La Asociación de Arrendatarios del Cuartel de las Bóvedas recientemente expresó su desconcierto ante las recientes declaraciones y decisiones de la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), que funge como arrendataria de este espacio cultural y patrimonial. Desde la Asociación, afirman que las declaraciones de Etcar, en relación al costo del arriendo y la legitimidad de ciertos contratos, no han sido respetadas por la entidad.
El Universal habló con la Asociación de Arrendatarios del Cuartel de las Bóvedas, quienes manifestaron su descontento a la Escuela Taller Cartagena de Indias ante las declaraciones sobre el uso de Las Bóvedas.
“El Fondo de Inmuebles Nacionales le entregó la administración del Cuartel de las Bóvedas a la Sociedad de Mejoras Públicas, que era una entidad privada y sin ánimo de lucro, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transporte no contaba con el conocimiento para manejar los monumentos en la ciudad. En ese momento, hicieron unos contratos de estirpe comercial y en la tercera cláusula se menciona que el incremento del canon sería anual, reajustándose cada 12 meses, incrementándose en un 25%”, señalan la Asociación. Lea también: Controversia en Las Bóvedas: Etcar explica qué pasa con los comercios
“Desde el 2000, el IPC fue descendiendo hasta llegar a un solo dígito. Sin embargo, los arrendatarios pagaban el 25% del incremento, hasta que colapsó en 2002 y le pidieron a la Sociedad de Mejoras Públicas, que era el arrendador, que ajustara el incremento del canon. Luego, en 2003, después de muchos estudios, la Sociedad de Mejoras Públicas decidió, por solicitud de los arrendatarios, reajustar el incremento del arriendo teniendo en cuenta el IPC”, puntualizaron.
La Asociación afirma que desde Etcar aparentemente desconocieron el contrato que habían adquirido con la Sociedad de Mejoras Públicas. “En 2012, la exministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, decidió quitarle la administración de Las Bóvedas a la Sociedad de Mejoras Públicas y entregársela a la Escuela Taller. Desde 2016, empezaron a negarle a las personas los recibos de arrendamiento del canon. En ese momento, pidieron que se aclarara la situación por medio de un derecho de petición. La Escuela Taller afirmó que desconocían el incremento del IPC, el cambio del 25% que decía la cláusula tercera del contrato desde 2003. El año siguiente, presentaron demandas contra los arrendatarios porque supuestamente los comerciantes artesanos dejaron de pagar, acumulando una deuda que ascendía a más de quinientos millones de pesos, desconociendo el acuerdo que hubo entre la Sociedad de Mejoras Públicas y los comerciantes de artesanías”.
Asimismo, indican que pagan lo designado en los contratos en el 2003. “La realidad es que el costo de los arriendos fue un acuerdo de voluntades entre los artesanos y la Sociedad de Mejoras Públicas. En 2017 se abrió un proceso de responsabilidad fiscal promovido por el Ministerio de Cultura en contra de la Sociedad de Mejoras Públicas por detrimento patrimonial ante la Contraloría. En respuesta a ese hecho, mediante una resolución en segunda instancia le dieron la razón a la Sociedad de Mejoras Públicas, en la que recalcan que no existe dicho detrimento patrimonial y archivaron el proceso”. Le puede interesar: Intervención de árbol riesgoso pone a salvo a turistas que visitan Las Bóvedas
”El valor del canon es consecuencia de unos hechos jurídicos; no es un capricho, ni es arbitrario, y tampoco lo impusieron los arrendatarios. No pagamos lo que queremos, como señalan algunas personas, y tampoco hay Bóvedas que cuesten $643,000. Los arriendos están en orden de los tres millones de pesos. La realidad es que nadie se ha hecho millonario con los almacenes de artesanías”.
Asociación de Arrendatarios del Cuartel de Las Bóvedas.
“Actualmente, hay dos Bóvedas que tienen fallos y están desocupadas, y otras cuatro que están en segunda instancia, y lo más seguro es que fallen en contra. En 2021, el exministro de Cultura, Felipe Buitrago; la ex vicepresidenta Martha Lucía Ramírez; el exalcalde William Dau Chamatt; y el exdirector de la Escuela Taller, Rafael Cuesta, salieron en la prensa afirmando que ya tenían aprobados los contratos por 5 años a los arrendatarios de las Bóvedas. Pidieron los nombres de los nuevos arrendatarios a los que estaban demandados y debían designar a la persona que se le haría el contrato. En distintas ocasiones nos contactamos con Rafael Cuesta, siempre decía que ya casi estaban listos los contratos, pero en realidad nunca concretaron y los procesos siguieron marchando”, subrayan desde la Asociación.
