Este miércoles 14 de agosto, se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratificó en segunda instancia la decisión de multar a la Promotora Calle 47 y a la firma Plano Constructivo S.A.S. por la construcción del polémico edificio Aquarela.
Esta estructura de 25 pisos, concebida como un proyecto de vivienda de interés social, ha estado en el ojo del huracán desde hace varios años por estar ubicada a escasos metros del Castillo San Felipe, poniendo en riesgo la declaratoria de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad que la Unesco otorgó a Cartagena hace casi 40 años.
La SIC determinó una multa de $1.508 millones para la Promotora Calle 47 y de $696 millones para Plano Constructivo por haber vulnerado los derechos de los consumidores, pues al parecer, el edificio no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en la norma de sismo resistencia.
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Frente a esto, la Promotora Calle 47 indicó que esta acción responde al interés del Distrito y del Gobierno Nacional de “deslegitimar un proyecto habitacional debidamente licenciado”, refiriéndose al Aquarela.
“Lo de la SIC, en conjunto con las demás actuaciones del Estado contra este proyecto debidamente licenciado por las autoridades, constituye la mayor arremetida del Estado colombiano contra un privado. Es de anotar que el anuncio de la SIC no obedece a un fallo judicial, como lo quiere presentar el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, sino a una arrinconada del Estado como respuesta a la demanda judicial interpuesta por constructores y compradores contra el Distrito de Cartagena y el Ministerio de Cultura, que además de licenciar la obra, omitieron la presentación oportuna del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) ante la Unesco”, dijeron.
La Promotora Calle 47 indicó que no tiene posibilidad de demandar esta decisión de la SIC debido a que tras la toma de posesión que hizo el Distrito a sus oficinas en Medellín, fue designado un agente especial interventor como nuevo representante legal de la sociedad.
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“Es de anotar que es deber del agente interventor propender por la defensa de los intereses de la Sociedad Promotora Calle 47 y de las más de 900 familias que adquirieron vivienda en el proyecto de Aquarela”, dijeron.
Por otra parte, anotaron que la firma Plano Constructivo sí interpondrá una demanda contra la decisión de la SIC ante las autoridades correspondientes.
Responden al alcalde
Tras conocerse la multa a la constructora, el alcalde Turbay se refirió a la decisión asegurando que el edificio Aquarela “iba a ser un castillo de naipes” e incluso se refirió a la Promotora Calle 47 como una “empresa de papel”.
“Promotora Calle 47 ha perdido en todos los escenarios legales. La decisión de la SIC da cuenta de algo que hallamos cuando tomamos posesión de sus oficinas en Medellín: es una empresa de papel, de cartón. La misma SIC denuncia que la empresa nunca suministró información veraz respecto de los inconvenientes que presentaron y de los anuncios de demolición, nunca brindaron información clara a sus potenciales afectados o víctimas de los graves riesgos estructurales, por lo que indujeron a sus consumidores a una compra errónea”, dijo Turbay.
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Frente a esto, la constructora se defendió. “Como es de conocimiento público, Promotora Calle 47 es un consorcio conformado por reconocidas firmas de construcción del país. Esto explica la razón por la cual cuando los agentes delegados por el Distrito de Cartagena fueron a tomarse las oficinas en Medellín, lo que encontraron es que allí funcionan las oficinas del holding y solo lograron llevarse los documentos, pues allí funcionan absolutamente todos los consorcios conformados por las firmas constructoras que han seguido funcionando y llevando a cabo sus proyectos a lo largo y ancho del país”, dijeron.
Avanza la demolición
Con el fin de proteger la declaratoria de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad de Cartagena, este 2024 el Distrito adelantó un proceso contractual por alrededor de $11.897 millones para demoler la obra.
Estos trabajos son gerenciados por la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) y ejecutados por la firma Atila, que ya tiene experiencia en actividades de este tipo.
El desmonte de la estructura se está haciendo piso a piso y según el último reporte de la Alcaldía de Cartagena avanza en un 40%.