El pasado mes de febrero se formalizó el requerimiento de licencia ambiental al megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, que contempla obras en los municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.
El requisito fue criticado por diferentes sectores, que insistieron en que el proyecto ya contaba con un plan hidrosedimentológico desde el 2017 y que este trámite solo retrasaría el inicio de las obras. Sin embargo, en mayo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó que era necesario.
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“El plan hidrosedimentológico es un proyecto con fragilidades e incertidumbres que demanda una actualización para que se transforme en un instrumento competente, robustecido y equiparado a la realidad actual de las áreas a intervenir y sus ecosistemas, pero sobre todo que cumpla con el objetivo para el cual fue requerido”, explicó la ANLA en la Resolución 914 del 2024.
Según la entidad nacional, por este motivo y debido a la complejidad del megaproyecto, se hace necesaria la elaboración y presentación de un estudio de impacto ambiental, encaminado al trámite de la licencia.
El proceso
Pese a que han pasado varios meses desde que se emitió la resolución, el trámite avanza a paso lento. Fue apenas el pasado 30 de agosto cuando la ANLA emitió los términos de referencia para dar inicio al proceso.
“Con los términos de referencia, ahora el concesionario debe elaborar y presentar a la ANLA los estudios de impacto ambiental, para que se evalúe y se otorgue la licencia para las obras proyectadas”, explicó la autoridad.
Según conoció El Universal, este tema aún está siendo revisado por parte del concesionario y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Cabe anotar que según el Decreto 1076 de 2015 del sector de ambiente y desarrollo sostenible, la ANLA tiene hasta 90 días hábiles para resolver la solicitud.
Riesgos de atraso
Estas demoras en el trámite de la licencia ambiental ya han provocado alertas sobre posibles retrasos en el inicio de las obras, previstas para diciembre.
De hecho, la Contraloría General de la República se pronunció. “La Contraloría considera altamente improbable el cumplimiento de esta fecha e indica, además, que es muy probable que tenga retrasos significativos en su inicio y terminación y mayores costos, respecto de lo inicialmente previsto”, manifestaron.
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El ente de control indicó que ya había advertido de estos riesgos a la ANI durante la estructuración del proyecto, pero que aún así, se procedió con su adjudicación en 2022 bajo el argumento de que ya todo estaba contemplado dentro del contrato.
“El contralor Carlos Hernán Rodríguez reitera al Ministerio de Transporte y la ANI que considera este proyecto de importancia estratégica para la Nación y señala la necesidad de avanzar con el mismo y evitar una terminación anticipada de este contrato, que obligaría a la ANI a pagar al concesionario hasta $350 mil millones sin haber recibido a cambio las obras previstas”, indicó la Contraloría.
Sobre el megaproyecto
El megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” contempla una inversión superior a los $3 billones y consiste en la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar; y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del canal del Dique.
Estos trabajos prometen mitigar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, los sedimentos que ingresan a la bahía de Cartagena y mejorar la navegabilidad del canal.
De este proyecto se beneficiarán municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.