Más de 70 inmuebles en el Centro Histórico han sido identificados por la Alcaldía de Cartagena como edificaciones en riesgo debido a su deterioro. La falta de mantenimiento por parte de sus dueños los ha dejado en un estado deplorable que también amenaza la integridad física de los ciudadanos.
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Y es que ya se han presentado casos en los que elementos de las estructuras han colapsado. El pasado 14 de junio, por ejemplo, se desplomó el techo de una edificación abandonada en la Calle Chichería. Después, el 1 de agosto, se desprendió el balcón de una casa en Getsemaní.
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Aunque ninguno de los dos hechos dejó personas heridas, sí prendieron las alarmas sobre la necesidad de tomar acciones para evitar una tragedia en el futuro, pues son numerosas las casas que requieren intervención.
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Emilio Molina Barbosa, director administrativo de Control Urbano, explicó a El Universal que desde el Distrito se están ejecutando diversas acciones para mitigar la problemática, de la mano del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC), la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) y la Inspección de Policía del Centro Histórico.
Es así que se han adelantado procesos sancionatorios y además se ha requerido a los dueños para que adelanten las obras de mantenimiento que les corresponden, incluso a través de acciones judiciales.
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“Entregamos informes técnicos a los propietarios para que atendieran recomendaciones específicas, de tal manera que puedan adelantar las obras sin riesgos para los ciudadanos. De estos, 19 ya han adelantado acciones relacionadas a la intervención de su inmueble. A ellos les hemos pedido un cronograma para tener un aproximado de los tiempos y así hacer seguimiento”, detalló.
Sin embargo, reconoció que esto no es suficiente a la hora de prevenir una tragedia, pues realmente es impredecible cuando una estructura en este estado puede colapsar. Por este motivo, la situación fue elevada al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
“Le hemos dicho al Gobierno que contamos unas herramientas legales, pero que no son tan contundentes para prevenir que ocurran circunstancias como las que hemos vivido en Cartagena en los últimos meses. La norma parece estar diseñada para imponer un castigo al propietario y obligarlo a que adelante las obras, pero esto nos limita a atenernos a eso”, explicó.
En este sentido, desde el Distrito le hicieron cinco propuestas al Gobierno que implican modificaciones a la norma, de tal forma que la Alcaldía pueda tener un mayor margen de acción al momento de prevenir este tipo de sucesos.
1. Modificar la declaratoria de ruina
Actualmente el Distrito tiene la posibilidad de declarar la ruina de un inmueble que tenga un agotamiento generalizado en toda su estructura. Esto tiene como consecuencia su demolición y en el caso de los Bienes de Interés Cultural, la reconstrucción por parte del propietario.
Sin embargo, Molina Barbosa señala que esto no resuelve la problemática, pues se queda a merced de que el dueño efectivamente adelante las obras. Por esto, hicieron una propuesta de modificación.
“Lo que le hemos propuesto al Gobierno Nacional es que en vez de demoler la edificación, la declaratoria de ruina implique una enajenación forzosa, que es la posibilidad de que el Distrito remate el inmueble para que otro particular lo compre”, explicó.
Video: Se desplomó techo de edificación abandonada en el Centro, piden tomar medidas
2. Intervención de fachadas
La segunda propuesta tiene que ver con que se le permita al Distrito intervenir las fachadas de los inmuebles. “Esto sería teniendo en cuenta que están en el espacio público, en aquellos casos donde observemos elementos debilitados y que pueden desprenderse”, indicó.
De esta manera, la Alcaldía podría atender la circunstancia sin necesidad de esperar la voluntad del propietario. “Después podríamos ejercer un cobro coactivo al dueño para que los dineros invertidos retornen al Distrito”, detalló el director de Control Urbano.
3. Intervenciones mínimas
En la actualidad, cualquier intervención sobre un Bien de Interés Cultural requiere de autorización previa por parte del Ministerio de las Culturas, lo cual puede demorar 60 días y en caso de obras de urgencia hasta 10 días.
“Una edificación en riesgo no conoce de plazos. Por eso pedimos que las obras que sean para mitigar no requieran autorización, pues eso lo que hace es demorar la intervención. Lo que debería ocurrir es que se acepten unas intervenciones mínimas en las que el propietario solo deba informar las obras y la autoridad realice el control y el seguimiento para que se lleven a cabo de forma pronta sin comprometer la vida de los ciudadanos”, dijo Molina Barbosa.
4. Ejecución de obras
El director de Control Urbano explicó que la norma establece que en determinadas condiciones de riesgo los alcaldes pueden tramitar licencias de construcción a modalidad de reforzamiento estructural sobre aquellos inmuebles que presenten riesgo si el propietario se niega a hacerlo, pero que no hay claridad sobre quién puede adelantar las obras.
“Le hemos dicho al Gobierno que el alcalde pueda ejecutarlas y después se le cobre al propietario, así sea que eso implique embargar el inmueble”, indicó.
5. Actualizar las faltas
Como última propuesta, el Distrito propone actualizar el acápite de faltas contra el patrimonio y añadir una que consista en “omitir el deber de reparar el inmueble”. “La idea es que la consecuencia no sea solo una multa sino el deber de reparar el inmueble en un plazo fijo”, puntualizó.
¿Qué sigue?
El objetivo de las propuestas presentadas por el Distrito es poder contar con mejores herramientas para actuar con mayor contundencia frente a esta problemática. Ahora, desde el Gobierno Nacional deberán estudiarlas para determinar si son viables o no.
“Por el momento, el mensaje que le podemos enviar a la ciudadanía es que bajo el liderazgo del alcalde, Dumek Turbay, estamos ejerciendo autoridad en el territorio, adelantando todas las acciones posibles para garantizar la preservación de la vida de cartageneros y visitantes y la protección del patrimonio histórico”, concluyó Molina Barbosa.
El funcionario aseguró que se continuarán haciendo recorridos con el fin de verificar las condiciones de los inmuebles y adelantar los procesos que sean necesarios para su restauración.