“El alcalde Dumek Turbay dijo que no desconocería los fallos del proceso, teniendo en cuenta la resolución judicial, pero después salió diciendo que no habría más arriendos baratos a los bienes de El Estado en el Centro Histórico. La realidad es que no estamos pagando arriendos baratos, y tampoco es un capricho; es una decisión del derecho judicial, avalada en segunda instancia, de un acuerdo que se hizo en 2003″, concluyeron.
En la misma línea, El Universal se comunicó con La Escuela Taller Cartagena de Indias refiriéndose a la situación jurídica del Cuartel de Las Bóvedas.
“La Escuela Taller fue designada por el Ministerio de Cultura para la administración y conservación de los bienes de interés cultural en Cartagena. En 2012, con la firma del contrato de comodato, la ETCAR tomó en calidad de arrendataria los contratos de arrendamiento suscritos por la anterior administradora con particulares. Bajo el cumplimiento de nuestras obligaciones, en 2015 y 2016 se instauraron demandas contractuales contra los ocupantes de las Bóvedas, donde las pretensiones se basaban en declarar las intervenciones que se realizaron sin autorización, incumpliendo el contrato por parte de los arrendatarios al no pagar los reajustes del canon de arrendamiento ni la renovación de los seguros establecidos”, recalca la entidad.
“Desde Etcar, esperamos que se ordene la restitución de los inmuebles, la terminación de los contratos y que se declare la improcedencia de las prórrogas automáticas en los contratos de arrendamiento, teniendo en cuenta que el arrendador es una entidad pública. Hasta la fecha, hemos recuperado las bóvedas 5 y 13 del Cuartel de Las Bóvedas y el baluarte de El Reducto”.
La Escuela Taller Cartagena de Indias.
“Las sumas consignadas corresponden a valores que estiman de manera libre los artesanos que ocupan las Bóvedas, las cuales oscilan entre $603,200 y $2,843,219. La ETCAR no ha realizado una actualización formal a estas sumas debido a que los contratos se encuentran en medio de controversias judiciales”, afirma Etcar.
“Seguiremos los lineamientos de las autoridades judiciales en el debido proceso y garantizaremos el uso de las Bóvedas según lo estipulado en el Plan Especial de Manejo y Protección, que indica que este espacio es de uso artesanal”.
La Escuela Taller Cartagena de Indias.
La entidad señala que habrá un proceso participativo para escoger a las personas que harán uso de estos espacios. “Una vez se realicen los mantenimientos preventivos que requieran los inmuebles, adelantaremos un proceso participativo para escoger a las personas idóneas para el aprovechamiento de los espacios de Las Bóvedas”.
Ante estos hechos, El Universal habló con el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, quien expuso su posición sobre el uso de Las Bóvedas.
Turbay afirma que Las Bóvedas seguirán siendo un espacio para los artesanos. “La única certeza es que las Bóvedas seguirán siendo para artesanos; no serán quitadas para entregárselas a restaurantes lujosos o comercios similares. Sin embargo, toda concertación sobre aprovechamientos económicos en bienes de interés cultural de la Nación debe revisarse en mesas de trabajo en consenso con el Ministerio de Cultura, porque el Distrito no es el dueño de las fortificaciones, y la ETCAR actúa como arrendataria”.
Y agregó: “Las decisiones judiciales son concretas y no son caprichos, deseos personales o posturas particulares desde el interés de los arrendatarios o del Distrito. En este momento no se puede hablar de la actualización del canon de arrendamiento por las debidas controversias judiciales que deben definir los jueces, y estamos en la obligación de acatar los fallos”.
“De Las Bóvedas recuperadas y de las que hoy están en pleitos judiciales, se proyecta realizar los mantenimientos preventivos con procesos participativos y transparentes. Se escogerá a las personas idóneas y con la capacidad de aprovechar económicamente los espacios y definir de forma legal cuánto es el estipendio que deben retribuirle a la ciudad, para invertir los recursos en la conservación y restauración del patrimonio”, concluyó Turbay.