Desde hace años, una grúa torre de construcción y un andamio representa un peligro en la calle Buenos Aires, del barrio Torices, ya que hacen parte del abandono en el que se encuentra el proyecto inmobiliario Lagos del Cabrero. La obra se detuvo en 2019, según las autoridades, dejando a más de 78 compradores sin quien responda por su inversión.
Mientras avanza el desmonte gradual del controvertido edificio Aquarela, un proceso que tiene un 40% de avance, según informó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en cumplimiento de órdenes policivas y jurídicas de salvaguarda del patrimonio histórico y cultural y la restitución del espacio público, el Distrito acaba de abrir un nuevo frente de guerra contra la construcción irregular en la ciudad.
Mediante la Resolución No. 4469 del 8 de agosto de 2024, hoy la Dirección de Control Urbano tomó posesión de los bienes, negocios y haberes de propiedad de la constructora del edificio, la sociedad Grupo Inmobiliario JEG S.A.S., identificada con el NIT 900.980.804-3, en sus oficinas en Medellín.
Al mismo tiempo, el Distrito, por medio de Control Urbano, Gestión del Riesgo, Apoyo Logístico y la Umata, acompañada de la Policía Metropolitana de Cartagena, tomó posesión del lote donde está el edificio abandonado, a pocos metros de la playa de Marbella. Lea también: Aquarela: constructora responde a Dumek Turbay y a la multa de la SIC
En el ejercicio de las potestades de inspección, control y vigilancia a enajenadores de vivienda que tiene Control Urbano, el Distrito intervino el proyecto por las múltiples quejas de varios compradores, quienes denuncian desde 2021 que la obra se encuentra paralizada; los letreros y pancartas con información inmobiliaria fueron retirados, y la sala de ventas fue desmontada de la noche a la mañana.
Desde 2022, la Dirección de Control Urbano en varias ocasiones ha solicitado información contable y balances financieros a JEG S.A.S. y ante la falta de respuestas concluyeron que el grupo inmobiliario sufrió un revés financiero y abandonó el proyecto, sin responderle a los clientes afectados. Dicha situación fue confirmada por Alianza Fiduciaria y por Bancolombia, entidades que informaron que JEG está en mora con el crédito hipotecario y con el crédito para construir; y que desde el segundo semestre de 2019 se detuvo la obra.
Tras ello, en salvaguarda de los derechos de los afectados, quienes están en zozobra por los recursos invertidos, Dumek Turbay ordenó la toma de posesión, al demostrarse que el grupo inmobiliario se rehúsa a cumplir con sus obligaciones desde hace varios años. Le puede interesar: Dumek Turbay: “Aquarela iba a ser un castillo de naipes”
“La toma de posesión que se realizó en simultáneo en Medellín y en Cartagena, conforme a lo reseñado en el Decreto Nacional 2555 de 2010, se hizo para embargar y secuestrar todos los recursos y los bienes de esta empresa, y así salvaguardar los derechos la gente. Para eso es que uno gobierna, para ser aliado de la ciudadanía y de personas que proyectaron nuestra ciudad como su nuevo hogar. No es justa la situación en la que están”, indicó Dumek Turbay.
El edificio atenta el medioambiente y el POT
“Después de las quejas de compradores afectados, Control Urbano abrió una indagación preliminar el 16 de junio de 2022 por el presunto incumplimiento de obligaciones de la sociedad como constructora de Lagos del Cabrero. Posteriormente, en 2023, el Distrito evidenció en una visita técnica que el proyecto incumple con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pues se encuentra en un área de susceptibilidad de riesgo moderado y colindante a la laguna de El Cabrero; así mismo, incumplió elementos de planimetría de formulación y de uso de vivienda familiar”, indicaron desde el Distrito.
Todos estos hallazgos fueron enviados a la Superintendencia de Industria y Comercio y el 19 de octubre de 2023 se oficializó el proyecto como suspendido, al nunca registrarse respuestas o cumplimientos a las solicitudes de información, por parte de JEG.
¿Qué viene ahora?
La Alcaldía de Cartagena ordenó la guarda y colocación de sellos y demás medidas de seguridad indispensables para la conservación de los bienes, mientras se surte el proceso de liquidación. De ahora en adelante, todos los deudores, quienes tengan negocios o incluso tengan juicios pendientes con la firma deberán entenderse con Juan Carlos Fernández, agente especial liquidador designado, como gerente de la sociedad intervenida y único representante legal. Le recomiendo leer: Atención: Distrito toma posesión de oficina de la constructora de Aquarela
El agente Fernández tendrá dos meses para hacer un diagnóstico detallado del estado financiero, administrativo y jurídico de la sociedad intervenida. Además, debe presentar un plan de acción para la más adecuada administración o liquidación de todos los bienes y dineros, en aras de defender a las familias afectadas.
Contra la resolución de Control Urbano procede el recurso de reposición ante la entidad, adscrita a la Secretaría de Planeación, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la misma. Dicha interposición no suspende la ejecución del proceso.