La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado a Sergio Manuel Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, tras revelaciones hechas por Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, antiguo líder del Clan del Golfo, según una publicación del medio de comunicación Infobae.
‘Otoniel’, quien actualmente colabora con el proceso de verdad y reparación ante la JEP, señaló posibles conexiones entre contratos suscritos por la Universidad de Cartagena y la Gobernación de Casanare, los cuales habrían servido para financiar a grupos paramilitares.
Según Infobae, el exjefe paramilitar entregó esta información en el marco de los casos 03 y 06 que la JEP está investigando. Estos casos buscan esclarecer las relaciones entre actores estatales y grupos armados ilegales en Colombia, en el contexto del conflicto armado que azotó al país por décadas. Lea: Nueva condena para exrector de UdeC, Sergio Hernández Gamarra
El exlíder del Clan del Golfo involucró a varias personas, instituciones y empresas en actividades de corrupción y nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En un documento confidencial emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, los magistrados Gustavo Salazar Arbeláez y Alejandro Ramelli Arteaga, miembros de la JEP, solicitaron un testimonio reservado de Hernández Gamarra.
En la publicación, Infobae indicó que este testimonio está vinculado a las declaraciones de ‘Otoniel’, quien en marzo y abril de 2022 brindó detalles sobre contratos que supuestamente desviaron fondos públicos para fortalecer el accionar de las AUC.
Uno de los contratos más relevantes mencionados por Otoniel se firmó entre la Universidad de Cartagena, representada legalmente por Hernández Gamarra, y la Gobernación de Casanare, bajo la administración del exgobernador Miguel Ángel Pérez Suárez.
Este acuerdo, establecido en 2004, estaba destinado a la construcción de un hospital, pero, según el testimonio del exparamilitar, los fondos fueron desviados para financiar actividades de las AUC.
El auto proferido por la JEP señala que “la Universidad de Cartagena fue mencionada como una institución con posibles nexos con las AUC a través de la celebración de un contrato con la Gobernación del Casanare”, lo que ha llevado a la citación del exrector.
El historial de contratos entre la Universidad de Cartagena y la Gobernación de Casanare ya había sido objeto de investigaciones por parte de otras entidades del Estado. En noviembre de 2002, bajo la gobernación de William Hernán Pérez y con Hernández Gamarra como rector, se firmó un contrato interadministrativo.
Este acuerdo comprometía a la universidad a realizar labores de supervisión técnica, administrativa y financiera en varios proyectos del plan de desarrollo de Casanare. Estos proyectos incluían la construcción de sistemas de alcantarillado en Yopal y Monterrey, acueductos en Paz de Ariporo y Maní, y una planta de tratamiento de aguas residuales en Villanueva. Lea también: Supersalud decomisa medicamentos vencidos en la Caja de Previsión de la UdeC
El valor inicial del contrato fue de $2.635 millones, pero debido a múltiples adiciones, la cifra final ascendió a más de $6.300 millones. Además, en diciembre de 2002, se firmó otro contrato que inicialmente tenía un valor de $23.000 millones, pero que posteriormente alcanzó los $121.000 millones, vinculando a la Universidad de Cartagena en la gestión de recursos para diversas obras de infraestructura.
La situación empeoró en 2003 cuando el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) alertó que la Universidad de Cartagena no contaba con la infraestructura necesaria para ejecutar los proyectos, lo que generó serios cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de los contratos. El DAS también señaló la existencia de sobrecostos significativos en varias de las obras.
En investigaciones posteriores, la Corte Suprema de Justicia determinó que la Universidad carecía de la capacidad técnica, administrativa y financiera para cumplir con las responsabilidades asumidas en estos contratos. Como resultado, el entonces rector, Sergio Manuel Hernández Gamarra, firmó un contrato de consultoría con la Sociedad de Servicios de Ingeniería Limitada (SDI) por un valor de $1.000 millones, lo que fue calificado por la Corte como una maniobra ilegal. Le puede interesar: Universidad de Cartagena: un patrimonio histórico y cultural
Según la Corte, la Universidad de Cartagena actuó como intermediaria en una operación de triangulación ilegal, violando las normativas establecidas por la Ley 80 de 1993, que regula la contratación pública en Colombia. La contratación directa realizada por la Universidad fue calificada de “abiertamente ilegal”, ya que las actividades encomendadas no estaban relacionadas con el objeto misional de la institución educativa.
Debido a estas irregularidades, Hernández Gamarra fue sancionado con una multa de $834 millones por los perjuicios causados al departamento de Casanare. Además, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena a 15 años de prisión contra el exrector por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.