, dijeron.
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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el de Barranquilla, Alejandro Char, también presentaron sus acciones judiciales, aduciendo que el cobro es irregular.
“No estamos de acuerdo con la medida, entre otras cosas, porque cuando el Invías expidió la primera resolución lo hizo sin los estudios técnicos apropiados para el riegue de esa valorización y frente a eso no nos podemos quedar callados. Si ya identificamos que hay una falencia en la resolución y en los documentos que la soportan, tenemos que acudir al amparo legal”, expresó el alcalde Turbay tras dar a conocer la demanda.
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Sobre la valorización
Según el Invías, la valorización no es un impuesto, sino “una contribución especial que realizan los propietarios de los predios que se benefician por la ejecución de obras de infraestructura”.
“Los impuestos recaen sobre las personas y se pagan de forma periódica, mientras que la valorización es un aporte único y recae sobre el predio”, aclararon.
Según la Resolución 3856 del 26 de agosto de 2024, el cobro se realizará con base en el avalúo comercial de los predios y su cercanía a la Vía del Mar.
Los valores a pagar se determinarán una vez esté listo el censo con la liquidación de la tarifa, el cual está previsto para publicarse en el mes de octubre.
En noviembre comenzarían las notificaciones a los propietarios y después se daría un tiempo para que los ciudadanos hagan sus reclamos ante el Invías, en caso de que consideren que hay errores en el cobro.