No paran las críticas por el anuncio del Ministerio de Transporte de cobrar valorización en la vía ‘Circunvalar de la Prosperidad’, que conecta a Cartagena y Barranquilla. Gremios y diferentes personalidades se han pronunciado en contra de la medida asegurando que perjudica a quienes habitan en la zona de influencia de la obra.
Al respecto el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, anunció que radicará una acción popular con el fin de establecer medidas cautelares que protejan a quienes estarían obligados a pagar.
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“Hay muchos afectados y estos derechos colectivos son los que estamos defendiendo. Hay comercios en esa vía, restaurantes y hoteles de todos los estratos socioeconómicos que no están en condiciones de recibir este atropello del gobierno del presidente Gustavo Petro y mucho menos, con la intención de que con nuestros impuestos se vayan a cumplir obligaciones en otros territorios del país”, dijo Meisel.
El congresista se refirió a este cobro como un ‘raponazo’ a la gente del Caribe colombiano e insistió que no permitirá que comience a ejecutarse.
Más acciones judiciales
La acción presentada por Meisel se suma a otras que ya se han radicado contra esta polémica medida. El pasado 9 de julio, el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar presentaron una acción de nulidad ante el Consejo de Estado con el fin de que se deroguen las resoluciones que reglamentan el cobro de valorización en esta vía.
“Es inequitativo con los departamentos de Atlántico y Bolívar que el Gobierno pretenda imponer una contribución nacional sobre la vía Cartagena-Barranquilla de 110 kilómetros, de los cuales aproximadamente el 60% están en calzada sencilla y que incluya dentro de su cobro a hogares de Sisbén C, que son familias vulnerables en riesgo de caer en la pobreza”, dijeron los gremios.
Por otra parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también presentó una demanda asegurando que dicho cobro es injusto y además, afectaría a quienes residen en barrios como Bocagrande, Castillogrande, Canapote, Daniel Lemaitre y el corregimiento de La Boquilla.
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“No estamos de acuerdo con la medida, entre otras cosas, porque cuando el Invías expidió la resolución lo hizo sin los estudios técnicos apropiados para el riegue de esa valorización y frente a eso no nos podemos quedar callados. Si ya identificamos que hay una falencia en la resolución y en los documentos que la soportan, tenemos que acudir al amparo legal”, dijo.
Mintransporte defiende el cobro
A pesar de las críticas, la ministra de Transporte, María Costanza García, ha defendido el cobro de la valorización en la vía, asegurando que el 40% de los predios estará exento de pagar.
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“Según la metodología de capacidad de pago que se aplicó, 105 mil predios estarán exentos, es decir, los propietarios en moderada o extrema pobreza, de acuerdo con las categorías del Sisbén. También las personas de los estratos 1, 2 y 3 y las unidades agrícolas familiares”, dijo.
La funcionaria añadió que la valorización “no es un invento” de este gobierno, sino que está contemplada desde hace varios años con el propósito de ser un mecanismo de financiación para las grandes obras que necesita el país.