La Sociedad de Activos Especiales (SAE) puso a la venta el predio Lagos de Altamira, ubicado en Cartagena en jurisdicción del corregimiento de Arroyo de Piedra. En 2013, este inmueble fue objeto de extinción de dominio tras comprobarse que fue adquirido con dineros procedentes del narcotráfico.
Se trata de un predio de una extensión aproximada de 745 hectáreas, conformadas por ocho lotes de terrenos urbanizables no urbanizados, con acceso directo desde la Vía del Mar y hacia la franja de playa.
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Su valor comercial es de $383.001 millones, sin embargo, para la venta se aplicó un descuento del 22%, por lo que es ofrecido por $298.741 millones. El proceso es adelantado por la Central de Inversiones S.A. (CISA), colector público de los bienes del Estado colombiano.
Jaime Osorno, vicepresidente la SAE, explicó a El Universal que uno de los mecanismos de administración que tiene la entidad es la enajenación y monetización de los bienes a su cargo para financiar el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
“Este es un predio de importancia estratégica para la SAE y es uno de los de mayor valor, por lo cual decidimos desarrollar todos los procesos de alistamiento técnico, jurídico y administrativo para, en el marco de nuestra metodología, poner en venta este inmueble”, indicó.
El funcionario destacó que con la venta del predio, será posible garantizar recursos para la lucha antinarcóticos con un enfoque hacia la reparación de las víctimas y el desarrollo rural, tal como lo ha determinado el Gobierno Nacional.
“Esos son los objetivos del Frisco y por eso buscamos la monetización de este activo, en el marco del cumplimiento de la meta que nos ha dado el Consejo Nacional de Estupefacientes como ente rector de la política antidrogas y de la SAE. Con la venta de este inmueble, vamos a contribuir a esa meta de recaudo”, puntualizó.
¿De quién era el predio?
Según las autoridades, el predio Lagos de Altamira figuraba a nombre de Víctor Daniel González Reina, quien era testaferro del Cartel del Norte del Valle, liderado por el ya fallecido Iván Urdinola Grajales.
En 2013 se adelantó el proceso de extinción de dominio tras determinar que el predio fue adquirido con dineros procedentes del narcotráfico. En la operación participaron la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).
Según la investigación, desde 1985, González Reina actuó como testaferro del grupo criminal y adquirió varios predios en Bolívar a los que intentó dar apariencia de legalidad mediante transacciones de compra y venta entre diferentes personas y empresas que él mismo creó.
Por otro lado, Urdinola Grajales era sindicado de lavar grandes sumas de dinero procedentes del narcotráfico a través del conglomerado de empresas Grajales.