Han pasado más de dos años desde el feminicidio de Verena Hernández Ponce, quien fue asesinada el 1 de mayo de 2022 por su pareja. Los hechos ocurrieron en su vivienda, ubicada en el barrio Zaragocilla. Allí, el hombre identificado como Devany Beleño Caamaño también hirió a la hija de Verena, quien tenía 14 años.
Beleño Caamaño fue capturado y enviado a la Cárcel de Ternera, sin embargo, según contó la familia de Verena, en mayo de este año quedó en libertad por vencimiento de términos. Actualmente es procesado por los delitos de feminicidio agravado y feminicidio agravado en calidad de tentativa.
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“Esto nos preocupa porque la menor no tiene medidas de protección activadas, siendo ella también una víctima. Ella no murió por la gracia de Dios y la solidaridad de las personas que se acercaron a apoyarla”, expresó Alejandra López Ponce, hermana de Verena.
El hombre quedó en libertad porque el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, que es el que tiene el caso, no presentó el sentido del fallo en los tiempos estipulados por la ley, debido a que las audiencias se han venido aplazando.
“Los aplazamientos se dieron porque el investigado tiene derecho a cambiar de abogado cada vez que quiera y en distintas oportunidades las audiencias fueron suspendidas. En medio de esto, los derechos de las víctimas quedan rezagados. Aquí deben primar los derechos de la menor que es un sujeto de especial protección constitucional y al despacho parece que se le olvidó que ella también corre peligro al permitir que se dejaran vencer los términos”, indicó la familiar.
Frente a esto, los allegados de Verena hicieron un llamado a que se le dé prelación a este caso y se cumplan los tiempos. “Estamos a la expectativa de que el aparato judicial funcione, que se cumplan las medidas y puedan volver a capturar al investigado. Este hombre en libertad puede tener alguna reincidencia con otras mujeres o incluso con la misma víctima”, añadió López Ponce.
Habla la Mesa de Mujeres
Desde la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar alertaron que lo que está sucediendo con el caso de Verena Hernández Ponce envía un mensaje de impunidad y desconfianza en el aparato judicial.
“A las mujeres que están en situaciones de violencia les envía un mensaje de que no vale denunciar porque el sistema no responde oportunamente, favoreciendo a los agresores. Denunciar tiene costos emocionales, económicos y familiares y si no hay respuestas las mujeres optarán por el silencio o por autogestionar su protección y esto último lo hemos hecho históricamente, pues el riesgo de ser asesinadas permanece”, indicó Leidy Laura Perneth, secretaria técnica de la Mesa.
Desde la organización sostienen que una de las formas de erradicar la violencia es la aplicación de justicia, pues la impunidad también envía un mensaje a los agresores de que pueden violentar a las mujeres y quedar impunes. “Insistimos en que es urgente que se produzcan cambios. Una institucionalidad demorada y negligente puede convertirse en una institucionalidad feminicida”, manifestó.
Perneth resaltó que en estos casos son las familias las que quedan luchando contra la impunidad y exigiendo justicia, pero sobre todo madres, hermanas, tías y en general mujeres, quienes son las que deben asumir todo lo que implica este proceso.
“Son las mujeres quienes llevan los costos psicosociales de la pérdida y encima, tienen que luchar contra las instituciones que deben impartir justicia. Todo esto ocurre sin que la institucionalidad las atienda y acompañe. Entonces, además de la víctima de feminicidio, otras mujeres terminan siendo lesionadas por una institucionalidad negligente mientras luchan por la justicia. Esto no puede seguir ocurriendo”, concluyó.