En la mañana del pasado jueves 19 de septiembre, habitantes de la comunidad de Pasacaballos y de Barú estuvieron protestando por el mal estado de la vía y sobre el desalojo de varios terrenos a los habitantes de la isla.
La comunidad menciona que desde hace meses vienen protestando sobre el este tema. “Quieren despojar a los nativos de sus propiedades y pasarlas a manos de los ricos. Todo para ganar en la carrera hotelera”, expresó Mayfrond Gonzales, quien fue de los manifestantes del pasado bloqueo.
En el video se observa que mencionan a varias familias que han sido desplazadas de la isla.
“Esta es una problemática que hemos vivido en carne propia y que hemos denunciado a través de todos los medios. Inspectores corruptos que se prestan para toda esta barbarie. Aquí tenemos a una familia que ha sido atropellada por estos ricos que se creen dueños del país. Hacemos una denuncia ante la opinión pública por los atropellos que hemos vivido nosotros, los isleños”, expresó uno de los protestantes. Le puede interesar: Protesta en la vía a Barú: comunidades reclaman por tierras y obras
Durante el bloqueo, los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades competentes para que intervengan “en las malas decisiones de los inspectores”.
Cristóbal Ortega González, miembro del Consejo Comunitario de Santa Ana y abogado, le comentó a El Universal que los inspectores están perjudicando a los nativos. “Están prácticamente dándole el lado a los foráneos, a las personas que no son dueños del territorio. Nosotros tenemos una escritura que es la 129 del 12 de mayo de 1887, la escritura madre, la que compraron nuestros ancestros y, con esta, es que nosotros estamos protegiendo su tierra y que hemos venido viviendo por más de 200 años”, destacó Ortega.
Espacios de concertación
Luego de los bloqueos, el alcalde Dumek Turbay comentó que desde la administración distrital pide intermediación y justa, entre nativos y privados, por parte del Gobierno nacional.
“Consideramos que debido a la complejidad de este tema se hacen necesarios unos espacios de concertación con todo tipo de actores, pues las afectaciones que genera un tema espinoso las sufrimos somos los cartageneros en su mayoría y también está un clamor de personas que merecen ser escuchadas, pero sin que esto sea motivo para bloqueos que afecten la convivencia y la tranquilidad. Nosotros estamos a la orden de hacer parte de todo tipo de espacio de consenso”, dijo Turbay Paz.
También pidió que estas comunidades no tengas limitaciones de libertad. “Creemos que es sensato pedir que el clamor histórico de estas comunidades afros no sea politizado ni instrumentalizado para infringir la ley afectando los derechos a la movilidad, al libre tránsito y a la calidad de vida de las personas que por habitar en la zona, querer hacer turismo o trabajar en Barú, deben entrar o salir del islote”, indicó el mandatario. Lea también: En medio de desalojos, nativos de Barú se enfrentan con antidisturbios
¿Qué dijo la Unidad de Restitución de Tierras?
La URT, a través de su Dirección Territorial Bolívar, informó que han venido trabajando con los consejos comunitarios de Barú, Santa Ana y Playa Blanca desde marzo de 2024.
“Con los consejos comunitarios de la zona se adelantaron desde marzo las socializaciones del Decreto Ley 4635 de 2011. Dicha norma indica en qué casos las comunidades afrodescendientes tienen derecho a la restitución de sus derechos territoriales, y cuál es el procedimiento para llevar a cabo dicha restitución. Así mismo se inició la recolección de información para realizar un estudio preliminar en cada caso de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la norma en cita”, remarcó la URT.
La entidad también informó que durante el año han producido un estudio preliminar que está por ser notificado a la comunidad y se encuentra adelantando la escritura de otro.
“Los estudios preliminares podrán indicar o no la necesidad de realizar la caracterización de afectaciones territoriales, y a su vez, si la caracterización así lo recomendase, se podrá radicar la demanda de restitución de derechos territoriales ante los Juzgados Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras”, subrayó el organismo.
Y concluyó: “Es importante resaltar que por disposición legal, el proceso de restitución de derechos territoriales goza de reserva dado que, entre otras cosas, recolecta información sobre hechos victimizantes que pueden comprometer la seguridad de las personas y/o revictimizarlas”.